No fueron gastos protocolares ni ingresos de su mujer por un registro automotor, como intentó justificar el mes pasado. El patrimonio de Alberto Kohan, ex secretario presidencial en el menemismo, supera “al menos en 1.218.041 pesos” a los ingresos que tuvo como funcionario en los ’90, según concluyó el juez federal Ariel Lijo. Por eso decidió procesarlo por el delito de enriquecimiento ilícito y le trabó un embargo por una suma más grande todavía: 3.474.841 pesos. No irá preso, pero le podría pasar en un juicio oral, como a María Julia Alsogaray.

Cuando asumió su primer cargo en 1989, el capital de Kohan consistía en un solo inmueble en la calle Pasteur 629, en Martínez, valuado en 155.000 dólares. Al dejar la función pública, en 1999, tenía una mansión de 1,4 millón de pesos, ocho inmuebles más en Capital, Buenos Aires, Córdoba y Uruguay, tres embarcaciones (en 2001 agregó una cuarta), una colección de un centenar de armas, un teléfono satelital, cuentas bancarias y cuatro automóviles costosos (tuvo trece en toda la década, varios de ellos camionetas 4x4 y Mercedes Benz).

Para hacer sus cálculos, Lijo tuvo en cuenta los dos períodos en que Kohan integró el gobierno de Carlos Menem: fue secretario general de la Presidencia hasta 1990 y titular de Acción Social hasta 1991. Volvió a la Casa Rosada, como secretario otra vez, en 1995. En esas etapas, sostuvo el juez, “Kohan adquirió bienes por sumas de dinero por demás elevadas en relación a los ingresos percibidos por su trabajo”. El magistrado hizo una comparación de ingresos y egresos del ex funcionario y su esposa, Marta Franco. Advirtió que, por ejemplo, en 1990 “los gastos del matrimonio superaron a sus ingresos en 190.158 pesos”. En 1998 la diferencia fue mayor aún: 533.666 pesos. Mientras Kohan no tuvo cargos públicos, agregó, sus ingresos aumentaron y aunque se redujeron cuando regresó junto a Menem, los gastos siguieron en ascenso.

Uno de los bienes de Kohan en los que el juez puso más sospechas es la suntuosa casa que compró en la calle Montes Grandes, en San Isidro, en 1998. Para pagarla el ex funcionario mostró un crédito del Banco Galicia de 800 mil dólares y un préstamo con un particular para pagar el resto. El juez cuestionó los préstamos. “Carecen de resguardo contable, comercial y jurídico”, analizó. Y añadió que “se desconoce la procedencia de 416 mil dólares” con que se saldó la deuda. También es un misterio, según el texto del procesamiento, “el origen de los fondos que permitieron la adquisición” del yate Quijote, de 142 mil dólares.

La resolución enumera, como otro punto que “llama la atención”, “la enorme cantidad de viajes realizados por su esposa y sus hijos durante el período en que Kohan fue funcionario”. El listado incluye destinos como Gran Bretaña, Nueva York, Miami, San Pablo y La Habana. El propio Kohan hizo viajes a Tahití, Suecia, Francia, Bélgica, Nueva York, Australia y Suiza, “entre muchísimos otros”.

Este expediente comenzó como una derivación de una denuncia de la ex diputada Mary Sánchez sobre juego ilegal en Puerto Madero. El requerimiento de investigación fue del fiscal Federico Delgado e interviene la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FIA), a cargo de Manuel Garrido, que hizo un análisis según el cual Kohan incrementó “sus activos casi en un 300 por ciento”. La Oficina Anticorrupción figura como otra de las partes.

Todavía están bajo investigación inmuebles en Puerto Madero, vinculados a la firma Sabores SA, por la que el ex funcionario registró un paso fugaz en el que se produjeron operaciones millonarias. Para despejar ese punto, Lijo reiteró en su resolución de ayer el envío de exhortos a Uruguay. También insiste en que Suiza le envíe información para determinar si Kohan tiene una cuenta en el Swiss Bank Corporation.

El juez desechó las explicaciones de Kohan sobre su patrimonio, puso en duda la veracidad de sus declaraciones juradas y lo procesó por enriquecimiento ilícito, un delito que prevé hasta seis años de prisión. Ahora le cuesta un embargo de todos sus bienes –que le complicará hacer operaciones económicas– pero en el juicio oral puede llevarlo a la cárcel.