Funcionarios argentinos y brasileños iniciarán hoy la etapa final de las negociaciones para introducir mecanismos de compensación (salvaguardas) que protejan a la producción local de las importaciones provenientes del socio mayor del Mercosur. Sin embargo, una de las centrales industriales más poderosas de Brasil emitió ayer un duro comunicado en el que rechaza la “creación de ese mecanismo de protección comercial” y alerta que de llevarse a cabo “tendrá reflejos negativos sobre la imagen y credibilidad del Mercosur”.

Hoy, pasado el mediodía, el secretario de Industria, Miguel Peirano, recibirá en su despacho al embajador de Brasil, Mauro Vieira, quien estará acompañado por media docena de funcionarios. El objetivo declarado de la reunión es terminar de pulir los instrumentos que Argentina y Brasil acordarían aplicar en el contexto del Mercosur para reducir los notables desequilibrios en el comercio bilateral.

Ayer, la Confederación Nacional de la Industria (CNI) de Brasil resaltó su “posición contraria” respecto de la creación de mecanismos de protección especial, del estilo de las salvaguardas, y denunció que de aplicarse dañarán “la imagen y credibilidad del Mercosur”. Según el comunicado difundido en Brasilia, las salvaguardias compensatorias para algunos sectores de la industria argentina, “traerían impactos económicos negativos para los exportadores brasileños” y “tampoco ayudarán a la recuperación de la competitividad de la industria argentina”.

Los industriales brasileños insisten en rechazar el mecanismo “automático” propuesto por Argentina y exigen “que las salvaguardias sean transitorias y que la decisión de adoptarlas sea de las dos partes, pero sólo después de que se compruebe que la importación daña al sector”.

En el último encuentro que mantuvieron la semana pasada los presidentes Néstor Kirchner y Luiz Inácio Lula da Silva trataron la adopción de la llamada Cláusula de Adaptación Competitiva (CAC), como una forma de compensar las diferencias comerciales que están afectando a un sector de la industria argentina, y se comprometieron a ponerlo en marcha a partir del 31 de enero.

En realidad, al menos de palabra, los trazos gruesos de la denominada CAC están ya casi resueltos y lo que resta es plasmar lo conversado en un papel. La CAC funcionaría por tres años más uno de prórroga, y se establecería a partir de que un sector productivo pueda ser afectado por las importaciones desde el país vecino. Para ello, el país que recurriera al instrumento debería demostrar el daño, lo cual se realizaría a través de la Comisión de Monitoreo Bilateral del Comercio Exterior creada hace poco más de dos años.

A partir de ese momento, los dos países deberían instar a sus empresarios a llegar a un acuerdo en el plazo de 60 días y, de no alcanzarse, el país quedaría habilitado a subir los aranceles.