Las Heras sigue envuelta en la polémica. Sus habitantes están divididos por la investigación del crimen de Jorge Sayago. Familiares de los detenidos, petroleros y organismos de derechos humanos denuncian una “caza de brujas” y aseguran que la ciudad “está militarizada”. La mayoría se mantiene en silencio. Y la viuda de Sayago, Lorena Castro, llama a respaldar a la jueza Graciela Ruata de Leone. “Muchos dicen que son presos políticos, pero los detenidos son criminales”, dijo ayer tras reunirse con el Presidente en la Rosada. Entretanto, la Corte Suprema rechazó el hábeas corpus en favor de los detenidos que había presentado un grupo de organismos de derechos humanos. La policía denunció que en la madrugada del lunes alguien disparó contra la sede de Vialidad, donde está instalada la Brigada de Caleta Olivia (los encargados de la investigación en el terreno), y que ayer a la mañana aparecieron tres balas calibre 22 en la puerta del edificio. Para completar el panorama, el lunes a la noche se detuvo a Ramón Alcides Miranda, de 55 años, el preso número 19 del caso.

Como la detención se produjo a última hora del lunes, trascendió a los medios ayer a la mañana. Miranda es petrolero y trabaja en la empresa Indus, como la mayoría de los otros 18 detenidos. La jueza lo indagó ayer en Pico Truncado. Le imputan coacción agravada. Cerca de la magistrada dijeron a Página/12 que su captura fue pedida por el fiscal Walter Martínez. Otra de las novedades fue el levantamiento del secreto de sumario. La jueza lo levantó ayer, lo que permitió que los abogados defensores y los querellantes pudieran tener acceso a la causa. La cuestión estaba comenzando a levantar polémica: desde el 24 de febrero, cuando tuvieron lugar las primeras detenciones, los letrados de la defensa no conocían las pruebas que incriminaban a sus defendidos. La jueza había dispuesto diez días de secreto de sumario. Luego lo extendió por otros diez días con el argumento de que se habían producido más capturas.

El levantamiento del secreto permitió que los abogados se llevaran alguna sorpresa. “Desde el 13 de febrero, todos los delegados petroleros tienen intervenido el teléfono por orden de la jueza”, afirmó la abogada Claudia Ferrero, quien asumió la defensa de Daniel Aguilar, Enrique Aguilar, Pablo Mansilla, Adrián Saucedo, José Rosales, Rubén Bach, Avelino Andrade, todos empleados de Indus. “La imputación es muy genérica”, consideró. Mientras tanto, la Corte Suprema rechazó el pedido de recurso extraordinario que habían formulado los abogados de Liberpueblo, Correpi, MST, Ceprodh y otras ONG. “En las actuales circunstancias no hay acción o recurso alguno que habilite la competencia extraordinaria”, dijo la acordada. Por último, la viuda de Sayago elogió la labor de la jueza: “El Presidente me dijo que me quedara tranquila, que él también quiere que se haga justicia. Yo antes no estaba de acuerdo con la jueza y ahora sí”.