En vísperas de un posible incremento en el precio del gas natural comprimido (GNC), el Gobierno y los expendedores de ese combustible acordaron ayer mantenerlo congelado hasta el 31 de diciembre. La fórmula para sumar este pacto de caballeros a la serie de acuerdos con que el Gobierno intenta contener el índice de precios y, al mismo tiempo, desbaratar las expectativas inflacionarias, parece relativamente sencilla, aunque no tiene todos sus puntos definitivamente cerrados.

El Ministerio de Planificación se comprometió a revisar la modalidad de comercialización del gas, para evitar una posible discriminación de los productores en detrimento de los estacioneros “blancos” o sin marca. Pero, al mismo tiempo, arrancó de las cámaras que lo representan el compromiso de que éstos absorberán un ajuste del 16 por ciento que las petroleras le aplicarán desde el 1º de abril.

En realidad, el argumento oficial más persuasivo durante la reunión mantenida ayer entre funcionarios de aquella cartera y los expendedores fue recordarles que, a mediados del año pasado, éstos ajustaron el GNC a cuenta de un posible incremento que sufriría el gas boca de pozo, ajuste que finalmente no se aplicó. En otros términos: ahora tolerarían un aumento de costos, contra una suba “preventiva” que habrían aplicado hace unos meses.

Los productores de gas tuvieron la chance de ir aumentando el valor de su producto para acercarlo a un nivel similar al que tenía antes de la devaluación, a través de un “sendero” de aumentos que terminaba en julio del año pasado con un último incremento del 16 por ciento. Entonces, pudieron aplicarlo sobre los metros cúbicos que consumen industrias y grandes usuarios, pero no sobre el gas que tiene como destino final los usuarios residenciales ni el que compran los expendedores para elaborar el GNC, equivalente al 12 por ciento del consumo total del gas.

Según temían los estacioneros, con su ingreso al Mercado Electrónico del Gas (MEG), esa prerrogativa podría diluirse, en parte, porque se verían forzados a negociar directamente con los productores o comercializadores, básicamente sin el amparo estatal. A esto se sumó la preocupación de que aquellas firmas integradas como Repsol y Petrobras pudieran favorecer a las estaciones de su marca con un precio diferencial, que dejara a los que no integran esas redes fuera de competencia. La realidad es que el precio al público del GNC está desregulado, lo que le da cierto margen a cada estación para fijar un valor en función de su estrategia comercial y su estructura de costos.

El primer objetivo de De Vido fue ganar tiempo con el propósito de eludir el riesgo de un aumento sobre el combustible más económico, que hoy utiliza casi un millón y medio de vehículos en la Argentina. En función de esto, ayer dispuso que los expendedores de combustibles recién se integrarán al MEG desde el primero de abril y no mañana, como estaba originalmente previsto. En esos treinta días de margen, los contratos de los expendedores seguirán siendo administrados por las distribuidoras, a semejanza de lo que ocurre hoy, ya que son ellas las que les proveen el fluido. La apertura de ese período de excepción también servirá para que Planificación intente buscar algún mecanismo que impida aquella discriminación tan temida a favor de las estaciones que pertenecen a las petroleras integradas.

El propósito es firme, aunque la forma de alcanzarlo aún no está definida, entre otras cuestiones, porque el Estado tendrá que intervenir en un procedimiento que, justamente, se funda en respetar el juego de oferta y demanda. Entre las ideas que comenzaron a barajarse ayer en los despachos oficiales para concretar ese amparo solapado está la garantizar la realización de ofertas y pedidos anónimos, de modo tal que una productora no sepa si le está vendiendo a una estación de su red o a otra.

Un posible esfuerzo para mantener congelado el precio del GNC, según un acuerdo que por ahora es sólo de palabra.