Cuando en 1983 Raúl Alfonsín decidió formar la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), el entonces gobernador de La Rioja Carlos Menem convocó a un grupo de legisladores para que investigaran los delitos cometidos por el terrorismo de Estado en su provincia. La Comisión entregó el informe un año después, pero el documento nunca salió a la luz. Así comenzó una historia en donde incansables reclamos se toparon con los insólitos argumentos del gobierno provincial asegurando que el documento nunca existió. Los datos finalmente aparecieron veinte años después y, aprovechando el marco del 30º aniversario del golpe de Estado, la provincia decidió recuperar parte de su memoria al editarlo en un libro con la colaboración de varios historiadores.

En más de cien páginas, el “Nunca Más riojano”, como ya lo bautizaron algunos, recoge los testimonios de sobrevivientes y familiares de desaparecidos que permiten reconstruir cómo funcionó la dictadura en la provincia. Según relata Miguel Morales, ex presidente de la comisión y actual juez de instrucción de La Rioja, muchos de los casos fueron recogidos por el informe de la Conadep y la mayoría de los datos terminaron conociéndose, con lo que no entiende la actitud adoptada por el gobierno provincial de no querer publicar el documento. En total se realizaron tres copias, dos fueron para la Justicia y la tercera se entregó a Carlos Menem. La idea en ese entonces era incorporarlo al Archivo de la Memoria y darlo a conocer en una publicación similar a la de la Conadep. Sin embargo, eso nunca se hizo. Los organismos de derechos humanos le reclamaron al gobierno provincial pero siguió el silencio. En 2002, la legislatura aprobó un proyecto para dar a conocer la información. La respuesta de Angel Maza, que ya había asumido como gobernador, fue que el documento no existía.

Morales recuerda todas las dificultades que atravesaron. “El problema no sólo fue la negativa a publicarlo. También tuvimos que luchar para recoger la información. Había mucho temor. Era difícil pelear contra el silencio y recibimos muchas amenazas”, describe a Página/12. En total se recibieron un centenar de testimonios, que permitieron reconstruir la historia de unos treinta desaparecidos. Aunque se estima que hubo muchos más casos. La Rioja estaba bajo la jurisdicción del Tercer Cuerpo del Ejército, a cargo del represor y varias veces procesado Luciano Benjamín Menéndez. Su repartición abarcó diez provincias, incluyendo Córdoba. Según revela el documento, allí fue trasladado un gran número de detenidos aunque La Rioja también se valió de sus centros de detención. Los dos campos más grandes funcionaron en el Instituto de Rehabilitación Social y el Batallón 141 del Ejército, aunque las investigaciones revelaron que muchas personas fueron llevadas a comisarías y fueron interrogadas y torturadas durante meses.

Uno de los datos más interesantes que da a conocer el informes, es el funcionamiento de la Dirección de Coordinación y Enlace, un órgano creado directamente por el Ejecutivo para realizar inteligencia en toda la provincia. Fundamentalmente se centró en la órbita del Estado, lo que explica por qué la mayor parte de los desaparecidos son empleados públicos y personas del ámbito universitario. Sin embargo, sus redes también se extendieron a la Iglesia en lo que se transformó en una verdadera “caza de brujas” comenzada muchos años antes del asesinato del obispo Enrique Angelelli en 1976. El documento recoge casos desde 1968, como la detención de Antonio Gil “por el perfil subversivo de una de sus homilías”. Como teólogo de la liberación, Gil había hablado del hambre y los pobres.

A pesar de la resistencia que había ofrecido antes, el gobierno de Maza accedió a hacerse cargo de la edición, para la que fueron convocados varios historiadores. Se espera que el libro se publique el 24 de marzo. Aunque también se evalúa la posibilidad de una edición especial para el 4 de agosto, cuando se cumplan treinta años de la muerte de Angelelli.

Informe: Carolina Keve.