El ibarrismo no tiene dudas. “Está clarísimo –explican–, esta pelea se libra ante la opinión pública, de acá a la China.” Desde hace tiempo, el entorno del jefe de Gobierno porteño evalúa a la Legislatura como un espacio perdido. Por eso, la defensa encarada por el mismo Aníbal Ibarra en su juicio político la semana pasada estuvo más dirigida afuera que dentro del recinto. En los próximos días la estrategia, todo indica, no cambiará. Mientras en su entorno apuestan hacia afuera, los de adentro –los legisladores de la oposición que integran la Sala Juzgadora– cuidan al detalle los mínimos aspectos jurídicos y procesales del juicio. Unos y otros parecen convencidos de que el destino del jefe de Gobierno dependerá, entre otras cosas, de la legitimidad que logre este proceso ante las cámaras.

Durante las próximas cuatro semanas, el recinto de la Legislatura será visitado por unos 121 testigos. Habrá una decena de personas cada uno de los tres días de sesión semanal. El presidente del Superior Tribunal de Justicia porteño devenido en presidente de la sala de audiencias siente que los plazos lo corren como un castigo. Antes del martes 14 de marzo, Julio Maier deberá haber concluido con el juicio político, porque así lo dispone el plazo constitucional.

Esta semana, el cronograma se cumplió. Pero sólo porque faltaron dos personas al segundo día de audiencias y otras tantas al segundo, entre ellas, el director de la Morgue Judicial, Heraldo Donnewald, que como está imputado en una causa judicial envió una carta de excusas. Fuera de ello, el tono insistidor y recurrente del presidente del tribunal fue la herramienta indispensable para ajustar la demoledora presión del tiempo a los ritmos de la sala. “Nos corre un plazo fatal”, dijo Maier una y otra vez para evitar demoras. Los legisladores, más cómodos en el terreno de la política, vienen acostumbrados a largos discursos y a una retórica demasiado laxa para un juicio oral. Habrá que ver si los tiempos tal como están previstos son suficientes o deberán replantearse. Fuera de Donnewald, los testigos que no se presentaron la semana pasada abultarán las listas sábanas de los próximos días.

Como las intervenciones pendientes no prometen grandes sorpresas (ver aparte), las novedades de la semana podrán pasar por otros actores del juicio. Durante los últimos días se ha venido gestando un pequeño foco de tormenta en el bloque de la Acusación. La Sala de tres diputados que hacen las veces de fiscales del proceso está formada por el macrista Jorge Enríquez, el heredero del voto porteño de Patricia Bullrich, Jorge Sanmartino y el zamorista Rubén Devoto. Aunque la tríada comenzó las audiencias con la consolidación de una estrategia más o menos consensuada, la sucesión de días y exposición ante las cámaras ha comenzado su trabajo de desgaste. Enríquez habla la mayor parte del tiempo. Repasa borradores y expedientes, levanta la cabeza y pregunta. Cada tanto, intervienen los otros dos diputados, sentados a cada lado. Enríquez los deja hablar y vuelve nuevamente a la carga. Si hasta ahora la sala pensó que ese mecanismo respondía a una estrategia acordada por la tríada, se equivocó. Hacia el otro extremo del recinto, la situación es distinta. Si algunos criticaron a Enríquez por hablar mucho, otros lo hicieron con los abogados de Ibarra, pero porque consideraron que participaban poco.

–No sabemos si tienen un as guardado en la manga. Pero si es así, están tardando en sacarlo –comentaron en torno a uno de los fiscales.

Lo cierto es que Julio César Strassera, Julio Golodny y Fernando Castejón intervinieron esporádicamente. Frente a los familiares no hicieron preguntas y cuando los testigos fueron funcionarios del Gobierno de la Ciudad azuzados por la impiadosa Sala Juzgadora, preguntaron por lacurrícula con la que habían llegado al cargo. Sucedió con los dos funcionarios del SAME convocados el miércoles pasado.

Sin embargo, la lógica del silencio no es azarosa. Aunque la sala no lo advierta, alrededor de Ibarra están convencidos de que si no interrumpen la larga declaración de un testigo, el resultado servirá para derrumbar la teoría de ausencia del Estado y demostrar que, después de todo, una tremenda cantidad de funcionarios intervino en el caso Cromañón. “Al final de cualquier intervención –razona uno de los asesores de Ibarra–, cualquier testigo termina nombrando como a treinta funcionarios: y después nos dicen que no hubo funcionarios.”

Los juzgadores son quince diputados. Los macristas parecen decididos a continuar encolumnados detrás del voto de los familiares. No quieren aparecer como golpistas, ni sumar votos indiscriminados en contra de Ibarra pero, aunque preservan las formas, parecen asistir al juicio con la decisión tomada. Entre el resto, las posiciones son variadas. Una de las preocupaciones centrales pasa por cuidar meticulosamente los aspectos formales del juicio. Allí, dicen, se juega la legitimidad del juicio y la decisión de la audiencia porteña. Por eso ningún testigo arranca con su testimonio, sin pasar por el juramento, y por eso los jueces siguen puntualmente cada una de las intervenciones, preguntan y evalúan asistidos por un batallón de asesores. El entorno de Ibarra también sabe que mucho del resultado final depende de la legitimidad que consiga el proceso ante las cámaras. Podrán o no cuestionar un eventual voto desfavorable si demuestran, como dicen, que se trata de un juicio ilegítimo.