Primero se fue a marzo. Después a mayo y ahora sigue en suspenso. Fernando de Santibañes continúa imputado en el caso Inducuer, pero el juez federal Norberto Oyarbide postergó una vez más su declaración indagatoria hasta que la Cámara Federal se expida sobre la eventual prescripción de la causa planteada por uno de los imputados. El ex secretario de Inteligencia de la administración delarruista había sido citado para ser interrogado el 20 de diciembre como sospechoso de fraude contra el Estado. El trámite luego tuvo fecha en marzo, pero una nueva postergación la trasladó a principios de mayo. Los directivos de Inducuer, la fallida megacurtiembre en la que De Santibañes fue socio, y ex funcionarios del Banco Nación habrían cometido un fraude de por lo menos 38 millones de pesos en perjuicio del Estado con avales destinados a esa empresa. Ahora la palabra la tienen los camaristas de la sala I.
En los tribunales federales de Retiro sospechan que los problemas judiciales del amigo (y, según muchos, financista) de Fernando de la Rúa van decreciendo. “Hay un cerco de impunidad que lo protege”, comentó uno de los investigadores del caso Inducuer (ver recuadro). Desde que volvió a su cargo el juez Oyarbide manifestó voluntad de continuar con intenso ritmo la investigación realizada por su colega Gabriel Cavallo. De hecho, ya indagó a la mayoría de los imputados y le fijó fecha a De Santibañes en más de una oportunidad. Pero el ex jefe de Inteligencia encontró cada vez un argumento distinto para dilatar el trámite. Primero fue un viaje, luego el planteo de prescripción. A principios de mayo debía presentarse pero, según explicaron a Página/12 fuentes del juzgado, la sala I de la Cámara Federal porteña pidió el expediente para resolver ese reclamo presentado por el abogado de Luis Arroyo, ex subgerente departamental del Banco Nación que está imputado, sospechado de haber sido el organizador de la maniobra. Quedaron pendientes cuatro indagatorias, incluida la del ex secretario de Inteligencia.
En la Cámara aclararon que no sabían que las audiencias habían sido fijadas y se estaban llevando a cabo, y explicaron que el magistrado no tenía que suspenderlas porque puede trabajar igual con fotocopias certificadas o pedir por unas horas el expediente y devolverlo a la sala apenas finalizados los interrogatorios.
A pedido de los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado, el juez Oyarbide había decidido interrogar a De Santibañes y a un grupo de ex directivos del Banco Nación, algunos de los cuales ya están procesados por el escándalo con la empresa informática IBM: Aldo y Mario Dadone, Hugo Gaggero, Genaro Contartese, César Manuel Ochoa, además de Hugo Santilli, Juan Rigal Burtler, Joaquín Alonso y Luis Arroyo. También fueron llamados a indagatoria el empresario Rodolfo Constantini, Guillermo Nano y el contador Carlos Adolfo de la Vega, sospechados de haber actuado como testaferros de De Santibañes.
La historia de este caso comenzó en noviembre de 1989, cuando el ex jefe de los espías, que entonces era un próspero banquero, y Angel David Gorodisch, propietarios del Crédito Argentino, fundaron la sociedad Ferdar que se convertiría en la controlante de Inducuer, una gigantesca curtiembre a instalar en Monte Chingolo. Una empresa italiana y otra suiza, además de un banco helvético, resolvieron financiar el proyecto. Pero en todos los casos se exigía el aval de un banco oficial argentino de primerísima línea y el elegido fue el Nación. En enero de 1991 el banco concedió el primer aval y hacia setiembre del año siguiente los socios europeos quebraron. El Nación siguió aportando recursos para la reconstrucción del proyecto. Hace tres años, Inducuer se terminó de hundir y llamó a concurso de acreedores. El mayor banco estatal del país todavía paga las millonarias cuotas del aval de la maniobra.
Los investigadores consideran inadmisible que los funcionarios del Nación no haya comprobado durante siete años algo tan elemental como la inexistencia de la empresa, y en la causa ya está acreditado que no llegóa curtir un solo cuero. En noviembre de 1999 Página/12 reveló los detalles del caso y De Santibañes intentó despegarse del caso argumentando que se retiró de la sociedad controlante de Inducuer en noviembre de 1990, tres meses antes de que el Nación otorgara el primer aval a la operación. Sin embargo, fuentes del directorio del Nación sospecharon de la adulteración de esa fecha en el acta correspondiente. En los hechos, lo reemplazaron su amigo Nano y su contador De la Vega. Cuando fue requerido sobre el asunto el ex funcionario juró que no tiene “nada que ver con ese maldito proyecto”.
Delgado y Freiler ya fueron consultados sobre el planteo que podría hacer naufragar la investigación y opinaron que la causa “no está prescripta”. Una fuente de la fiscalía explicó que “cada vez que el banco pagaba una cuota el hecho delictivo seguía consumándose porque la maniobra es una sola”. Oyarbide tuvo similar posición y la cuestión llegó a la Cámara por la apelación que planteó la defensa del imputado Arroyo. El ahora camarista Cavallo se quiso excusar, por haber intervenido en la primera parte de la investigación, pero sus colegas de la sala II decidieron que no debía apartarse. Por lo tanto, el destino de esta causa está en manos de ese ex juez y de sus colegas Luisa Riva Aramayo, aún afectada en su salud pero recuperándose, y Horacio Vigliani. Si consideran que no está prescripta, De Santibañes debería ser indagado, eventualmente procesado y terminaría siendo juzgado en un juicio oral que, por ahora, aparece en un horizonte muy lejano.