Están clavadas alrededor de la comisaría. A intervalos regulares, de dos metros. Forman un perímetro imaginario que separa al edificio del espacio circundante. Son vigas de madera que en unos días se transformarán en un cerco con alambre y rejas. Hace una semana no estaban, ni, obviamente, la madrugada del 7 de febrero, cuando una multitud se concentró frente a esa comisaría para reclamar la liberación de Mario Navarro. Aquella noche fue asesinado el policía Jorge Sayago. El episodio alteró la vida cotidiana de Las Heras. La ciudad está cambiada por la investigación judicial. Los cinco detenidos son de la comunidad, uno es puntero del PJ, dos trabajan en empresas vinculadas al petróleo. La presencia de la Gendarmería divide las opiniones. Y los procedimientos de la policía, que incluyeron golpes y maltratos, derivaron en tres marchas de silencio –hoy a las 16 se hará la cuarta– que recorren las calles ante la indiferencia de los demás vecinos.

La puerta de chapa de la comisaría sigue mostrando las huellas de la refriega. Se ven los círculos de fibra indeleble que marcan los impactos de bala (según los peritos en criminalística de la policía, fueron 130). Detrás de la puerta hay algo nuevo. Sobre un pilar de cemento, hay una pecera de vidrio que contiene una copia de baja calidad –parece una fotocopia color– de una foto de Sayago. Al lado hay dos ramos de rosas artificiales y una estatua en yeso de la virgen María vestida como una reina con su hijo en brazos. Las ofrendas florales fueron dejadas allí por los participantes de la marcha que organizó la esposa del policía, Lorena Castro, para pedir el castigo a los culpables. Fue hace quince días. Fueron cuatrocientas personas, muchos comerciantes, empresarios, todos los policías de la zona. Castro vive en Gobernador Gregores, 461 kilómetros al sur de Las Heras.

La ciudad no tiene mucho movimiento ni agitación. Es una de las quejas constantes de los adolescentes. En la escuela EGB 53, levantada sobre un complejo habitacional fundado en 1985 por el entonces gobernador Arturo Puricelli, ya no se oye tanto silencio como a fines de febrero. Hace una semana comenzaron las clases, pero hay cosas que no cambian. En la pared del patio central hay dos pintadas. “Amigos, vivimos en la tierra del sufrimiento”, dice la primera. La firma “Mel” y se identifica como “Punk”. Al lado un tal “Enrique A” escribió “Las Heras pueblito fantasma”. ¿Son protestas por una vida demasiado quieta? ¿O lamentos por los recientes episodios, que según dos periodistas de la zona, están dividiendo la otrora apacible y pacífica ciudad?

Esa hipótesis es la que sostiene Aníbal Rivero, docente, colaborador del diario La Prensa de Santa Cruz y secretario de prensa del municipio. Está preparando una nota que llevará un título elocuente: “El día que Las Heras perdió la inocencia”. Su idea es que la ciudad tuvo un pasado de fraternidad y paz, cuando sus pobladores eran pocos y se dedicaban a la ganadería, y que todo se fue perdiendo a medida que la economía local giró hacia el petróleo. Entonces comenzaron a llegar los nuevos inmigrantes. Y con ellos, los conflictos. Carlos Figueroa, editor del único medio gráfico, el semanario La Ciudad, está alarmado por el presente del pueblo. En el último número firmó un editorial que suena alarmista: “Las Heras vive hoy la interna más profunda de su historia”.

El pasado mítico parece haber quedado bien lejos. Cuatro marchas recorrieron la avenida Perito Moreno –donde están el casino y los bares– en las últimas dos semanas. Una fue convocada por la viuda de Sayago, las otras tres por las familias de los detenidos. Uno por esos familiares es Franco Catrihuala, dueño de una gomería. Su hermano Darío es uno de los detenidos. El viernes 24 de febrero, la Brigada de Investigaciones de Caleta Olivia allanó su negocio. Lo confundieron con su hermano y, según testigos, lo golpearon y patearon. “Este es el momento de reflexionar para todos. Tenemos que defender al pueblo. Sin unión no vamos a llegar a ningún lado”, dice Catrihuala.

Las marchas de los familiares no superan las trescientas personas. La que convocó la esposa de Sayago reunió a cuatrocientas. Catrihuala está descontento porque en la protesta frente a la comisaría para pedir la liberación de Navarro hubo casi dos mil personas. Aquella vez muchos sólo fueron por curiosidad. Las familias de los detenidos cuentan con el apoyo del Comité de Mujeres. Son treinta esposas de delegados y trabajadores del petróleo. Se hicieron conocidas cuando difundieron una carta en la que se quejaban porque a sus maridos se los trataba como delincuentes. Ese texto se difundió al día siguiente que la cuñada de Sayago hiciera circular una carta de la hija del policía, Marcia. La fotocopia de esa nota, que lleva como firma la huella de la pequeña mano de la niña, está pegada en las vidrieras de muchos negocios.

Sandra Izaguirre forma parte del Comité de Mujeres. Está casada con un delegado, Avelino Andrade, de la empresa Indus (uno de los lugares más conflictivos, porque allí trabajan 50 personas bajo el convenio de la construcción que hacen “trabajo petrolero”. Fue por ellos que los delegados reclamaron el reencuadramiento sindical). Por iniciativa de Izaguirre, las mujeres organizaron una cadena telefónica para enterarse rápido en caso de nuevas detenciones. “Nos sirve para que los allanamientos se produzcan como marca la ley. Y también para que los vecinos se acerquen a mirar los procedimientos, como testigos”, dice. Izaguirre estuvo el viernes en el de la casa de María Vargas, una conocida pastora evangélica del barrio Primero de Mayo.

Otra familia que convoca a las marchas de silencio es el matrimonio de Armando Antonio Pérez y Violeta Gómez. Mendocinos, viven en el barrio Güemes y llegaron a Las Heras hace cuatro años con sus hijos Eric, Alexis, Armando Ezequiel, de 14 años, y el más chico de diez. En la tarde del viernes 24 de febrero, el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la policía detuvo al padre, a Eric, a Alexis –ambos mayores de edad– y al adolescente. Los cuatro fueron golpeados. Armando Antonio quedó con el hombro dislocado. Lo soltaron con Eric a la noche y Armando fue liberado tres días después. Alexis, que trabaja en la Electrificadora Del Valle, empresa que instala cables de alta tensión para Repsol, sigue detenido.

“A mi hermano lo golpearon durante todo el viaje a Puerto Deseado (donde está detenido con otros cuatro imputados por el homicidio de Sayago)”, cuenta Eric. “En un momento abrieron la puerta de la camioneta y amenazaron con tirarlo a la ruta. También le preguntaron si sabía nadar, porque lo iban a arrojar a un tanque. Y me contó que a Cortez y a Catrihuala los golpearon tanto que cuando llegaron a Puerto Deseado el comisario les tuvo que dar una inyección, porque no se podían tener en pie”, dice. Los Pérez presentaron una denuncia ante la jueza de instrucción de Pico Truncado, Graciela Ruata de Leone. La jueza, que está a cargo de la instrucción del caso, aseguró a este diario que seguirá el tema con atención.

Inocencia perdida

En las marchas de los familiares suelen estar los delegados. En la última participaron varios, aunque no Navarro, quien se mantiene en un bajísimo perfil. También hubo militantes de izquierda llegados de Buenos Aires y gente vinculada a la concejal Roxana Totino (del Partido de la Victoria, enfrentada al intendente ex radical, flamante kir- chnerista, José Luis Martinelli. Esa pelea expresa otra más grande, silenciosa pero inexorable, entre el gobernador Sergio Acevedo y el presidente Néstor Kirchner). La pluralidad se refleja en la calle, donde se percibe cierta disputa por el contenido político y simbólico de las manifestaciones. Mientras Catrihuala pedía que no se hicieran escraches frente a las casas de los dirigentes alineados con el intendente, como el diputado por el pueblo Dardo Alonso, un joven repartía volantes de Democracia Obrera contra las “tropas de ocupación”.

Mientras la atención parece concentrada en la investigación –sobre todo en la posibilidad de que haya más detenidos–, los delegados reciben una seguidilla de malas noticias. Ya pasaron dos semanas del levantamiento del corte de ruta. Aquel viernes, quizá presionados por el costo político que implicaba la muerte de Sayago, aceptaron un acuerdo con el Gobierno y las empresas. De los tres puntos, dos no se están cumpliendo. Uno era el compromiso del Ministerio de Trabajo para que los petroleros cobraran los días de paro. La mayoría de los delegados y de los obreros que apoyaron la protesta no lo están cobrando. Otros tienen problemas más graves. A Héctor Cabana, delegado de la empresa El Cóndor –denunció apremios ilegales de la policía–, no le permiten retornar a su puesto de trabajo.

El problema más inmediato es el reencuadramiento de los trabajadores afiliados a la Uocra. “Ayer llegó una delegación del Ministerio de Trabajo mandada por el jefe de Gabinete de Tomada. Eran inspectores que vinieron para supervisar si los que piden cambiar de convenio cumplen tareas de petroleros. En las empresas hicieron toda una puesta en escena con bolsas de cemento. Quieren impedir el reencuadramiento”, denuncia la abogada Raquel Coronel. “Presionaron a tres compañeros de la Uocra y los mandaron a hacer hormigón”, coincide Luis Guineo, del sector rebelde del gremio. Entre los disidentes hay desconfianza con la Uocra local: creen que no están muy conformes ante la posibilidad de perder 200 afiliados.

Esta semana promete turbulencias. El miércoles vence el plazo para que la jueza procese o dicte la falta de mérito a los cinco detenidos. El viernes se cumple el período que tiene el Ministerio de Trabajo para expedirse sobre el encuadramiento en otro convenio colectivo. La ciudad que alguna vez fue muy tranquila comenzará la semana con otra marcha por la liberación de los presos. Los vecinos intentan acostumbrarse a los nuevos tiempos. Pero no es muy fácil.