“Vamos a marchar sin escraches, en paz, con tranquilidad, sin violencia.” Con un megáfono en la mano, Franco Catrihuala aconseja a sus vecinos en el medio de la plaza. Su hermano Darío está detenido en Puerto Deseado, imputado de haber participado en el crimen del policía Jorge Sayago. Catrihuala es uno de los organizadores de las marchas en repudio a la actuación de la policía de Santa Cruz, en especial del tan temido Grupo de Operaciones Especiales (GOE). Junto con otros familiares de detenidos, como Violeta Gómez y Armando Pérez, están convocando a la tercera marcha de protesta por el procedimiento de los policías. Gómez y Pérez son los padres del chico de 14 años que fue liberado tras estar tres días preso en la comisaría primera. “Tienen que traer gente capacitada para investigar, para buscar al responsable. No gente que está preparada solamente para golpear”, cuestiona Pérez.

La movilización recorre unas quince cuadras por el centro de Las Heras. Algunos participantes vuelven a relatar sus experiencias de agresiones y golpizas. Detrás de una bandera argentina, caminan unos cien vecinos y los sigue una caravana de autos de una cuadra de extensión. Son familiares de presos, hombres que fueron detenidos por averiguación de antecedentes y luego liberados, trabajadores de empresas petroleras, miembros del cuerpo de delegados del sindicato. Como se acordó antes de partir, los manifestantes van en silencio. Sólo aplauden cuando pasan frente a la casa de algún legislador: es una señal de protesta. “¿Dónde estuvieron los políticos cuando los necesitamos?” es el significado de los aplausos. Lo explican los protagonistas.

El reclamo esconde una interna del kirchnerismo local: los manifestantes critican a los dirigentes vinculados con el intendente José Luis Martinelli, un radical que se pasó al Frente para la Victoria de Santa Cruz, pero elogian a la concejala Roxana Totino, del Partido de la Victoria. Martinelli está cerca del gobernador Sergio Acevedo, Totino no. El día de la refriega ante la comisaría, cuando Sayago fue muerto, Totino acompañó la movilización que reclamaba la liberación de Mario Navarro. El intendente no quiso negociar con los petroleros rebeldes. ¿Son sólo estas diferencias políticas las que se notan en la calle? Porque mientras la marcha camina por la avenida Perito Moreno, mucha gente mira en silencio desde los comercios y los autos. Apenas el chofer de una camioneta saluda con el pulgar para arriba. Los demás miran.

Las diferencias se pueden resumir con un dato. Unas horas antes de que comenzara la movilización, unos cuarenta empresarios y comerciantes de la zona –propietarios de negocios, empresas petroleras y estancias que se dedican al ganado ovino– se reunieron con el intendente y el jefe de la policía provincial, Wilfredo Roque. Pidieron que la Gendarmería se instale definitivamente en Las Heras y que se aumente el complemento de 42 policías que se desempeñan en forma permanente en la ciudad. También solicitaron controles policiales en las rutas. El intendente les prometió que destinará un terreno municipal para que la Gendarmería asiente viviendas desmontables, al estilo de un container. Desde hace semanas, los petroleros reclaman el retiro de los gendarmes.

Pero en estos días la polémica está más concentrada en la policía provincial y no tanto en la Gendarmería. Los vecinos denuncian maltratos y golpizas en los procedimientos. Página/12 pudo escuchar algunos testimonios. José “Quico” Barría, aficionado a la caza de liebres, fue detenido el viernes, en medio de la primera oleada de allanamientos que ordenó la jueza Graciela Ruata de Leone. Fue liberado horas después. Su familia dice que la detención les hizo acordar a la dictadura. El caso que más conmovió a la ciudad fue la detención del hijo menor (y menor de edad) de los mendocinos Violeta Gómez y Armando Pérez, de 14 años. El viernes a las siete de la tarde, el adolescente fue aprehendido junto con su padre y dos hermanos mayores, Eric y Alexis Alihuen.

El padre y Eric fueron liberados seis horas después. Alexis sigue detenido en Puerto Deseado, ya que, según la jueza, estaría vinculado al homicidio. El menor fue liberado el lunes. “A mi hijo lo tuvieron incomunicado tres días siendo menor. Yo ese día estaba afuera y cuando llegué estaba todo dado vuelta y mi hijo menor llorando. Fui a la comisaría a preguntar por qué habían detenido a un chico de 14 años. Me dijeron que si no me callaba me iban a detener a mí también”, cuenta Gómez, la madre. Por su parte, Eric denuncia torturas. “Me pusieron una toalla en la cabeza y me pegaban piñas en la cabeza y la espalda. Yo les decía que no le peguen a mi hermano, que era chico, y por eso me pegaban más. A mi viejo le sacaron el hombro de lugar. Fue muy feo. Todos saben que mi hermano tiene 14 años”, relata Eric, que vive de “changuitas de soldador”.