Quienes tienen la investigación entre manos sostienen que después de esto la causa de los sobresueldos prescribirá. Es que la Cámara Federal anuló ayer los únicos dos procesamientos en pie del expediente: el de los ex funcionarios menemistas Oscar Camilión y Rodolfo Aiello, que reconocieron haber cobrado los sobres y haber participado del sistema de recolección y distribución de fondos mensuales que no constaban de recibo alguno. Si bien la Cámara dio por acreditado tal sistema, desprocesó a los funcionarios porque consideró que no cometieron peculado o hurto de fondos públicos, sino un delito menor de “malversación de caudales públicos”, castigado con una pena mucho más baja.
La causa de los sobresueldos se inició a partir de la declaración de un testigo durante las audiencias del juicio oral contra María Julia Alsogaray. Wilfen Roberto Martínez Medina, ex secretario del ministro Raúl Granillo Ocampo, escandalizó a la audiencia cuando señaló la existencia de un sistema mediante el cual se retiraban mensualmente de la Jefatura de Gabinete sobres de dinero para distintos funcionarios públicos. Con estos datos, el abogado Ricardo Monner Sans inició una causa con la presentación de la denuncia.
Luego de investigar el período comprendido entre 1989 a 1999, el fiscal Gerardo Pollicita pidió una serie de indagatorias para ex funcionarios del gobierno de Carlos Menem. Declararon en la causa el ex jefe de Gabinete Jorge Rodríguez, el ex ministro de Justicia Elías Jassan, el ex ministro de Trabajo Armando Caro Figueroa, la ex interventora en el PAMI Alejandra Bramer Marcovic. Camilión, que por entonces era ministro de Defensa, y Aiello, ex jefe de asesores del subsecretario de Coordinación de la Jefatura de Gabinete, fueron imputados y procesados por su participación en el manejo irregular de los fondos reservados que se destinaron al pago de sobresueldos en los términos de “peculado”, una figura penada con un máximo de hasta diez años de prisión.
Luego de recordar los numerosos ensayos de explicación de lo que sucedió con esos fondos desde 1991 en adelante, los conjueces de la Sala II de la Cámara dieron por acreditado el mecanismo de distribución de sobres pero lo encuadraron en una figura penal distinta. A criterio de Horacio Cattani, Eduardo Luraschi y Martín Irurzun, por las pruebas recogidas y los testimonios, las sanciones deben estar encuadradas en los términos del artículo 260 del Código Penal, que reprime al funcionario que “ignorando o sobrepasando o extralimitando normas y reglamentos” sobre el manejo y administración de fondos públicos le da un destino diverso del debido.
Para llegar a esa conclusión, los jueces recordaron que los sobresueldos partieron de una orden del Poder Ejecutivo, que se extendió durante años entre los funcionarios de los más altos rangos y que tuvieron legislación parlamentaria. “La lógica conclusión de (todo) ello –sostuvieron– indica que ese mecanismo no estuvo dirigido a beneficiar a uno o algunos funcionarios intervinientes, sino que se estableció para perdurar en el tiempo –como de hecho ocurrió– como una especie de subsistema de complementación salarial de todos aquellos que en esa oportunidad o posteriormente fueran llamados a desempeñar cargos públicos.”
El juez Jorge Ballestero deberá reencauzar la investigación en base al nuevo delito.