La batalla por la reforma en el Consejo de la Magistratura se trasladó a una jornada de debate en la Facultad de Derecho. Mientras el ministro de Justicia, Alberto Iribarne, defendió el proyecto oficial como “necesario”, para “pagar una deuda con la sociedad y tener más y mejor justicia”, el procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino, fue abucheado por el público que acudió al encuentro. La diputada del ARI y consejera Marcela Rodríguez cruzó los argumentos tanto de Guglielmino como de la senadora kirchnerista Vilma Ibarra. La iniciativa fue organizada por Conciencia y tuvo lugar en el marco de la Mesa Permanente de Justicia del Diálogo Argentino.

El panel abordó la nueva integración que propone el Gobierno, en la voz de Iribarne y del presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Luis Francisco Cigogna. Con la moderación de Enrique Zuleta Puceiro, participaron el ex ministro Ricardo Gil Lavedra, los profesores de Derecho Constitucional Daniel Sabsay y Juan Vicente Sola, Ibarra, Guglielmino y Rodríguez, entre otros, además del decano Atilio Alterini.

El ministro Iribarne aseguró que el proyecto de modificación del Consejo de la Magistratura “es parte de una reforma integral de la Justicia”, con la que destacó que se “intenta pagar una deuda que tiene el gobierno argentino con la sociedad: tener más y mejor justicia”. Iribarne enfatizó que la reducción de los miembros del organismo, creado en 1994 por la reforma constitucional, se realizó con el “criterio de acentuar la presencia de los órganos surgidos de la elección popular frente a las representaciones sectoriales”.

Los representantes del Gobierno defendieron la reducción de 20 a 13 miembros del Consejo, sosteniendo que es “legítima” y adelantando que van a conseguir los 129 votos necesarios para transformar la reforma en ley. También se volvió a escuchar el argumento sobre la necesidad de una Magistratura “ágil”. Para el oficialismo, la palabra “equilibrio” que estableció la Constitución al crear el organismo, en 1994, no implica “igualdad numérica respecto de los sectores” que lo integran, y establecerla es parte del “juego político”.

En ese momento, Gil Lavedra destacó que el oficialismo seguirá manteniendo cinco representantes mientras que los demás estamentos quedan todos reducidos. El jurista desplegó su teoría de los porcentajes: ese número de miembros que responden al gobierno de turno con la actual conformación implica un 25 por ciento del organismo, mientras que con la reducción esto se eleva al 38 por ciento, lo cual “es más de un tercio”. La consecuencia de esto, explicó, es el poder que adquiere el sector oficial para “bloquear las decisiones más importantes”. Uno de los asistentes a la jornada explicó a este diario que “no es que el oficialismo adquiera una mayoría propia y así vaya a manejar el Consejo, pero sí podrá evitar que una terna sea elevada o tenderle un salvavidas a un juez determinado”.

La diputada opositora y consejera Rodríguez destacó que el Gobierno tiene “doble discurso”, porque “lo que dice que no va a ocurrir en el Consejo ya está sucediendo”. Y citó el caso de la defensa que los oficialistas Miguel Angel Pichetto y Jorge Yoma hicieron del cuestionado juez federal Claudio Bonadío. “Con la reforma será peor, porque al desaparecer la segunda minoría esto tendrá menor visibilidad”, precisó la legisladora del ARI cuando le tocó hacer uso de la palabra.

A su turno, el procurador Guglielmino se preguntó “por qué acusan al oficialismo de que va a evitar aprobar ternas si, de todos modos, el Presidente no va a elegir al que no le guste”. En ese momento, Rodríguez le respondió que “no se trata de eso, sino que cuando el oficialismo quiere que el cuarto candidato llegue a la terna la bloquea y se termina negociando en el plenario que bajen a uno”. El jefe de los abogados del Estado fue abucheado por los asistentes, que le pedían que “dé argumentos jurídicos y no políticos”.

El titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos sostuvo que “a partir de la reforma habrá siete representantes políticos, seis del legislativo y uno del Ejecutivo y seis representantes sectoriales, es decir, se conserva el equilibrio permitiendo la presencia de una mayor legitimidad democrática”. Iribarne evaluó que “todas las encuestas muestran el descrédito del Poder Judicial que se inscribe en un descrédito más amplio de todas las instituciones, la dirigencia en general y los políticos en particular”.