“Acá empieza el proceso en el que el represor (Luis) Patti tendrá la posibilidad de defenderse que no les dio a sus víctimas”, sintetizó el diputado Remo Carlotto apenas concluyó la primera reunión de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento en la Cámara de Diputados, que analizará las impugnaciones presentadas en contra del ex subcomisario y diputado electo para inhabilitar su asunción en la banca. Ayer, los diputados de Patti, del Partido de Unidad Federalista (Paufe), intentaron que los cuestionamientos fueran rechazados in limine, pero fracasaron.

Los dos diputados del Paufe, Nélida Mansur y Adriana Tomaz, lograron la adhesión de los dos legisladores de PRO que integran la comisión, Pablo Tonelli y Jorge Vanossi, y también de la ex duhaldista Mirta Pérez, que accedió a la Cámara por un acuerdo entre Alberto Pierri y Aldo Rico. El paufista Juan Carlos Bonacorsi intentó rechazar la apertura del proceso que apunta a evitar que Patti asuma como diputado, pero el flamante presidente de la comisión, el kirchnerista tucumano Gerónimo Vargas Aignasse, lo interrumpió y le explicó que no era el momento de presentar los argumentos de la defensa.

Sin embargo, el macrista Vanossi pudo explayarse en el mismo sentido que iba a hacerlo Bonacorsi. El ex ministro de Justicia indicó que según el Registro Nacional de Reincidencia Patti no tiene antecedentes penales, por lo tanto es una “cuestión de puro derecho” y no correspondería siquiera analizar las impugnaciones presentadas. Sin embargo, más allá de que la comisión no lo consideró pertinente, una fuente de la comisión explicó a Página/12 que “ese registro no está actualizado”. De hecho, este diario comprobó que Patti tiene un procesamiento confirmado por la Cámara Federal en la causa por la Contraofensiva Montonera, dictado por el juez federal Claudio Bonadío. Vanossi también invocó sin éxito que Patti no fue impugnado al momento de su candidatura.

En el mismo sentido, intervino el murphista Tonelli invocando el antecedente del caso de otro represor, el ex gobernador de Tucumán Antonio Domingo Bussi. Según recordó este diputado, a pesar de que la Cámara de Diputados en 2000 le impidió asumir, tal como ocurrió en diciembre con Patti, la Cámara Nacional Electoral y la Corte Suprema, en su anterior conformación, le dieron la razón a Bussi. En este sentido, Carlotto explicó a Página/12 que la cuestión de fondo, respecto de si la Cámara tiene atribuciones para evaluar la idoneidad moral de sus miembros, está siendo estudiada por la nueva Corte, y hay un dictamen del procurador general Esteban Righi que indica que sí las tiene cuando se trata de cuestionamientos por violaciones a los derechos humanos.

Son cuatro las impugnaciones contra Patti, que fueron presentadas por los diputados Miguel Bonasso junto a Araceli Méndez de Ferreyra, acompañada por Ariel Basteiro, Remo Carlotto con el apoyo de Claudio Lozano, la diputada Diana Conti y el diputado Carlos Tinnirello. Hasta el viernes tienen tiempo para presentar ante la comisión la “viabilidad” de las pruebas que ya habían ofrecido. A partir del lunes, el impugnado Patti tendrá 10 días hábiles para responder y ofrecer las pruebas de su “habilidad moral”. Y luego la comisión se tomará 15 días hábiles para determinar la pertinencia de esas pruebas y el modo en que serán producidas. Se tratará de posibles declaraciones de testigos, pedidos de documentación e incluso peritajes.

Según explicó Vargas Aignasse, lo inédito que establece el reglamento que reformaron es la posibilidad de que el impugnado pueda estar presente durante la etapa de las pruebas y en la audiencia de alegatos. Esta se produciría a mediados de abril y en ese momento cada impugnante contará con 90 minutos para fundamentar su posición, mientras que Patti tendrá 120. Según el reglamento de la Cámara, el proceso tiene que estar terminado antes de 90 días.