Una gran trilladora verde se estacionó en medio del asfalto, como señal de que el corte iba a empezar. La conducía Facundo, uno de los hijos de Alicia de Ferrandi. “Vivimos del campo. Si se instalan las papeleras acá, enfrente nuestro, nos vamos a tener que ir. ¿Quién va a comprar productos contaminados?” Con un gesto saluda la llegada de los primeros grupos de vecinos. Mabel de Dominicis, arquitecta, se acerca entre los que vienen caminando por la ruta. Lleva un suéter de hilo color salmón y un pantalón claro, aptos para aprobar la mejor de las reuniones sociales. “Sí”, dice, “vengo a todos los cortes. Fundamentalmente, para defender el medio ambiente. Hace treinta años que vivo en Gualeguaychú y no quiero que perdamos el río”.

–¿Escuchó las críticas de esta semana? ¿Qué piensa cuando le dicen...

–Ya sé, piquetera –interrumpe, con un gesto en el que no se ve la menor simpatía hacia el adjetivo–. Yo creo que un corte plantea una situación de violencia hacia aquellos que quieren pasar, pero el fin lo justifica, porque la violencia contra nosotros es más grave. Están quitándonos la posibilidad de tener una vida digna.

Así comenzó, anoche, sobre la ruta 136, el nuevo piquete en rechazo a la instalación de las dos papeleras frente a Gualeguaychú. El corte interrumpió el cruce por el puente internacional a la ciudad uruguaya de Fray Bentos y fue acompañado al norte por una acción idéntica en el puente que une Colón con Paysandú. La medida fue sorpresiva. Se convocó con dos horas de anticipación por las radios locales y con un Mehari que recorrió las calles con dos parlantes en el techo. Esta vez, los vecinos tomaron una posición más dura y resolvieron que ningún vehículo podrá atravesar la frontera durante doce horas. Todo indica que la escena se repetirá varias veces a lo largo del verano. Las únicas actividades programadas son los cortes en cada quincena, cuando el recambio turístico es fuerte.

Las papeleras se están construyendo del lado uruguayo del río, sobre la orilla de Fray Bentos, y los vecinos de Gualeguaychú sostienen que va a ocasionar daños directos sobre ellos. Estarán a 27 kilómetros de la ciudad y a apenas siete del balneario más tradicional de la zona, El Ñandubaisal. El grupo Ence, constructor de una de las papeleras, tuvo problemas en Pontevedra, España, por contaminar el río. En el 2002 debió pagar una multa de casi medio millón de dólares y sufre una fuerte presión social para que cierre la planta. La segunda papelera es Botnia, de Finlandia. Ambas empresas alegan que han mejorado su tecnología y mantendrán bajo control sus desechos industriales. A fines de diciembre, un informe del Banco Mundial las respaldó. El reclamo ahora es que se realice un estudio independiente y mientras tanto se paralicen las obras.

El conflicto se coló de manera inesperada en las relación entre el gobierno argentino y el uruguayo y en las últimas semanas ha tenido un crescendo (ver aparte). Aunque el convenio inicial fue firmado por la administración de Jorge Batlle, Tabaré Vázquez defiende la instalación de las papeleras. En un encuentro con Néstor Kirchner, ambos presidentes decidieron crear una comisión binacional para destrabar la situación. La comisión tiene que expedirse el 31 de enero y todo indica que no va a llegar a un acuerdo. Para el Uruguay, es crucial la inversión en un país que viene de sufrir por largos años el problema de la desocupación. Ese, y la promesa de que habrá un efectivo control de los efluentes, son los principales argumentos con los que el gobierno uruguayo defiende la iniciativa.

El embajador Raúl Estrada, jefe de la delegación argentina que integra la comisión binacional, señaló el contexto en el que se enmarca la discusión puntual con el gobierno uruguayo: “El desplazamiento de las ‘industrias sucias’ de las naciones desarrolladas a las periféricas”. Es que en el 2007 va a entrar en vigencia “una regulación europea que obliga a estas empresas a cambiar sus métodos de producción o, en caso contrario, cerrar las plantas de celulosa”.