Parece historia vieja, pero no lo es. La destitución de Antonio Boggiano todavía está en discusión en la Corte Suprema, integrada por conjueces. El procurador general de la Nación, Esteban Righi, dio ayer un paso clave que estaba pendiente: le recomendó al tribunal que avale la remoción del ex supremo con el argumento de que la decisión del Senado de echar a un magistrado de su cargo es política, exclusiva de ese órgano, y no puede ser revisada por la Justicia. Lo hizo en un dictamen que refuta, uno a uno, siete puntos planteados por la defensa del ex automático.

Boggiano fue destituido a fines de septiembre último. Antes y después mantuvo una actitud desafiante: seguía yendo a su despacho pese a estar suspendido y recurrió al apoyo de la corporación judicial. Hasta consiguió que la Corte de conjueces –los jueces “titulares” se excusaron– dejara sin efecto su suspensión y lo repusiera en el cargo 24 horas antes de que los senadores lo expulsaran definitivamente. Ese mismo tribunal es el que analiza la validez de la destitución. Como sucede con los casos importantes de la Corte, antes de fallar pidió opinión al procurador, que en este caso quedó lejos de satisfacer las ansias del ex supremo de recuperar su toga. Los jueces suplentes se reunirían recién en abril.

En sus conclusiones, Righi sostiene que un juicio político no busca castigar a un funcionario sino separarlo de su cargo “para proteger los intereses públicos”. Como proceso, explica, no es comparable a un juicio penal. “Los senadores, incluso cuando se constituyen en jueces en un juicio político, por definición son políticos”, dice el procurador. “La decisión destitutoria reposa en razones políticas que los representantes del pueblo debieron evaluar dentro del marco de sus atribuciones constitucionales (...) Aquellos apreciaron la conducta del sometido a enjuiciamiento y concluyeron que era impropia de un juez de la Nación”, advierte el dictamen.

Righi rechazó que el Senado haya sido parcial, como intentó defenderse Boggiano. Para el funcionario tampoco se violó el derecho de defensa ni otras garantías. A la vez, sostuvo que la inhabilitación para ejercer cargos públicos por tiempo indeterminado tuvo respaldo suficiente de los senadores. También desechó el planteo de que se vulneraron las reglas del quórum. Y evaluó que por la naturaleza del juicio político no cabe razonar que se lo destituyó por el contenido de la sentencia del famoso caso Meller, en que la mayoría automática cortesana permitió que esa empresa le reclamara el Estado 30 millones de pesos (que no le correspondía pagar) por la confección de guías telefónicas.

“Entiendo que las críticas que la defensa del magistrado destituido formula contra la decisión del Senado carecen de entidad suficiente para tener por acreditado que se ha violado en forma nítida o concluyente la garantía de defensa, ni logran demostrar que se verifique una efectiva privación o restricción de ese derecho”, concluyó Righi.

En principio, los conjueces –presidentes de cámaras federales de todo el país– no se reunirían hasta el mes próximo y el desenlace podría demorar. Allegados al tribunal prevén que uno de los puntos más conflictivos será el de la inhabilitación que se le impuso a Boggiano, una medida que el Senado no tomó respecto de Eduardo Moliné O’Connor, el otro ex supremo destituido también por el caso Meller.