El “abatimiento” sobre dos militantes montoneros “ostensiblemente secuestrados en Rosario” durante los últimos días del golpe militar “fue ordenado por las máximas autoridades” de la dictadura militar. Los textuales forman parte de un revelador documento oficial de la Embajada de los Estados Unidos, desclasificado para la causa contra el ex comisario Luis Patti por los fusilamientos de Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi. El fiscal de San Nicolás Juan Murray, quien pidió la reapertura de la causa, acaba de sumar al expediente estos documentos que se hallaban en poder de la Cancillería. Ahora, su fiscalía aguarda un pronunciamiento de la Justicia federal que debe aceptar o rechazar la reapertura de una de las causas que impidió a Patti asumir en el Congreso.

El documento se encontró a fines del año pasado luego de una intensa búsqueda en los aún no sistematizados archivos clasificados de Cancillería. El fiscal Murray acaba de sumarlo ahora como prueba al expediente en el que, el año pasado, pidió la reapertura de la causa contra el ex comisario. El juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo es quien debe aceptar o rechazar el requerimiento. Para hacerlo ahora tendrá a mano este nuevo documento, considerado por los querellantes como una pieza “fundamental” en el cúmulo de pruebas contra el ex comisario.

El documento en cuestión pertenece a la representación diplomática norteamericana en la Argentina. Es una carta enviada por ellos al Departamento de Estado y a otras embajadas de la región. Según su contenido, ambos militantes montoneros “fueron ostensiblemente secuestrados” en “Rosario” y precisa que “el abatimiento fue ordenado por las máximas autoridades” de la dictadura militar.

El largo informe detalla, incluso, lo que sucedió con la causa judicial luego de la ejecución de los dos militantes el 14 de mayo de 1983. Según fuentes judiciales, la carta “informa que había tres policías, uno de los cuales era Patti, y un médico detenidos, pero que en el seno del gobierno militar había presiones (sobre) los ministerios de Justicia y de Interior para que consiguieran la libertad de Patti y sus compañeros presos”.

Luis Abelardo Patti estuvo efectivamente detenido por los secuestros y fusilamiento de los militantes sólo durante dos meses. Sucedió al comienzo de la causa a pedido del juez Juan Carlos Marchetti, el mismo que luego lo liberó con las mismas pruebas por “falta de mérito”. Entre una y otra instancia, Marchetti habría sido objeto de todo tipo de presiones de la cúpula militar. Según los organismos que trabajan en la causa, pretendían que deje el expediente en manos de la justicia militar, en los hechos un reconocimiento de que el Ejército tenía una relación directa con los hechos.

El documento recién desclasificado echaría luz sobre ese aspecto, pero confirmaría además temas esenciales para la causa, como la demostración de que efectivamente existió el secuestro y que las muertes fueron ordenadas desde una instancia superior. “Para nosotros es una prueba contundente”, explica a pedido de este diario la abogada y parte de la querella Nadia Schujman. El peso del documento no sólo sirve como prueba para la causa Cambiaso-Pereyra Rossi, sino como otro elemento de la información que circulaba en el marco del Plan Cóndor. “Esto demuestra que la burocracia fue dejando marcas por todos lados –sigue la abogada–, que lo que hay que hacer es aprender a buscar porque las huellas están.”

En la carga de documentos que se han sumado al expediente en los últimos meses hay otras novedades. Entre ellas se encuentran una serie de informes de la ex Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, la ex Dipba, desclasificados para la causa. Los informes habrían sido elaborados tanto por el Ejército como por las fuerzas de seguridad federales y provinciales. En línea con los documentos desclasificados de la Embajada de los Estados Unidos, se los considera importantes porque probarían que durante los días previos al secuestro y fusilamiento, ambos militantes eran blanco de monitoreos, seguimientos y tareas de inteligencia.

Fuera de ello, ayer se supo que la Justicia de Campana se declaró incompetente para investigar la supuesta responsabilidad de Patti en el crimen de Gastón José Gonçalves, militante de la Juventud Peronista. Ahora, la Cámara Federal de Rosario deberá expedirse sobre el conflicto de competencia en esa causa entre la Justicia de Campana y el juzgado de Villafuerte Ruzo.