El jefe de Gabinete, Alberto Fernandez, anunció que el presidente Néstor Kirchner firmó un decreto para incorporar a las sesiones extraordinarias del Congreso un proyecto que respalde la decisión del gobierno nacional de recurrir a la Corte Internacional de La Haya con el fin de dirimir la controversia con Uruguay por la construcción de las plantas de pasta de celulosa. El martes al mediodía, los presidentes de ambas Cámaras y los jefes de las bancadas kirchneristas determinarán la estrategia del oficialismo que impulsará su tratamiento el 22 de febrero en el Senado y al día siguiente en Diputados. La intención es que los legisladores aprueben o rechacen la iniciativa presidencial de llevar el diferendo a la Corte Internacional. El Gobierno también envió un mensaje a los ambientalistas de Gualeguaychú, a quienes recibirá si levantan los cortes del paso internacional a Fray Bentos, pero los asambleístas decidieron seguir con los cortes en una votación dividida.

“Las dos Cámaras quedarán habilitadas para debatir el tema y eventualmente acompañar la decisión del Poder Ejecutivo nacional de recurrir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya”, dijo Alberto Fernández en conferencia de prensa en la Casa Rosada y flanqueado por los presidentes de las bancadas oficialistas en el Congreso, Miguel Angel Pichetto y Agustín Rossi. “Por la naturaleza del diferendo y por las partes en conflicto es conveniente que esta decisión que el gobierno nacional está dispuesto a tomar acompañando al pueblo entrerriano sea debatida en las dos Cámaras”, agregó el jefe de Gabinete, para luego remarcar que “por el momento es la única salida que vislumbramos” al conflicto con Uruguay por las papeleras.

La decisión terminó de definirse en varias reuniones que se sucedieron por la tarde en la Casa Rosada con la participación directa del Presidente. Entre ellas, una ampliada de la que fueron parte Kirchner, Fernández, el canciller Jorge Taiana, Pichetto, Rossi y el vicegobernador de Entre Ríos, Pedro Guastavino. Allí se analizaron los aspectos técnicos y los pasos que deberán darse para demandar a Uruguay ante el Tribunal Internacional. Además de la conformación de una comisión técnica que coordinará la ex canciller de Raúl Alfonsín, Susana Ruiz Cerutti (ver aparte). Guastavino confirmó a Página/12 que la gobernación entrerriana también “tendrá un profesional a designar” en esa comisión.

Pero la apuesta política es recurrir a La Haya con el respaldo del Congreso. “Para nosotros es muy importante el tema. Es un problema que si afecta a los entrerrianos, afecta a los argentinos, y nos parece que es importante escuchar lo que se plantee en el Congreso”, sostuvo Fernández. Rossi y Pichetto comenzaron a trabajar de inmediato. “Es importante que el Parlamento se involucre en una problemática como ésta y respaldar la decisión política del Gobierno”, dijo a Página/12 el jefe del bloque oficialista en Diputados. Rossi también confió a este diario que la iniciativa se debatiría en el recinto de Diputados el próximo 23, después de “tratar la reforma al Consejo de la Magistratura”.

En el Senado ya elaboraron el proyecto de declaración. El documento de cuatro hojas fue presentado por mesa de entradas de la Cámara alta a la misma hora que Fernández anunciaba la decisión ante los periodistas. “El Senado de la Nación declara su apoyo para que, en caso de resultar necesario, el PEN, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, someta ante la Corte Internacional de Justicia el diferendo originado con Uruguay relacionado con la construcción sobre la margen izquierda del río Uruguay, frente a la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, de dos plantas destinadas a la elaboración de pasta de celulosa”, reza su introducción.

El resto toma casi por completo el pedido de “demandar a Uruguay” ante el Tribunal Internacional realizado por ambas Cámaras de la Legislatura entrerriana al gobierno nacional. Entre los argumentos se detalla que ésa sería la vía correcta establecida en el Estatuto del Río Uruguay firmado en 1975, la falta de un estudio independiente de impacto ambiental y el fracaso de la comisión binacional del Grupo Técnico de Alto Nivel tras 180 días de negociaciones.

La idea de los bloques oficialistas es “generar un amplio debate parlamentario”, que incluiría informes del canciller Taiana, del Gobierno y los legisladores entrerrianos, las organizaciones ambientalistas y los vecinos de Gualeguaychú. Para el martes próximo está prevista una reunión de la mesa chica del kirchnerismo parlamentario, en la que Pampuro, Pichetto, Rossi y Balestrini ajustarán todos los detalles.

Pero la estrategia oficialista tuvo su primer traspié ayer por la noche. El Gobierno había enviado un mensaje a los asambleístas de Gualeguaychú ofreciéndoles ser recibidos por el gobierno nacional y hasta por el propio Presidente si abandonaban los bloqueos del paso internacional a Uruguay. “Una condición sine qua non”, confiaron voceros del gobierno entrerriano a Página/12. Sin embargo, la mayoría de los asambleístas, que recibieron ayer el mensaje en plena asamblea sobre la Ruta 136, decidieron seguir con el corte que ya ingresa en su sexto día consecutivo y enviar una delegación a Buenos Aires con la idea de entrevistarse con las autoridades nacionales. En tanto, el jefe de la bancada del ARI en Diputados, Eduardo Macaluse, ya anunció su rechazo a la propuesta oficialista y cuestionó la acción del Gobierno frente al conflicto.