EL PAíS
› LA CAUSA JUDICIAL A UN AÑO DE LA MUERTE DE 194 JOVENES EN EL INCENDIO
Las marcas profundas de Cromañón
El dolor de los familiares, una ciudad que elabora un duelo trágico, las medidas de seguridad, la causa judicial y el juicio político a Aníbal Ibarra constituyen los ejes visibles de un proceso que conmueve a Buenos Aires. Los interrogantes de la causa que se promueve en la Justicia y que deberán resolverse en 2006.
› Por Raúl Kollmann
La marca de Cromañón, con los 194 jóvenes inmolados en el horror hace un año, conmocionó a la ciudad de Buenos Aires y se ha convertido en una herida que no acaba de cicatrizar, que impregnó la cultura, impactó con su signo trágico en el mundo del rock y de la juventud y desató una crisis política profunda en el gobierno de la Ciudad, cuyo desenlace todavía es imprevisible. La seguridad, la responsabilidad de los funcionarios y el universo vulnerable de una juventud desprotegida constituyen interrogantes y deudas que no han sido saldadas todavía. El dolor de los familiares de las víctimas y la perplejidad de una sociedad que no termina de elaborar ni entender la tragedia han sido los escenarios planteados por Cromañón a lo largo del año que pasó. Se han lanzado propuestas para aumentar la seguridad (ver páginas 4 y 5) y otro de los caminos que se empezaron a transitar ha sido el de la Justicia. En ese plano, 2006 debería ser el año de las decisiones sobre muchos de los interrogantes que se abrieron a lo largo de 2005 y que produjeron polémicas, protestas, avances y retrocesos: la situación del empresario Omar Chabán; la del grupo Callejeros ante las Cámaras del Crimen y Casación; si empieza o no sobre fin de año el juicio oral y si la acusación penal sube de los funcionarios de grado intermedio y llega hasta los máximos cargos, incluyendo al propio jefe de Gobierno, quien hasta ahora no fue citado por la Justicia. También será el año de las definiciones políticas con el resultado del juicio político a Aníbal Ibarra. El 30 de diciembre de 2004 fue un quiebre en la historia porteña. Aquí, las claves del futuro de una causa judicial que también marcará el ritmo político y social de la ciudad.
1
¿Qué chances tiene Omar Chabán de salir en libertad?
Pocas. Su abogado, Pedro D’Attoli argumentó que si a Chabán lo acusan de lo mismo que a Callejeros y que si este grupo está en libertad, corresponde que también el empresario salga de la cárcel. El juez Lucini rechazó este pedido con un argumento que ya fue sostenido por la Cámara de Casación: la noche de la tragedia, Chabán se fue sin ayudar a nadie y hubo que allanar su domicilio, encontrar una factura de su estudio y por esa vía detectarlo en el atelier en el que se encontraba. Los jueces consideran que eso fue un intento de fuga. La apelación de D’Attoli es difícil que prospere en la sala de feria de la Cámara del Crimen, pero el objetivo del abogado es llegar a la Corte Suprema. D’Attoli ya presentó un recurso para que resuelva el máximo tribunal, pero por ahora ese recurso está trabado en Casación. Todo esto hace que por varios meses Chabán no tenga perspectiva de libertad. En cualquier caso la libertad sería sólo hasta que hubiera una sentencia firme en su contra.
2
¿Cómo queda la situación del grupo Callejeros?
El juez Julio Lucini agravó la imputación contra los rockeros por considerar que incentivaban el uso de bengalas y que fueron coorganizadores del recital que terminó en muerte. Ese criterio ya fue sugerido por los jueces Gustavo Bruzzone, María Laura Garrigós de Rébori y Rodolfo Pociello Argerich, integrantes de la sala V de la Cámara del Crimen. Está cantado que la apelación de Callejeros, que debe tratar esa sala, será rechazada, aunque es probable que los defensores del grupo recusen a los jueces por haber opinado previamente. Sea como fuere, no será fácil encontrar camaristas que revoquen las acusaciones contra Callejeros. La ventaja de los rockeros es que seguirán en libertad hasta que haya sentencia firme.
3
¿Cuál es la situación de los funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires?
El funcionario de mayor rango procesado es el ex secretario de Seguridad Juan Carlos López. El juez Lucini lo considera responsable del delito de homicidio culposo agravado, o sea que sostiene que la falta de control a los boliches del estilo de Cromañón devino en las muertes de aquella noche. La Cámara del Crimen fue categórica y desvinculó a los demás funcionarios de las muertes, por lo que es casi seguro que haga lo mismo con López. Esto lo resolverá en marzo. La gran duda es si los camaristas creen que la responsabilidad directa del control llegaba hasta la subsecretaría de Control Comunal, a cargo de Fabiana Fiszbin, o si hay responsabilidad más arriba, en este caso hasta López, o incluso hasta Ibarra. De todas maneras, en el peor de las alternativas, en marzo procesarían a López por incumplimiento de los deberes de funcionario público. La Cámara ha dicho que si se hubiera inspeccionado Cromañón, boliche sobre el que los camaristas consideran que no hubo ninguna denuncia ni advertencia, lo más probable es que no se hubiera procedido a la clausura porque el certificado de bomberos llevaba pocos días de vencido. Todo indica –dicen los camaristas– que se hubiera intimado a Chabán a que renovara el certificado de bomberos, nada más. Los jueces sostuvieron que no había normas precisas para los locales del estilo Cromañón, señalan que los legisladores porteños no legislaron como correspondía, aunque de todas maneras consideran que Cromañón era un peligro e igual debió ser inspeccionado. Eso los lleva a procesar a subsecretarios y directores por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
4
¿Qué chances hay de que imputen a Aníbal Ibarra?
Pocas, por lo que se ha visto judicialmente hasta ahora. No es casual que Lucini deje la causa este fin de semana sin haberlo llamado a declarar. Todo quedará en manos del nuevo juez, quien tendrá que resolver sobre el pedido que le hizo el fiscal Juan Manuel Sansone de que cite a indagatoria a Aníbal Ibarra. El punto clave es si un jefe de Gobierno es responsable de todo lo que ocurre en la ciudad y de las fallas del sistema de control. Esta postura la tienen los familiares, que además aducen que hubo alertas por parte del defensor adjunto de la Ciudad, Atilio Alimena. Por ahora, los camaristas han dicho que la responsabilidad de controlar recaía en subsecretarios y directores, no se han expedido sobre el secretario de Seguridad, Juan Carlos López, y lo de Ibarra está aún más lejos.
5
¿Puede haber imputaciones contra otros funcionarios?
En los últimos días ha trascendido que uno de los abogados de los familiares Fernando Soto plantearía la imputación contra el jefe de la Policía Federal e incluso el ministro del Interior, porque los titulares de la comisaría de la zona de Cromañón cobraban coimas y lo mismo ocurría con los policías federales que aquella noche estaban en la puerta. Es difícil que esa imputación prospere, justamente porque no existe un indicio claro y concreto de que los superiores sabían de las coimas que le cobraban los comisarios y suboficiales a Chabán.
6
¿Cuándo podría hacerse el juicio oral?
La Cámara de Casación y el propio juez Lucini sostuvieron que la causa no debe dividirse y que el juicio oral debe abarcar tanto a Chabán, como a Callejeros y a los funcionarios porteños. Esto alarga mucho los plazos, ya que, por ejemplo, ahora la Cámara tendrá que resolver la nueva acusación contra Callejeros y eso después irá a Casación. Respecto de los funcionarios, recién en marzo resolverán la situación de López y vendrá también la apelación. Hay incluso chances de que alguno de estos recursos termine en la Corte Suprema. Recién después de todas estas idas y venidas se sorteará el tribunal oral al que puede llevar más de un año preparar el juicio, entre apelaciones de las distintas partes. En Tribunales nadie cree que las audiencias del juicio oral empiecen en 2006 y la mayoría de los especialistas piensan que, apurando el paso, se podría iniciar el juicio en 2007.
7
¿Será efectivamente Néstor Costabel el nuevo juez de la causa?
Algunos abogados de familiares habían resuelto recusar a Costabel por no tener rango de juez, sino ser un secretario de un tribunal oral. El planteo no era arbitrario, ya que hay tribunales orales que consideran inconstitucional que un secretario actúe como juez, pese a que hubo un fallo de la Corte que lo convalidó. En las últimas dos semanas, abogados de los familiares se convencieron de que Costabel podría jugar un buen papel y tal vez terminen no recusándolo. Eso se sabrá en los próximos días.
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