Tres ex presidentes del ex Concejo Deliberante porteño fueron sobreseídos en una histórica megacausa en la que se investigó la existencia de ñoquis en el organismo. Se trata de los justicialistas José Manuel Pico y Eduardo Rollano y el radical Juan Trilla, que resultaron beneficiados por la decisión del juez Alberto Baños, el mismo que había ordenado detenerlos en julio de 1999. Es probable que el equipo de fiscales que llevó adelante la pesquisa apele la medida ante la Cámara del Crimen, un tribunal que hasta ahora revocó la mayoría de las decisiones del magistrado.

La causa sobre los ñoquis lleva más de diez años de existencia. Por su magnitud –más de 700 casos de empleados truchos– y los distintos niveles de responsabilidad, fue dividida en tres legajos: uno sobre el papel de los ex presidentes del Concejo, otro que involucró al ex presidente Fernando de la Rúa y un tercero referido a ex concejales comprometidos con las irregularidades, que espera de juicio oral desde 2003.

La resolución firmada por Baños a fin de diciembre también incluyó el sobreseimiento de Roberto Luaces, Carlos Bernardou y Guillermo García Fiorito, todos ex funcionarios del cuerpo legislativo.

Según los fiscales que hicieron la investigación (Mónica Cuñarro, Horacio Amelotti, Augusto Troncoso y Marcelo Roma), la maniobra consistió en hacer figurar como empleados del ex Concejo a personas que no tenían relación con el organismo. “Alguien” cobraba los correspondientes sueldos. Había indigentes, minusválidos, personas con trastornos de salud mental y hasta algunas que estaban en prisión. Sus datos, por lo general, figuraban en algún comité partidario de donde fueron tomados. La hipótesis madre en la causa indica que el dinero recaudado se usaba para financiar ilegalmente la política.

Pico fue sobreseído de los cargos por la contratación irregular de 246 empleados con cargo de directores y sueldos que rondaban los 2500 pesos/dólares. A Trilla se le imputaban 64 nombramientos falsos.

La decisión de Baños todavía no está firme y probablemente será apelada por los fiscales ante la Cámara. La Sala VII es la que interviene en este expediente y en sus decisiones se ha inclinado por cuestionar las resoluciones de Baños. De la Rúa, por ejemplo, había sido exculpado por Baños en noviembre de 2003. Sin embargo, el tribunal de alzada, un año más tarde, sostuvo que debía quedar procesado por malversación de fondos públicos. La Cámara de Casación Penal rechazó en mayo de 2005 el último intento del ex presidente por despegarse del caso. La fiscalía pidió la elevación a juicio oral de esta parte de la causa, pero el juez todavía no resolvió su destino.