Casi nueve mil denuncias ante las comisarías de la mujer en un solo año (2005). 750 mil abortos clandestinos al año. 1284 mujeres asesinadas desde 1997 al 2003, seis veces más que en toda España en ese mismo período. Las cifras forman parte de la realidad cotidiana de la provincia de Buenos Aires. Provienen de informes periodísticos y de la subsecretaría de prevención del Ministerio de Seguridad bonaerense. Con cifras de esa magnitud, ¿alguien podría imaginarse que en esa provincia no existe un organismo dedicado específicamente a la situación de la mujer? Seguramente no. Pero así es: en el gobierno bonaerense no existe un Consejo de la Mujer, como funciona a nivel nacional. Esa omisión podría subsanarse en un plazo no muy largo. El lunes pasado, la diputada provincial Laura Berardo (Frente para la Victoria) presentó un proyecto en la Legislatura para que se cree el Consejo provincial de la Mujer. “Tenemos que recuperar un espacio propio de la mujer”, dice a Página/12, a dos días que se celebre el Día Internacional de la Mujer.

Laura Berardo tiene 33 años, es trabajadora social y milita desde hace diez años en la Corriente Patria Libre. En 2001 se sumó a Barrios de Pie, el movimiento de desocupados impulsado desde aquella organización partidaria. Hasta diciembre de 2005 trabajó en la coordinación regional del Ministerio de Desarrollo Social bajo las órdenes de Alicia Kirchner. Hoy es diputada provincial, electa por el kirchnerismo, y preside la Comisión de Seguridad de la Cámara baja. Berardo pretende que la provincia vuelva a tener un organismo con mayor jerarquía –y presupuesto, claro– que se dedique puntualmente a la situación de la mujer.

La iniciativa que se presentó en la Legislatura propone que el nuevo organismo esté integrado por cuatro representantes de la gobernación, dos del Poder Judicial, cinco del legislativo, tres por las universidades públicas y ocho por organizaciones sociales y ONG comprometidas con la problemática. Al mismo tiempo, plantea que ese organismo sea asistido por un consejo consultivo, integrado por representantes de la cultura, partidos políticos, organizaciones profesionales, académicas y de género. El proyecto está siendo discutido en el gobierno bonaerense, puntualmente en la Secretaría de Derechos Humanos que encabeza Edgardo Binstock.

Desde fines de los ’80, el área de la administración provincial que debería resguardar los derechos de la mujer cambió muchas veces de nombre. El cambio de denominación expresa determinadas cosmovisiones ideológicas. Durante el gobierno de Antonio Cafiero hubo un área de la mujer. Con la llegada de Eduardo Duhalde esa repartición se transformó en el Consejo de la Familia y Desarrollo Humano, luego convertido en Ministerio de Desarrollo Humano. Desde esa repartición se puso en marcha el plan de las manzaneras y los programas de asistencia alimentaria. Actualmente, esa cartera –de la que depende toda la política social de la gobernación– no tiene ninguna secretaría que se encargue exclusivamente de la mujer.

–¿Qué busca con el proyecto para crear el Consejo de la Mujer?

–En este momento del país hay que institucionalizar los procesos sociales para la recuperación de la Argentina. Queremos construir otro Estado, que debe abordar los problemas más integralmente, con participación. Las organizaciones sociales logramos construir poder popular, ahora llegó el tiempo de que esas experiencias tengan un lugar institucional. Por eso proponemos crear el Consejo provincial de la Mujer. Queremos crear un organismo que tenga participación, que contenga a referentes académicos, legislativos, de las organizaciones sociales. En la Argentina se creó un programa de salud reproductiva, pero en muchos casos, falta que llegue a las salas de atención primaria del conurbano.

–¿Cuáles son los problemas más graves de la problemática de género en la provincia de Buenos Aires?

–Observamos como una problemática fuerte y lo que caracteriza a las relaciones de género, por su invisibilidad, son la violencia familiar y los abortos clandestinos. Son temas que se ocultan, sobre los que no se da debate. Sí se han generado políticas, hemos logrado algunas cosas, como las leyes de violencia familiar. La instalación de las comisarías de la mujer es un paso, porque en las comisarías comunes no había escucha: había maltrato y doble victimización de las mujeres. Después de sufrir abusos o violaciones, volvían a ser maltratadas por los policías.

–¿Y qué es lo que falta?

–Hay que mejorar la capacitación. Aunque esa es una deuda que nos excede al gobierno provincial y a los legisladores. Tenemos que pensar las políticas sociales desde una perspectiva de género. ¿Cuánto estamos asistiendo a las mujeres? ¿Cuánto estamos haciendo para prevenir y evitar los embarazos adolescentes? Hay que trabajar para ayudar a las mujeres que se enfrentan a determinadas situaciones y desean realizarse un aborto en condiciones seguras. Además, violencia familiar no es sólo golpes y abusos. Es también cómo criamos a nuestros hijos, que durante la crianza de los hijos la mujer y el hombre tengan igualdad de oportunidades para desarrollarse en otros aspectos. Hay que institucionalizar este debate.

–¿A qué se refiere?

–A lo que se ha ido construyendo culturalmente. Las mujeres tenemos muchas capacidades, mucho para aportar en la sociedad. No sólo con la crianza de los hijos; también en un rol social y político. Por ejemplo, en 2001, frente a la crisis del Estado, las primeras que salieron a la calle, a pensar en cómo resolver las necesidades, fueron las mujeres: con los comedores. Y en la historia argentina tenemos varios ejemplos: las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, lo que significó Evita.