El 20 de agosto de 1976, en el camino que une la localidad de Fátima, Pilar, con la ruta provincial 6, aparecieron treinta cadáveres. Eran diez mujeres y veinte varones. La mayoría estaba con las manos atadas en la espalda y los ojos vendados. Los cuerpos tenían heridas de bala en el cráneo y habían sido, además, dinamitados. Mucho después se supo que eran desaparecidos, que habían estado detenidos en la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal, donde funcionaba un centro clandestino. Por aquella matanza, conocida como la masacre de Fátima, irán a juicio oral los represores Juan Carlos Lapuyole, Carlos Enrique Gallone y Miguel Angel Timarchi. Así lo dispuso el juez federal Daniel Rafecas, que responsabilizó a los policías por los delitos de homicidio calificado por ensañamiento y alevosía y privación ilegal de la libertad.

Gallone fue jefe de una de las patotas que actuaban en la Superintendencia. Se encargaba de las detenciones ilegales. Su declaración ante la Justicia federal, en junio de 2006, fue siniestra. “Yo tengo buena relación con los organismos de derechos humanos. Soy el que aparece en la foto con una madre de Plaza de Mayo”, dijo para defenderse, en alusión a una histórica foto tomada en 1983 en la que aparece abrazando a una de las madres. Timarchi, otro de los oficiales acusados que estaba en el Departamento de Sumarios, fue escrachado cinco años atrás cuando trabajaba para una empresa de seguridad que custodiaba la Biblioteca Nacional. Lapuyole era el jefe de inteligencia de Coordinación Federal, como también llamaban a la Superintendencia. El director de operaciones era Carlos Vicente Marcote, que murió en diciembre.

La causa por la masacre de Fátima en un comienzo se tramitó en Mercedes, pero no avanzó. Años más tarde fue tema en el Juicio a las Juntas, donde se determinó que se trató de un asesinato perpetrado por al menos tres personas y que en el segundo y tercer piso del edificio de Moreno 1417 de la Policía Federal había un centro clandestino. La Cámara Federal responsabilizó al dictador Jorge Rafael Videla. La ley de punto final, después, frenó las investigaciones contra los policías. En 1998 familiares de cuatro víctimas presentaron un hábeas corpus y se iniciaron actuaciones en el fuero federal porteño. Los Juicios por la Verdad fueron ayudando al esclarecimiento. Con la nulidad de las leyes de impunidad la pesquisa penal cobró impulso, como un desprendimiento de la causa sobre los crímenes cometidos en la jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército.

En la resolución con la que envía a los tres represores a juicio oral, Rafecas da por acreditado que entre la noche del 19 de agosto de 1976 y la madrugada del 20, treinta personas detenidas ilegalmente en la Superintendencia de Seguridad de la Federal fueron trasladadas a Fátima, donde fueron asesinadas con disparos en la cabeza y sus cuerpos sometidos, a una explosión. “Es evidente que las personas mencionadas fueron muertas mientras se encontraban privadas ilegítimamente de su libertad y fueron trasladas drogadas, por lo tanto, supeditadas al designio de los represores e impedidas de defenderse”, concluye. El magistrado, de todos modos, sigue investigando las violaciones a los derechos humanos en aquel lugar de detención policial. El jefe policial de aquel entonces, el general Edmundo Ojeda, y el de la Superintendencia, el coronel Manuel Alejandro Morelli, fallecieron.

De todas las víctimas de Fátima, cinco fueron identificadas en el momento en que se encontraron los cadáveres, que estaban destrozados. “Hasta ahora el Equipo Argentino de Antropología Forense pudo establecer la identidad de 17 cuerpos”, explicó la abogada querellante Carolina Varsky, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

En la investigación judicial fueron claves los testimonios de sobrevivientes que estuvieron detenidos en la Superintendencia, pero también los de varios policías que admitieron las detenciones ilegales. Uno de ellos, Víctor Luchina, reconoció su participación en el traslado de los detenidos a Fátima. Contó que estaba de guardia en la dependencia. “Se apagaron las luces, sólo quedaron encendidas las del ascensor y condujeron a la playa de estacionamiento a treinta detenidos. Cuatro parecían estar muertos y los demás estaban como drogados. Fueron apilados en la parte trasera del camión (...) a las patadas”, detalló. “Los mismos integrantes de la brigada –agregó Luchina– dijeron que utilizaron trotyl y que se vanagloriaban de haber vengado a la Policía Federal (por un atentado realizado en julio de 1976 en la Superintendencia)”.

Por esta masacre, por lo menos tres represores quedarán expuestos en el banquillo ante la sociedad. “Con esta decisión del juez todo empieza a cerrar –celebró Varsky–, pero seguimos apostando a que se determinen todas las responsabilidades, desde quiénes privaron de la libertad hasta los apretaron el gatillo para cometer los fusilamientos.”