Mié 01.03.2006

EL PAíS  › LOS GREMIOS DOCENTES ACEPTAN LA OFERTA BONAERENSE

Descolgando los guardapolvos

El Frente Gremial Docente consideró “aceptable” la propuesta salarial del gobernador Felipe Solá que eleva el sueldo inicial a 840 pesos y otorga 100 pesos remunerativos, además de incorporar 50 al básico.

El conflicto docente en la provincia de Buenos Aires quedó a un paso de una solución, luego de que los dirigentes gremiales evaluaran como “aceptable” la oferta de aumento salarial que ayer les hizo el gobernador Felipe Solá. Aunque todavía resta que la asamblea del gremio acepte oficialmente la propuesta, los sindicatos y la gobernación dan por hecho que el lunes las clases van a comenzar con normalidad en todo el distrito.

Solá se reunió con la cúpula del Frente Gremial Docente y le propuso subir el salario inicial a 840 pesos, incorporar los 50 pesos de presentismo al sueldo básico y agregar al paquete los cien pesos que el gobierno nacional ofreció como suma fija y transformarlos en remunerativos. La oferta incluyó la garantía de que ningún maestro cobrará menos de 840; en los casos en que el aumento no alcance para llegar a esa cifra, se dispondrá una suma adicional.

La mejora implica entre 100 y 250 pesos de suba, de acuerdo con la antigüedad y el cargo del docente. Para un docente que recién se inicia en la carrera el aumento se acercará, por cuatro horas de trabajo diarias, a los 160 pesos.

El titular del Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación Bonaerense (Suteba), Roberto Baradel, consideró positivo el planteo.

“El Gobierno accedió a los parámetros de discusión planteados por el Frente Gremial”, evaluó Baradel, quien se mostró confiado en que las clases comenzarán en la fecha prevista. “El reclamo estaba centrado en eliminar los pagos en negro, conseguir que la mejora llegara a los jubilados y no achatar la escala. Al comienzo de la negociación, éste fue uno de los problemas, porque un docente con 10 años de antigüedad pasaba a cobrar lo mismo que el que recién se inicia. Ahora, eso ha sido modificado.”

Suteba realizará entre hoy y mañana una ronda de consultas y tomará una definición formal el viernes, en un plenario.

Por su parte, Mirta Petroccini, titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), calificó la propuesta como “muy aceptable”. De todas maneras, consideró que el acercamiento “todavía no es categóricamente un acuerdo”.

En esta situación, Solá dio por descontado que el lunes comenzarán las clases para los 4.500.000 alumnos de la provincia. El gobernador agregó que había solicitado a sus funcionarios “que hicieran un máximo esfuerzo para mejorar la oferta” anterior, que el jueves pasado había sido rechazada.

En la reunión con los gremios, el gobernador estuvo acompañado por la directora general de Escuelas, Adriana Puiggrós, el ministro de Economía, Gerardo Otero, el titular de la cartera de Trabajo, Roberto Mouillerón, y el jefe de Gabinete, Mario Oporto.

El titular de Hacienda estimó en 650 millones de pesos la inversión que supondrá implementar esta mejora salarial. La suba, que abarca a 260 mil trabajadores, se trasladará a su vez a los jubilados del sector, que perciben, según los casos, haberes de entre el 70 y el 85 por ciento del básico. El aumento para los jubilados rondaría, según los cálculos del gremio, los 130 pesos.

Con el nuevo esquema salarial, la porción del presupuesto que destinará este año la provincia a la educación será del 36 por ciento, partida de la que, según los funcionarios, se utilizarán fondos para dar capacitación gratuita, y en servicio, a los docentes.

Un punto que ayudó a la buena recepción de la oferta es que incluyó un compromiso de abrir convenciones colectivas. Los maestros quieren establecer allí la prohibición de cambios unilaterales en su estatuto, algunos de cuyos artículos fueron modificados sin consulta por parte del Estado en épocas de ajuste.

Los sindicatos también están discutiendo con el gobierno una fórmula que deje la actividad docente por fuera de los servicios considerados esenciales, para que no pesen sobre ellos limitaciones al derecho de huelga. El punto fue debatido en la paritaria de los estatales con la provincia. El criterio que buscan imponer los sindicatos es que no hay un marco legal que permita declarar la educación como servicio esencial, ya tal cosa no figura en las leyes nacionales ni en ningún documento de la Organización Mundial del Trabajo.

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