La plaza de Las Heras, donde no es común oír ruidos ni ver mucha gente concentrada, mostró ayer un panorama distinto al habitual. Unas setecientas personas, petroleros del cuerpo de delegados disidente, reclamaron el retiro de la Gendarmería y exigieron que el acuerdo firmado con el Gobierno se aplique. El acuerdo garantizaba el reencuadramiento de los trabajadores de la construcción al convenio del petróleo y el compromiso del Ministerio de Trabajo de interceder para que las empresas pagaran el 100% de los días no trabajados. Ayer, los petroleros disidentes denunciaron que la línea oficial del sindicato, encabezado por Héctor Segovia, acordó con Repsol que los trabajadores que no se plegaron al corte de ruta cobrarán el 100%, mientras que los que participaron recibirán la mitad.

Los petroleros estuvieron acompañados por treinta personas que viajaron desde Buenos Aires –los dirigentes Gustavo Lerer (hospital Garrahan), Néstor Pitrola (Polo Obrero), Rubén “Pollo” Sobrero (ferroviarios), Santiago “Fredy” Gima (FUBA), Carlos Acuña (Zanón)– y también por manifestantes que llegaron de Caleta Olivia y Pico Truncado. La mayoría de los invitados eran de partidos de izquier-

da, principalmente del PO y el MST. Una parte de la delegación estaba compuesta por abogados y miembros de organismos de derechos humanos, como la LADH (vinculado al PC) y la Asociación de Profesionales en Lucha (del PO).

Uno de los oradores fue Luis Guineo, quien dialogó por teléfono con Página/12. “Acá siguen los apremios ilegales. Están agarrando a cualquier pibe con tal de hacer caer a alguno. Ellos quieren apretar sí o sí, porque los están apretando desde el poder político. El sindicato arregló para que le paguen el 100% a su gente y a la nuestra el 50%. Y la Gendarmería desapareció, no está por ningún lado. La que está actuando es la Brigada de Investigaciones (de Caleta Olivia)”, dijo. Los manifestantes anunciaron que pedirán una entrevista con el ministro Carlos Tomada, para reclamar el cumplimiento del acuerdo con las empresas y el Gobierno.

La intención es que la audiencia con Tomada sea el 28 de febrero. Hasta ahora ningún funcionario del Ejecutivo aceptó negociar directamente con el cuerpo de delegados. Para evitarlo fue que se incluyó al cura Juan Carlos Molina como intermediario. Por otro lado, el cumplimiento del acuerdo, hoy por hoy, es una entelequia difícil de concretar. Cuando se levantó la protesta, lo único que recibieron como garantía fue la copia de dos faxes que enviaron Tomada y su segunda, la secretaria de Trabajo Noemí Rial.

Mientras se realizaba la protesta, en el juzgado de Pico Truncado –que investiga el crimen Jorge Sayago– la jueza Graciela Ruata de Leone recibió el informe de la Brigada de Investigaciones, donde se mencionarían nombres de probables imputados. Hoy le dará vista al fiscal Walter Martínez (reemplazó a Sergio Gargaglione, que se excusó del caso), por lo que habría novedades. En Río Gallegos se confirmó el alejamiento del ministro de Gobierno, Claudio Dalle Mura, que Página/12 anticipó hace cinco días. El gobernador, Sergio Acevedo, había dicho que pensaba “revisar los niveles de conducción en los estamentos gubernamentales”.