El secretario de Seguridad Interior, Juan José Alvarez, consiguió frenar la avanzada desatada por el ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, y el jefe del Ejército, general Ricardo Brinzoni, para fusionar ambas carteras y permitirles a los militares inmiscuirse en tareas de seguridad interna, faenas expresamente prohibidas por las leyes vigentes. Dicho embate tiene, además, una pata política. Varios miembros del gabinete, algunos gobernadores y legisladores creen que el Gobierno debe endurecerse ante la protesta social. El primer paso sería dar un golpe contra Alvarez, el primer obstáculo para reprimir la protesta social con brutalidad. Por ahora, Eduardo Duhalde se ha mostrado de acuerdo con la política de su secretario, al que le adjudica uno de los pocos logros de este gobierno: desde que asumió, no se ha asesinado a ningún manifestante social, mérito con que no cuentan Fernando de la Rúa, ni Ramón Mestre, ni el encarcelado Enrique Mathov.
Semanas atrás, Horacio Verbitsky reveló en Página/12 los intentos de Jaunarena y Brinzoni por crear un superministerio de Defensa y Seguridad y, a su vez, la decisión de Duhalde de abortar la maniobra. Ayer, el mismo Verbitsky dio a conocer la reunión en que el jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, general Julio Hang, retomó el asunto, esta vez haciendo lobby ante legisladores nacionales cordobeses a favor de la incorporación de los militares en las tareas de seguridad interior. Hang confesó a sus interlocutores que Brinzoni dio orden a los jefes de cuerpo de todo el país para nacionalizar las faenas de cabildeo, según describió ayer este diario.
La idea no es nueva. El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Juan Carlos Mugnolo, expuso la misma inquietud cuando fue nombrado en ese cargo, en épocas en que el Ministerio de Defensa estaba comandado por el novel candidato de la derecha Ricardo López Murphy. Mugnolo apeló a un “estudio” realizado por su área donde anunciaba que los “nuevos desafíos” de la defensa nacional debían apuntar a las migraciones internas, al narcotráfico, a los sectores marginados de la sociedad. López Murphy aplaudió la iniciativa.
Pero los esfuerzos de esa época se dieron contra la pared del Parlamento que, al sancionar la nueva ley de inteligencia, dispuso taxativamente la separación de las actividades de seguridad interior y Defensa.
La crisis económico-social y el quiebre de la representación política dibujaron en el país un escenario más angustiante. Alvarez fue designado al frente de la Secretaría de Seguridad por el efímero presidente Adolfo Rodríguez Saá y, posteriormente, ratificado por Duhalde. Desde la gestión del puntano, Alvarez impuso su criterio de no reprimir la protesta social, sólo contenerla y disuadirla. Hasta el momento, lo logró.
Además de los militares, Jaunarena incluido, en el gabinete se alzan voces, permanentemente, para endurecer las acciones. Las sugerencias caen, siempre, en los oídos de Duhalde.
“La última vez que Defensa y Seguridad estuvieron fusionadas bajo una misma órbita fue durante la dictadura. ¿Vos querés ser el Presidente que vuelva a unirlas?”, le preguntó Alvarez a Duhalde en momentos en que Jaunarena y sus muchachos verde oliva reflotaron el tema. Duhalde cortó la maniobra.
–¿Quiénes son los miembros del Gabinete que piden mano dura? –preguntó este diario a un colaborador de Alvarez.
–Son varios. Hasta los que creíamos más progresistas reclaman lo que llaman más autoridad del Estado.
Las fuerzas de seguridad tiene posiciones variadas ante la idea de la fusión. Gendarmes y prefectos quieren mantenerse bien lejos de los militares. En la Policía Federal hay quien duda, habida cuenta de los deseos de ser ellos más duros con los manifestantes. “Si esto ocurriese (la fusión), usted comisario terminaría robando para un general”, dicen que le dijo Alvarez al jefe de la Federal, comisario Giacomino. En la Secretaría de Seguridad lejos están de sentirse tranquilos. Consideran que tanto los gobernadores, particularmente el salteño Juan Carlos Romero, el pampeano Rubén Marín y el cordobés José Manuel de la Sota no cejarán en sus intentos por imponer más dureza en la represión. También apuntan al Parlamento, donde miran con recelo los movimientos del diputado Miguel Angel Toma, ex secretario de Seguridad de Carlos Menem, y ministro del Interior interino cuando Ramón Puerta debió hacerse cargo por dos días del Poder Ejecutivo.
–¿Qué piensa hacer Alvarez? –preguntó Página/12 cuando los funcionarios de la secretaría revelaron esta interna.
–Seguir trabajando como hasta ahora. El está convencido de que el camino que inició es el correcto. Hasta ahora le dio resultado.