Luego de un largo compás de espera, volvió a activarse la megacausa por las violaciones a los derechos humanos cometidos en el ámbito de la Escuela de Mecánica de la Armada durante la última dictadura militar. El juzgado federal de Sergio Torres dispuso una batería de medidas entre las que incluyó un nuevo pedido de captura contra el enfermero Juan Lorenzo “Jeringa” Barrionuevo, detenido en diciembre de 2003 y excarcelado por la Cámara Federal. En el mismo paquete, Torres dispuso nuevas indagatorias para hoy y mañana a Alfredo Astiz, Juan Carlos Rolón y Jorge Radice, entre otros marinos. En la misma saga, el juzgado ordenó capturas internacionales, una extradición y cerró y elevó a juicio oral y público la instrucción contra el ex prefecto Héctor Antonio Febres, que será el primer represor vinculado con la megacausa ESMA en llegar a juicio oral.

Casado, de profesión enfermero, Juan Lorenzo Barrionuevo tiene su domicilio legal aún en la sureña localidad de Ushuaia. Allí vivió hasta diciembre de 2003 reconvertido como diputado provincial que, en privado, se jactaba de haberse desempeñado como enfermero de la ESMA. Barrionuevo quedó detenido por primera vez ese mismo año, pero meses más tarde la Cámara de Apelaciones dispuso la excarcelación porque las imputaciones por “tormentos” acumuladas hasta ese momento contra el enfermo eran, según el tribunal, delitos excarcelables.

La ampliación del nuevo procesamiento y el pedido de detención incluye ahora la figura de torturas con penas previstas de 8 a 25 años de prisión por los casos de los ex detenidos Carlos Gregorio Lordkipanidse y Víctor Melchor Basterra. De acuerdo con lo que consideró el juez, “no sólo los oficiales de alto rango de la Armada cumplían una función dentro de la Escuela Mecánica de la Armada, sino que otros subalternos de inferior jerarquía, también tenían su función”. Así, Barrionuevo “formaba parte del aparato represivo organizado por la Armada para la ‘lucha contra la subversión’”. Su tarea no consistía en “preservar la salud de los secuestrados, sino en prolongar sus vidas para que pudieran continuar con el interrogatorio”. Al pedido de prisión y aumento de las penas, el juez sumó una ampliación de la medida cautelar del embargo sobre los bienes por una suma de 100 mil pesos.

En otra de sus decisiones de peso, Torres admitió el requerimiento de elevación a juicio para el ex prefecto Héctor Antonio Febres, que aunque era hombre de la Prefectura se desempeñó entre el Grupo de Tareas represivas que operó desde la ESMA. Febres, torturador y detenido en la base naval de Campana, en la provincia de Buenos Aires, por el Plan sistemático de apropiación de bebés, será el primero de la megacausa ESMA que pasará a la instancia de juicio oral. El sumario sobre su caso se cerró sobre los hechos que damnificaron a Carlos García, Alfredo Julio Margari, Josefa Prada de Olivieri, Carlos Gregorio Lordkipanidse y Raimundo Aníbal Villaflor.

Hoy y mañana el juzgado programó nuevas audiencias para imputados de la megacausa. A partir de las 8 comenzarán a desfilar por los tribunales de Comodoro Py el ex capitán naval Raúl Enrique Scheller alias “Pingüino”, Eduardo González y Julio César Coronel y Néstor Omar Savio, personal de la Armada Argentina en actividad que a través de un pedido del juez girado al Ministerio de Defensa deberá ser detenido para presentarse a primera hora de hoy en el tribunal. Para un día más tarde, Torres citó a otros cuatro represores. Se trata de Jorge Carlos Radice, Jorge Enrique Perren, Ernesto Frimon Wheber y Juan Carlos Rolón, excarcelado en junio de 2005 y vuelto a detener un mes más tarde por orden de Torres en el marco de la causa por la desaparición de Rodolfo Walsh.

En el marco de la misma megacausa reabierta en 2003 con la anulación parlamentaria de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, Torres formalizó dos pedidos internacionales de capturas. El pedido recayó sobre Juan Carlos Linarez y Roberto Oscar González, declarados en rebeldía en la causa ESMA y en la causa conocida como expediente Walsh. Por ese motivo, dispuso su “captura nacional e internacional” con solicitudes presentadas ante la policía e Interpol, entre otros organismos. En el marco de la misma causa Walsh, Torres pidió la extradición de Juan Carlos Fotea, detenido recientemente en España.

La suma de nuevas disposiciones alcanzó el nombre de Alfredo Astiz. Torres lo convocó a una nueva declaración indagatoria el jueves 9 de marzo. Esta vez será interrogado en relación con los hechos sufridos por Ricardo Coquet, María Inés Imáz de Allende, Alfredo Julio Margari y María Eva Bernst de Hansen. Finalmente, el juzgado decidió ampliar el procesamiento y mantener la prisión preventiva de Scheller, ex jefe de Inteligencia del Grupo de Tareas que operaba en la ESMA. Torres lo consideró prima facie autor penalmente responsable de torturas contra los ex detenidos de la ESMA Carlos García, Carlos Muñoz y Daniel Oviedo. En el mismo oficio, el juzgado decidió ampliar el monto del embargo sobre sus bienes a tres millones de pesos.