Cinco días después de que el Gobierno anunciara el desendeudamiento, la Corte Suprema ordenó que la Justicia Federal abra una investigación sobre las responsabilidades del Fondo Monetario Internacional en el financiamiento de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar. El alto tribunal adhirió a un dictamen de la Procuración General de la Nación que proponía iniciar un expediente judicial “ante la gravedad de los hechos denunciados” por los ex legisladores Vilma Ripoll, Mario Cafiero y Patricia Walsh.
La presentación que hicieron en septiembre los tres dirigentes de MST Unite ante el máximo tribunal, planteaba la necesidad de investigar y responsabilizar a “los funcionarios del FMI que en el país o desde el exterior prestaron algún grado de colaboración” para que la dictadura militar “obtuviera préstamos que endeudaron desmesuradamente a la Nación y le permitieron financiar los crímenes de lesa humanidad”. Explicaba, además, que la ley permite a la Corte tomar las riendas e intervenir en los casos en que aparecen comprometidos funcionarios o representantes dotados de inmunidad, como los del Fondo.
Los supremos, en sintonía con la Procuración, rechazaron su “competencia originaria” en el asunto por no estar “individualizados los autores” de los delitos denunciados. Pero aun así dieron una instrucción precisa para que la Justicia federal comience una pesquisa que, a futuro, podría volver a la Corte. La resolución fue firmada el 20 de diciembre, aunque trascendió ayer, por Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco, Raúl Zaffaroni, Carmen Argibay y Ricardo Lorenzetti.
El FMI, advertían los denunciantes, fue “llamativamente flexible con el gobierno militar, no sólo consintió en silencio su desproporcionado nivel de endeudamiento, sino que lo facilitó”. “Los organismos internacionales de crédito están sometidos al derecho internacional y pueden ser imputados como responsables de las violaciones en el campo de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”, agregaban.
“La imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, que se aplica a los crímenes cometidos durante la dictadura, se debe extender a quienes la financiaron. Para nosotros son partícipes necesarios. La dictadura no se podía sostener sin los préstamos externos. Hizo dos acuerdos: uno en agosto de 1976 y otro en julio de 1977”, señaló Cafiero a Página/12. “La decisión de la Corte es un paso adelante, aunque nosotros esperábamos que se abocara directamente al tema. Ahora debe haber una investigación amplia, empezando por el Fondo”, añadió.
A comienzos de 1976 la deuda externa era de 6000 millones de dólares. A fin de ese año ascendía a 7000 millones. En 1983 era de 46 mil millones. En Reflexiones sobe la deuda externa el economista Miguel Teubal señala que parte de los créditos, según diversos estudios, se utilizaron para el Mundial de fútbol, para preparar la guerra con Chile, construir alguna autopista y extender la red gasífera. Hubo 31 mil millones que, dice, terminaron en actividades financieras y fuga de capitales. Ahora la Justicia –el juez a cargo aún debe ser sorteado– tiene la chance de desentrañar el financiamiento de los crímenes del terrorismo de Estado.