El acuerdo entre los delegados, el Gobierno y las empresas petroleras está pendiente de un hilo. Ayer, el cuerpo de delegados del sindicato convocó a asambleas de base en cada lugar de trabajo. Las reuniones se realizarán hoy desde las seis de la mañana, cuando comience a salir el sol y los trabajadores bajen de las Trafic que los llevan hasta los pozos donde se extrae el crudo. La convocatoria se debe al descontento que existe entre los obreros por la decisión de las empresas de no pagar el 100 por ciento de los días no trabajados por la huelga (fueron 18). Otro de los puntos conflictivos es la presencia de Gendarmería. Los gendarmes controlan los accesos a las baterías deshidratadoras de crudo, al tiempo que el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la policía hace cacheos antes del ingreso a las plantas. Los delegados podrían proponer un nuevo paro de 24 horas, sin cortar la ruta y con presencia en el lugar de trabajo.

La convocatoria de los petroleros confirma lo que había anticipado Página/12 hace dos días: que el acuerdo –del que no existe ninguna constancia escrita salvo la copia de un fax que el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, mandó al cura Juan Carlos Molina– no tiene demasiadas precisiones ni plazos. Y que en los temas antipáticos para las empresas, como el pago del 100 por ciento de las horas no trabajadas, se limita a dejar constancia de que el Gobierno hará gestiones al respecto.

Para los delegados, uno de los tres puntos del compromiso entre las partes consistía en que los trabajadores cobraran la totalidad de los días que duró la protesta. De hecho, uno de los elementos que facilitó el acercamiento final fue un fax firmado por la secretaria de Trabajo, Noemí Rial, según el cual el Gobierno se comprometía a “instar a las empresas” para que pagaran el 100 por ciento de los días no trabajados. Pero ni las empresas más chicas, ni tampoco Repsol, avalaron ese reclamo. Para las empresas, el acuerdo era pagar el “50 por ciento del salario básico” y el resto destinarlo a instituciones de bien público.

Los trabajadores reclaman que las empresas, Repsol o el Gobierno solventen el otro 50 por ciento de los días no trabajados. Si lo hace la patronal, el dinero terminará saliendo de la operadora española (porque deberá cubrir el aumento de los costos de sus proveedoras). “Para nosotros lo único válido es lo que leyó el cura. Y cuando manifestamos algo lo cumplimos”, dijo a Página/12 un representante de Repsol que centraliza la información de la compañía en la zona norte de Santa Cruz. Durante el anuncio del acuerdo, Molina dijo que el pago de las horas no trabajadas sería del “50 por ciento”. Los petroleros aseguran que el cura se comprometió a conseguir el pago del 100 por ciento.

Los miembros del cuerpo de delegados están analizando convocar a un paro. La idea sería parar en los lugares de trabajo, sin cortar la ruta. Sobre la entrada a la ciudad está instalada la Gendarmería, aunque ya no hay efectivos apostados en las banquinas. Hay que ver lo que sucede en la asamblea: entre los delegados reconocen que entre los petroleros hay descontento pero también cansancio y algo de temor. En la convocatoria a la asamblea figuran tres puntos: el rechazo a la presencia de la Gendarmería y las requisas; la advertencia del peligro que significa para las “violaciones a las normas de seguridad”; el cumplimiento del “convenio firmado” (que nunca llegó a firmarse), y la entrega de los tickets para canjear por comida que adeudan las empresas.

La exigencia de que la Gendarmería abandone los accesos a los lugares de trabajo no agradó demasiado a las autoridades políticas que la dirigen en el terreno. “Acá se olvidan de que hubo trabajadores que hicieron denuncias y contaron que los amenazaron con capuchas y armas. Pidieron tener tranquilidad de no ser amenazados nunca más. Y nosotros no hemos hecho ninguna requisa”, se defendió uno de los hombres que viajó desde Buenos Aires para dirigir a los gendarmes. La denuncia de los trabajadores reveló cortocircuitos y recelos entre los miembros de la Gendarmería y la policía provincial. Las tensiones expresan otras tensiones mayores entre el Presidente, de quien dependen las fuerzas federales, y el gobernador Sergio Acevedo, a quien reportan los azules.

“Queremos que nos dejen laburar tranquilos”, dice el delegado Luis Guineo. Junto con el soldador Mario Navarro, Guineo es uno de los miembros más conocidos del cuerpo de delegados. Navarro se ausentó varios días de Las Heras. Aunque trabaja en esta ciudad, vive en Caleta Olivia. Hoy comenzará un largo recorrido por tierra –sus compañeros no le consiguieron avión– hacia Buenos Aires. Se entrevistará con organizaciones sociales, partidos de izquierda, desocupados. Lleva un petitorio para juntar firmas en solidaridad con los petroleros.

La queja por las requisas generó rápidas reacciones entre los jefes de las fuerzas de seguridad. Desde Gendarmería salieron a despegarse y dijeron que esa fuerza no realizó ningún procedimiento de ese tipo. Fotógrafos y periodistas han podido observar controles en los accesos, aunque realizados por la policía provincial. Sobre la ruta 18, en el camino a Las Heras 3 –la batería deshidratadora de crudo más grande de la zona–, un grupo del GOE hizo bajar de una Trafic a los obreros que volvían de trabajar en remeras y jeans. Los registraron y les pidieron documentos. La escena sucedió en el paraje El Guadal, a 40 kilómetros del centro de Las Heras.