“La gente está sorprendida por la cantidad de detenciones.” La frase, pronunciada por un docente de Las Heras, resume el clima que reina en esa ciudad del norte de Santa Cruz. No es común que en una localidad de 14 mil habitantes la Justicia detenga a 19 personas (cinco el 24 de febrero, once el jueves, tres ayer) y les impute un delito gravísimo como el homicidio calificado. Mientras la mayoría lo vive en silencio, la concejal Roxana Totino y el cura Luis Bicego denuncian una “caza de brujas”. Ayer, la jueza de instrucción de Pico Truncado, Graciela Ruata de Leone, le tomó declaración a cuatro de los últimos once detenidos. Mientras la jueza escuchaba a esos imputados, la policía detuvo a tres hombres más –dos son delegados– bajo los cargos de homicidio calificado y coacción agravada. Con estas capturas, los imputados por el crimen del policía Jorge Sayago suman 19. En Buenos Aires, organismos de derechos humanos presentaron un hábeas corpus ante la Corte Suprema y denunciaron que “en Santa Cruz no están garantizados los derechos constitucionales”.

La investigación por el crimen de Sayago cobró cierto vértigo en los últimos días. Tras las primeras cinco detenciones del 24 de febrero –Darío Catrihuala, Alexis Pérez, Juan Domingo Bilbao, Juan Pablo Bilbao y Ramón Cortez–, esta semana hubo una nueva oleada de capturas. El jueves, la policía detuvo a once personas, todos hombres. Quedaron detenidos en distintas comisarías de la zona norte de Santa Cruz. Salvo uno, todos los demás son trabajadores del petróleo que están empleados bajo el convenio colectivo de la Uocra (Construcción). Ayer, la jueza se trasladó a la ciudad de Perito Moreno y les tomó declaración a cuatro. Luego les levantó la incomunicación. Mientras esto sucedía, en Las Heras se realizaron tres nuevas capturas. Antes hubo suspenso y dramatismo porque dos de los buscados estaban alojados en la iglesia del pueblo.

La primera detención se concretó a la tarde, en el camino que va al yacimiento de Repsol en Los Perales (a 40 kilómetros). No trascendió el nombre. Las otras dos capturas se realizaron a la noche, tras una intensa negociación entre el jefe de la Brigada de Investigaciones de Caleta Olivia, Marcial Gallegos, y el cura párroco Luis Bicego. En el transcurso del día, el sacerdote –quien regresó recientemente de Italia y es bastante crítico del presidente Néstor Kirchner– había recibido al obispo de Río Gallegos, Juan Carlos Romanín. El obispo le pidió que intercediera y tratara de contener a los familiares. Pero Bicego no se privó de cuestionar el accionar del cuerpo especial de la policía (el Grupo de Operaciones Especiales, conocido por la sigla GOE). Más tarde, el cura y el obispo mantuvieron reuniones con autoridades políticas. Querían saber cuál era la situación de los dos detenidos: se trata de Avelino Andrade y Juan Barrientos, delegados en las empresas Indus y Astra-Evangelista.

Estas últimas capturas generaron una verdadera conmoción entre los familiares, abogados y vecinos cercanos a los petroleros. Andrade es el marido de Sandra Izaguirre, quien formó el Comité de Mujeres con otras esposas de trabajadores. Ese grupo se hizo conocido en Las Heras cuando difundieron por los medios nacionales una carta pública en la que se quejaron porque a sus maridos se los estaba tratando como delincuentes. Desde entonces, el Comité de Mujeres organizó varias marchas para reclamar la libertad de los detenidos y el cumplimiento del acuerdo firmado por los petroleros, el Gobierno y las empresas del sector. La concejal Totino, enfrentada con el intendente José Luis Martinelli, asistió a todas las movilizaciones. “Aquí hay un clima de tensión que no cesa, porque en cualquier momento le tocan la puerta a un trabajador y lo pueden incriminar. Esto es una cacería de brujas directamente”, dijo Totino.

Ayer hubo otra marcha en Las Heras, pero no logró una convocatoria importante. “Las detenciones desbarataron todo”, explicó la abogada Raquel Coronel. En Buenos Aires, en tanto, un grupo de abogados presentó un hábeas corpus ante la Corte Suprema y reclamaron “el cese de las medidas judiciales, policiales e investigativas”. En el escrito, presentado por la Liga por los Derechos del Hombre, APEL, Liperpueblo, Correpi (ONG vinculadas a los partidos de izquierda), acusaron a la Justicia santacruceña de no respetar los derechos constitucionales.