El Gobierno está dispuesto a abrir el juego y estudiar modificaciones al proyecto de reducción del Consejo de la Magistratura, que en febrero será debatido en Diputados. Podría resignar el poder de veto en la selección de jueces y la aprobación de juicios políticos, una ventaja que quedó plasmada en el plan de reforma que logró media sanción en el Senado y que fue objeto de las más variadas críticas. Uno de los caminos, dijeron a Página/12 fuentes del oficialismo, puede ser cambiar las reglas de conformación de las mayorías. Otro, ampliar la representación al sector de los abogados y académicos.

El kirchnerismo esperaba, o al menos intentó, que en la última semana de 2005 la Cámara de Diputados sancionara sin más la ley para llevar el Consejo de la Magistratura de 20 a 13 miembros. Habían llegado a convocar a una sesión especial, que fue suspendida un día antes. Tenían mucho en contra: la oposición abroquelada, enojada porque no la dejaron hablar en el recinto; el quórum dudoso por el fin de año, y las voces disidentes que emergieron dentro del oficialismo, como Rafael Bielsa y Oscar Massei.

Por sí mismo, el Frente para la Victoria no llega a los 129 votos propios en Diputados, donde tiene 117. Para asegurarse los apoyos de partidos provinciales, radicales y ex duhaldistas –entre otros– y dejar madurar el debate, necesitaban tiempo. Fue lo que concluyeron, después de hablar largamente el jefe de Gabinete Alberto Fernández, el titular del bloque K, Agustín Rossi, y el presidente de la Cámara, Alberto Balestrini. La intención, además, es llegar a la votación no con los números justos sino con un margen cómodo.

Algunos desde abajo de la sombrilla, otros desde la montaña o en ojotas en su casa, los diputados kir-chneristas se mantienen conectados por celular para intercambiar conteos. Los más optimistas apuestan a que triunfe el proyecto oficialista tal como salió del Senado, sin modificación alguna (ver aparte). Los realistas se avienen a pensar cambios que atiendan a las múltiples críticas recibidas, o al menos atenúen la idea de que el Gobierno quiere avanzar en el manejo del Poder Judicial. Sería un modo, especulan, de atraer a las fuerzas que tienden a acompañarlos, pero para esto están dudosas. Y de llegar a una propuesta que goce de un nivel de consenso considerable.

El Consejo de la Magistratura está compuesto ahora por cuatro senadores, cuatro diputados, cuatro jueces, cuatro abogados, dos académicos y un delegado del Poder Ejecutivo. El presidente es el mismo de la Corte Suprema. Según el modelo impulsado con pasión por Cristina Kirchner, se eliminarían dos legisladores de las segundas minorías parlamentarias, dos jueces (uno es el supremo), dos abogados y un académico.

Una de las críticas más reiteradas por la oposición política y por organizaciones de la sociedad civil de los más diversos perfiles ideológicos, advierte que se rompería el equilibro, previsto por la Constitución, entre los diferentes sectores que integran el cuerpo de consejeros. El argumento es que, como el oficialismo se quedaría con cinco de las 13 bancas en el organismo, puede bloquear o vetar las decisiones que se toman por mayoría de dos tercios (con 9 votos): la designación de jueces y los procesos de remoción. Para cualquier votación siempre se necesitará por lo menos el voto de un kirchnerista. Otra explicación es que el equilibrio se rompe porque el sector de los políticos quedaría sobrerrepresentado y podría manejar el quórum.

En el fragor de la polémica en el Senado, Cristina Fernández disparó exaltada a sus opositores: “¡Quieren veinte y si no son veinte cargos no quieren nada! (...) No importa el bloqueo, no importa si son dos tercios, si es mayoría absoluta, que en este caso desvirtuaría la argumentación del bloqueo. No hay un problema de bloqueo”. La senadora se quejaba porque decía estar dispuesta a trocar el sistema de votación del Consejo para que no la acusaran de pretender conservar la posibilidad de veto. “Lo dijo Cristina en el recinto y la idea sigue en pie: se podría pensar en sustituir el sistema de votación de mayoría de dos tercios por el de mayoría absoluta, o sea, la mitad más uno”, dijo a este diario un encumbrado funcionario del Gobierno al precisar qué salidas están dispuestos a analizar. El razonamiento es así: en un órgano de 13 consejeros, para tomar una decisión harían falta siete votos y, entonces, no será indispensable la adhesión de al menos un kirchnerista. Los demás estamentos y la oposición política podrían definir una votación.

Una de las ONG que más cuestionó el poder de veto del oficialismo e insistía en modificar esa cuestión fue Poder Ciudadano. Otras, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) creen que el proyecto está mal planteado desde el vamos y con cambiar el método de votación no se arregla nada. Creen que las resoluciones del Consejo deben gozar de un amplio consenso entre los sectores, sin que ninguno tenga predominio. Los cambios necesarios, sostiene, se pueden hacer desde adentro del organismo.

En el kirchnerismo de Diputados evalúan una fórmula alternativa para diluir la discusión sobre el veto, que lleve la composición a 15 miembros: a los 13 del esquema que validó el Senado le agregarían un abogado y un académico, ya que en el proyecto original serían los sectores más afectados por la poda. A una votación de dos tercios se llegaría con diez votos y, para eso, no sería indispensable ningún consejero K.

La teoría del Gobierno, que el propio Néstor Kirchner comunicó, es que el Consejo está manejado por las corporaciones (jueces y abogados), que es ineficaz y tiene demasiado presupuesto. Beinusz Szmukler, uno de los abogados del cuerpo, y uno de sus miembros más activos, dice que hay una mirada errónea y que los acuerdos se producen “entre jueces y políticos”.

“Queremos escuchar las preocupaciones que tienen todos los opositores. Estamos abiertos a conversar porque, además, hay mucha confusión con el tema”, insistían en la Casa Rosada. La semana pasada recibieron al intendente cordobés Luis Juez, a quien responden cinco diputados que, en los próximos días se reunirán con Cristina Fernández. Entre ellos, sin embargo, Morandini ya anticipó que votará en contra (ver aparte).

Tanto entre los legisladores de la oposición como en algunas ONG, temen que si Diputados elabora y vota un proyecto distinto, cuando vuelva al Senado allí refrenden el original. Por eso apuntan a complicar la votación en la Cámara baja. Como sea, todavía es una historia con final abierto.