El tribunal que juzga al comisario Alfredo Fanchiotti y a su chofer, el cabo Alejandro Acosta, por los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, dará a conocer la sentencia el próximo lunes. Así lo resolvieron ayer los jueces luego de escuchar las últimas palabras de los acusados. Fanchiotti y Acosta podrían recibir una sentencia de hasta 25 años de prisión, según el pedido de la fiscalía y las querellas. Hay además otros seis ex policías imputados por encubrimiento.

Fanchiotti no escuchará la lectura del fallo. Su defensor solicitó al tribunal una dispensa, con el argumento de que pueden “producirse disturbios debido a las manifestaciones de repudio anunciadas por las organizaciones sociales”.

El comisario y su chofer están acusados de haber sido coautores de las dos muertes y otros siete intentos de homicidio. El concepto central en su contra es que durante la represión ambos avanzaron sobre los manifestantes disparándoles con balas de plomo, con la intención de matarlos.

Las audiencias orales llevaron siete meses, en los que declararon cerca de 300 testigos. Si bien el juicio estuvo acotado a los policías, los querellantes buscaron establecer además el contexto político en el que se decidió la represión, para fijar qué responsabilidad tuvieron por las muertes el ex presidente Eduardo Duhalde, sus funcionarios y el gabinete bonaerense. Aunque se ha tratado de instalar la idea de que el caso fue obra de un comisario que perdió los estribos, esta versión no explica cómo hubo 33 heridos con munición de guerra, además de las dos muertes. En principio, es evidente que aquel día hubo más de una patota policial disparando con cartuchos de plomo contra los manifestantes.

En el proceso quedó en claro que, en los días previos al 26 de junio del 2002, el Gobierno había decidido ponerle un límite a la protesta social y que por ese motivo armó un operativo de seguridad inédito hasta entonces, sumando a la Policía Bonaerense, la Federal, la Gendarmería y la Prefectura. También se conoció que la SIDE hizo inteligencia sobre las organizaciones de desocupados y recomendó al Ejecutivo que considerara a la movilización como un “caso testigo” frente al cual se debía reafirmar el principio de autoridad del Estado. Así lo declaró en el juicio, con una franqueza sorprendente, el ex titular de la Secretaría de Inteligencia Carlos Soria: “Yo analizaba la situación con los ministros y siempre surgían los mismos temas: cacerolazos, caos, cortes de ruta, escraches (...) La protesta del 26 de junio era un caso testigo, porque por primera vez todas las organizaciones sociales se ponían de acuerdo en un hecho puntual (...) Había que empezar a poner orden”.

La sentencia no estará referida al rol de los gobernantes, pero los jueces tendrán que decidir, además de la responsabilidad de los policías, qué respuesta dan a los siguientes pedidos de la querella y la fiscalía:

- Que se abra una causa judicial contra Soria y su segundo, Oscar Rodríguez, por haber ordenado que la SIDE hiciera inteligencia sobre las organizaciones sociales.

- Que se investigue al ex ministro de Seguridad bonaerense Luis Genoud (hoy integrante de la Corte Suprema provincial) y al ex superintendente de la Policía Bonaerense, Edgardo Beltracchi, como jefes de la Bonaerense.

- Que se encauce por falso testimonio al ex ministro de Justicia Jorge Vanossi.

- Que se investiguen los vejámenes cometidos en la Comisaría 1ra. contra los manifestantes detenidos.

La abogada de la familia Kosteki, Claudia Braccamonte, señaló por su parte que una vez terminado el juicio van “a reflotar la causa que inició la madre de Maximiliano en la Justicia Federal” contra Duhalde y equipo.

La sentencia del lunes abarcará, además de a Fanchiotti y Acosta, a los ex policías Carlos Quevedo, Lorenzo Colman, Félix Vega, Mario De la Fuente, Carlos Quevedo, Celestino Robledo y Gastón Sierra. El tribunal que estuvo a cargo del proceso está integrado por Elisa López Moyano, Roberto Lugones y Jorge Roldán.