Este lunes se sentarán frente al Jurado de Enjuiciamiento dos camaristas federales del Chaco que fueron suspendidos y acusados por el Consejo de la Magistratura por haber liberado a diez represores que estaban presos como responsables de la Masacre de Margarita Belén, ocurrida durante la última dictadura militar. Se trata de Tomás Inda y María Beatriz Fernández, que fueron enviados a juicio político por mal desempeño en sus funciones. Durante esta semana habrá ronda de testigos y la siguiente serán los alegatos. Los consejeros que actúan como fiscales en el proceso son la diputada Marcela Rodríguez (ARI) y el abogado Beinusz Szmuckler.

La Magistratura resolvió el año pasado enviar a juicio a Inda y Fernández al evaluar que montaron maniobras jurídicas para disponer la libertad de los militares y policías involucrados en los fusilamientos de diciembre de 1976. El dictamen acusatorio dice que buscaron paralizar la causa y favorecer la fuga de los represores, que prejuzgaron y persiguieron al fiscal que insistió con las detenciones. El jury estará presidido por la vicepresidente de la Corte, Elena Highton de Nolasco.

Uno de los primeros testigos citados es Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, el organismo que denunció a los camaristas con apoyo de la agrupación HIJOS del Chaco. Para la primera jornada también fue convocada Mirta Clara, sobreviviente y esposa de uno de los 22 presos políticos asesinados en Margarita Belén. Otro testigo convocado es Javier De Luca, fiscal de la Procuración, autor junto con su par Jorge Auat de un informe del año 2003 que acusaba a la Cámara Federal de Resistencia de incurrir en prevaricato (fallar intencionalmente contra derecho) y de manipular citas de derecho procesal. También advertía que el tribunal había copiado el dictamen de una ex fiscal subrogante, Ana María Torres, que terminó exonerada.

Inda, uno de los jueces acusados, integró el grupo de conjueces de la Corte que repuso al destituido Antonio Boggiano en su cargo por un día.