Presentaciones colectivas y denuncias de los familiares de desaparecidos ante las autoridades militares, judiciales y eclesiásticas; pancartas elaboradas por las Madres de Plaza de Mayo con fotos e historias de vida de sus hijos, planos de centros clandestinos dibujados por los sobrevivientes, cartas, solicitadas, comunicados de prensa, todos los testimonios de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep), los cuatro millones de fojas del archivo de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y los documentos de la Dirección de Inteligencia de Mendoza y Chubut. Todos estos papeles sumados permiten reconstruir gran parte de lo que ocurrió durante el terrorismo de Estado en Argentina, así como la posterior búsqueda de justicia. Por su importancia y para favorecer su conservación y difusión, organizaciones de derechos humanos y el Gobierno pedirán a la Unesco que estos documentos sean considerados “Memoria del Mundo”, es decir, patrimonio de la humanidad.

El programa “Memoria del Mundo” fue creado por la Unesco en 1992 para proteger el patrimonio documental mundial. En 1996 fue incorporado a ese registro el archivo del Virreinato del Río de la Plata del Archivo General de la Nación Argentina. En 2003, Chile presentó y logró la inclusión de sus documentos sobre la dictadura pinochetista. Ahora, el Archivo Nacional de la Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos, junto con administraciones provinciales y locales y organismos de derechos humanos, nominarán más de veinte fondos documentales –incluido el elaborado por la Conadep– para que sean incorporados a ese programa.

“La Memoria del Mundo es la memoria colectiva y documentada de los pueblos, su patrimonio documental que, a su vez, representa buena parte del patrimonio cultural mundial. Traza la evolución del pensamiento, de los descubrimientos y de los logros de la sociedad humana. Es el legado del pasado a la comunidad mundial presente y futura”, explicó a Página/12 Graciela Karababikian, coordinadora del programa Memoria Documental de Memoria Abierta, una agrupación formada por varios organismos de derechos humanos.

Si bien no existe –o no fue hallado aún– un archivo que contenga el destino de todas las víctimas del terrorismo de Estado en el país, desde el regreso de la democracia se conocieron diferentes documentos que, junto con información producida por diferentes organizaciones, reflejan los planes y la metodología de la última dictadura, así como la resistencia, las denuncias y la búsqueda de los familiares y de parte de la sociedad civil.

Los registros que se incluirán en la presentación son de tres tipos:

- Los producidos por organismos de derechos humanos y los personales, como los de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Servicio Paz y Justicia, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo o el de la madre de Plaza de Mayo de La Plata Adelina de Alaye. También hay papeles que no fueron producidos por esas agrupaciones pero que ellas consiguieron o tienen en custodia: Memoria Abierta posee el archivo con el que el ex fiscal Luis Moreno Ocampo trabajó durante el juicio a las Juntas.

- Los elaborados por aparatos represivos del Estado y recuperados luego para su análisis histórico o como prueba judicial, como el de la ex Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, la Dirección de Inteligencia de Mendoza, de Chubut o del Servicio Penitenciario de Santa Fe.

- Los producidos por el Estado en democracia: el archivo de la Conadep, donde constan las denuncias de familiares de desaparecidos, testigos de secuestros y sobrevivientes de los centros clandestinos de detención.

Los papeles

“La información pública y las cartas que llegan diariamente a la Asamblea para su información –y que ponemos a vuestra disposición– hablan de personas desaparecidas, de sometidos a torturas, de saqueos que se efectúan en domicilios allanados por fuerzas que se presentan como fuerzas de seguridad”, dice un memorial entregado por la APDH al dictador Jorge Rafael Videla el 7 de septiembre de 1978.

Entre los documentos que tienen en sus archivos los organismos de derechos humanos están las denuncias que ellos mismos produjeron, sus comunicados de prensa y solicitadas, con los que se puede rearmar la historia de la resistencia a la dictadura y la búsqueda de los desaparecidos. También hay cartas, poemas y fotos de las víctimas, que permiten reconstruir las historias de vida de quienes fueron secuestrados. Así como dibujos de los nietos que fueron recuperados por las Abuelas de Plaza de Mayo. Pero además, hay documentos represivos rescatados en diferentes causas judiciales.

Memoria Abierta custodia el archivo del ex fiscal del juicio a las Juntas Luis Moreno Ocampo, que será incluido en la presentación. Allí está gran parte de los papeles con los que se preparó la acusación a los ex comandantes de la última dictadura. “Boletín informativo para los Obispos Nro. 11/81”, está encabezado uno de ellos. Se trata de un informe que envió el Comando en Jefe del Ejército “para proporcionar elementos de juicio para las conversaciones que, de los contactos ordenados en la DECJE Nro. 506/77, mantengan las autoridades militares con los señores Obispos de su jurisdicción”. Allí se detalla, según la visión de la represión, la “evolución de las actividades de la delincuencia subversiva terrorista”: “Montoneros –se relata– se exteriorizó por medio de sus habituales métodos de propaganda escrita desde el exterior, siendo su público blanco los sectores más representativos del espectro social nacional y la utilización de las organizaciones de solidaridad, en especial su elemento de fachada: Madres de Plaza de Mayo”.

Pero el registro más completo conocido hasta el momento elaborado por los represores es el de la ex Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires. Los documentos de este archivo, que fue recuperado para su análisis en 1998, cuentan más de cuarenta años de persecuciones políticas: son 410 mil legajos relacionados con hechos y personas, desde fines de 1955 –aunque los papeles más antiguos, aunque aislados, son de 1932– hasta 1998.

Esos documentos permiten reconstruir cómo la represión se centró en quienes sucesivamente fueron catalogados por la policía bonaerense como “delincuentes sociales, políticos o subversivos”. El análisis que hizo la Comisión por la Memoria indica que en la década del ’60 empezaron a aparecer en el archivo las menciones a los “movimientos subversivos” y “delincuentes terroristas”, lenguaje que se generalizó en los años previos a la última dictadura militar. Entre los legajos de la ex DIPBA están los que detallan el seguimiento que se realizaba sobre los organismos de derechos humanos (Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Servicio Paz y Justicia, Centro de Estudios Legales y Sociales y Asamblea Permanente por los Derechos Humanos). Consta ahí, además, que el espionaje no se terminó con la dictadura: hay menciones a las marchas estudiantiles en homenaje a los desaparecidos en La Noche de los Lápices que se realizan todos los 16 de septiembre y a los reclamos de justicia por la desaparición del estudiante Miguel Bru y el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas.

Para garantizar la preservación de estos documentos, así como para difundirlos y de esta forma transmitir lo que ocurrió hace treinta años en el país, el Estado y las organizaciones de derechos humanos realizarán conjuntamente la presentación ante la Unesco, que se concretará en París en las próximas semanas. Luego, el organismo internacional deberá decidir si estos papeles pueden considerarse “Memoria del Mundo”, lo que implica –señaló Patricia Valdez, directora de Memoria Abierta– que “los archivos superan las barreras nacionales e involucran a toda la humanidad”.