“Ahora que bajó la espuma de la reacción inicial estamos explicando mejor y convenciendo más”, describió el jefe de los diputados kirchneristas Agustín Rossi al referirse a la polémica que persiste en torno del proyecto oficial de reforma del Consejo de la Magistratura. En medio de la desolación estival de los despachos parlamentarios, el del santafesino estuvo abierto “para organizar la agenda”. Soledad de legisladores pero no de versiones, y la charla comenzó con la desmentida de la anticipación de la sesión para tratar este tema el miércoles 8 de febrero. De todos modos, Rossi admitió que una semana después sí podrían proponer su tratamiento, para el cual reiteró que las adhesiones recogidas giran “entre 130 y 140”. En un diálogo relajado por la ausencia de las urgencias del resto del año, se explayó en las bondades de la iniciativa tal como fue aprobada en el Senado, con el mecanismo de dos tercios para votar la selección y la destitución de magistrados en el organismo.

En su entorno especulan con que el oficialismo ya cuenta con los votos necesarios para aprobar el achicamiento del Consejo. Sus más estrechos colaboradores se entusiasman imaginando un horizonte optimista cuando la reforma llegue al recinto porque creen estar revirtiendo el rechazo inicial que generó el proyecto por parte de la oposición y de los sectores del ámbito judicial. Y especulan con que esa reacción tuvo que ver con la sanción de la Ley de Emergencia Económica, que el oficialismo había logrado una semana antes con quórum propio. En una esquina de su amplio despacho del tercer piso, Rossi escuchó y siguió tomando mate.

Respecto de la posibilidad de introducir modificaciones al proyecto, el jefe de los diputados K admitió que están “charlando y escuchando opiniones”, pero al mismo tiempo afirmó que están “convencidos” de su iniciativa. “Es ilógico que hayamos reducido el poder del sector político en la comisión de acusación si tuviéramos intenciones de hacer una reforma que nos garantice la posibilidad de defender a determinado juez”, razonó.

Según Rossi, la modificación del Consejo propuesta por el Gobierno no permitirá “armar una terna de jueces” adictos a los deseos oficiales, como tampoco destituir a algún magistrado que no sea del agrado del Ejecutivo. “En ambos casos el sector político, aunque se pusieran de acuerdo oficialismo y oposición, necesita el apoyo de dos integrantes del sector judicial porque para imponerse necesitan ser nueve”, explicó el diputado. Página/12 le preguntó, entonces, si no es cierto que la reforma otorga a cualquier gobierno de turno el poder de veto. “El Gobierno no podrá generar ninguna acción positiva sin consenso”, respondió. Aunque admitió que sí podrá bloquear iniciativas si prosperan estos cambios en el Consejo. “Pero eso sería una consecuencia de la reforma, no lo hicimos con ese objetivo”, completó.