La cancillería uruguaya presentaría una queja formal ante el gobierno argentino por los cortes de los vecinos de Gualeguaychú al puente General San Martín, que comunica las ciudades de Puerto Unzué y Fray Bentos, dado que afectan al turismo. Los vecinos reclaman por la construcción de dos plantas de celulosa sobre la vera oriental del río Uruguay, que podrían contaminar Gualeguaychú y que generaron una controversia entre Argentina y Uruguay. “Está en manos del gobierno argentino que se pare con esto”, disparó el canciller Reinaldo Gargano. El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, planteó que “el Gobierno ha acompañado a todos los habitantes de Gualeguaychú en su demanda respecto de las papeleras y los va a seguir acompañando. Lo que habrá que ver es la conveniencia de este tipo de medidas”, dijo sobre los cortes.
El viernes pasado, un grupo de vecinos de Gualeguaychú cortó el puente e impidió el paso de turistas a Fray Bentos, lo que produjo malestar en el gobierno de Tabaré Vázquez. A partir de este punto, se intensificaron las versiones de que Uruguay pediría a la gestión de Néstor Kirchner que intervenga para impedir los cortes. Según destacaron los medios uruguayos, el contacto se iba a hacer con “absoluta discreción” para “evitar una guerra mediática”.
“El gobierno argentino tiene que ver si este tipo de actitudes no entorpecen las relaciones entre los dos países, dificultan el diálogo entre los países o generan una especie de riña, que por ahora desempeñan sólo ellos”, dijo Gargano –quien ya tuvo duros cruces con la Argentina en otras oportunidades– y recordó que “hay una mesa de diálogo establecida”. “Nosotros tenemos la actitud de bajar la pelota al piso, de no subir los decibeles”, indicó. Por su parte, el viceministro de Medio Ambiente uruguayo, Jaime Igorra, dijo que podría presentar quejas ante el Mercosur y la OEA, ya que los bloqueos son “una verdadera molestia”.
Ante las críticas, Fernández cuestionó los cortes del puente y aseguró que “siempre planteamos que no es feliz generar reclamos que finalmente compliquen la vida de los otros argentinos”. “Por legítimo que sea un reclamo, cuando tiene estas formas, muchos lo perciben como ilegítimo”, sostuvo, aunque aclaró que como forma de evitar las protestas se buscará “plantearles que no es bueno que lo hagan, tal como lo hicimos durante mucho tiempo con los grupos piqueteros”.
Los vecinos se organizaron para protestar cuando se conoció la intención de Uruguay de construir dos fábricas de celulosa, una finlandesa y otra española, en Fray Bentos. Los ambientalistas señalan que el método que utilizan las papeleras para producir la celulosa deja un residuo, que se caracteriza por su olor a huevo podrido. Al evaporarse, genera lo que se conoce como “lluvia ácida”. Por ese motivo, una de las plantas había sido cerrada en España. La instalación de las papeleras implica una inversión de 1800 millones de dólares para Uruguay y se estima que crearía cerca de ocho mil puestos de trabajo.
Una comisión binacional, integrada por técnicos de ambos países, analiza el impacto ambiental de las papeleras y debería entregar un informe en enero, aunque su resultado no es vinculante. El Banco Mundial –que debe decidir si destraba un crédito para la construcción de las fábricas– publicó un informe en el que considera que las plantas cumplen con todos los requisitos ambientales. Ante eso, el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, salió al cruce con una carta dirigida al titular del Banco Mundial, Paul Wolfowitz, en la que impugnó el informe y consideró que la Argentina podría, incluso, acudir al Tribunal Internacional de La Haya. Busti dijo que se reuniría mañana con el canciller Jorge Taiana para definir una estrategia. Entretanto, las organizaciones ambientalistas de Gualeguaychú anunciaron que habrá nuevos bloqueos del puente a fin de año.