Dom 19.03.2006

EL PAíS  › HABLA LA MINISTRA DE DEFENSA, NILDA GARRE

“Los militares presos deberían estar igual que el resto”

“Las autocríticas son importantes”, dice sobre la revisión que las Fuerzas Armadas hicieron en relación con el último golpe. Advierte, sin embargo, que queda mucho por cambiar en la formación militar. Garré asegura que los represores están presos en unidades militares por decisión judicial, pero piensa que deberían estar en cárceles comunes.

› Por Nora Veiras

Apenas ve entrar al fotógrafo, Nilda Garré busca un espejito y se retoca el maquillaje. Luce impecable pero sabe que los flashes son crueles. Desde muy joven, con apenas 27 años, se acostumbró a la exposición pública como diputada nacional de la Juventud Peronista allá en el ’73. Pero después de un largo exilio interno, de su paso por el Congreso como diputada del Frepaso, de su viceministerio del Interior durante la gestión de la Alianza y de su vuelta al Congreso, nunca se imaginó que a los 60 años se convertiría en la primera mujer en jurar como ministra de Defensa. Fija como prioridades de su gestión el cambio de la formación militar y la redefinición de las funciones de las Fuerzas Armadas. Considera que las “autocríticas” son fundamentales para avanzar hacia un reencuentro de los uniformados con la sociedad civil, señala a Cecilia Pando, la esposa del mayor Rafael Mercado, como una mujer que va a contramano del discurso democrático y que sigue “reivindicando el terrorismo de Estado”. Garré dice que “personalmente” cree que los militares deberían estar presos en las mismas condiciones que el resto de los reclusos. Habla de todo menos de la situación del desplazado obispo castrense Antonio Baseotto.

–¿Se imaginó alguna vez al frente de la cartera de Defensa?

–No, nunca.

–¡Qué contundente!

–Ya en el ’73, la primera vez que fui diputada, estuve en la Comisión de Defensa y en épocas más recientes, a partir del ’95, siempre estuve en la Comisión de Defensa y yo misma impulsé la creación de la Comisión de Seguridad. Siempre tuve interés por estos temas, pero quizá porque no había ninguna tradición de mujeres al frente de este ministerio, no pensé tampoco que pudiera llegar a ministra, mucho menos de Defensa. Fue una sorpresa.

–A lo largo de estos meses, ¿cómo viene transformándose esa sorpresa?

–Me siento cómoda, hay una tarea enorme por hacer. Soy consciente del desafío que el Presidente me propuso y esperamos hacerlo lo mejor posible. Las Fuerzas Armadas están muy desfasadas de lo que debe ser el rol, la misión, las funciones, la doctrina en la Argentina y el mundo hoy con todas las realidades que la globalización nos ha impuesto. Hay que actualizar el instrumento militar para que sirva a una política de defensa en el marco de las realidades que hoy tenemos. Tenemos que impulsar la Conjuntez, una tarea pendiente desde la Guerra de Malvinas, cuando el informe Rattenbach analiza una serie de fallas operativas producto de no haber aplicado debidamente el accionar conjunto de las tres Fuerzas Armadas. También está la necesidad de ver los programas de formación, de capacitación, para que esté absolutamente presente el acatamiento a la Constitución nacional, al presidente de la República y la asunción profunda de los valores, de los principios, de la ética necesaria para que lo que ocurrió en la Argentina ejecutado por las Fuerzas Armadas nunca más vuelva a ocurrir.

–Después de la orden al general Roberto Bendini para que se descolgaran los retratos de Jorge Rafael Videla y Reynaldo Benito Bignone, de la entrega de la ESMA para convertirla en Museo de la Memoria, de la reapertura de los juicios por violaciones a los derechos humanos, ¿qué queda pendiente desde Defensa para cerrar la etapa de lo que fue el terrorismo de Estado en la Argentina?

–Creo que se han producido algunos hechos más auspiciosos, por ejemplo todo un proceso de autocrítica por parte de la Fuerza Aérea, que hasta ahora no se había encarado. Una fuerza que si bien tuvo cuantitativamente una participación menor en todo este proceso terrible, es evidente que también ejecutó esos procedimientos de torturas, desapariciones y muertes, además sus jefes de Estado Mayor integraron las juntas de los comandantes, de manera que tiene una responsabilidad política sobre la totalidad del proceso que vivió la Argentina.

–El discurso del brigadier Eduardo Schiaffino sonó como forzado teniendo en cuenta que se olvidó de decir en público que repudiaba el golpe, después lo aclaró, y habló de los “excesos” contra la dignidad del hombre...

–Si uno lo toma aislado puede ser que la palabra repudio omitida sea llamativa, pero si uno analiza la totalidad del discurso hay varios párrafos que son fuertes, claros, de manera que habría que hacer una interpretación global. Además, la presencia de los oficiales de todas las guarniciones del interior implicó un intento de demostrar que la totalidad de la fuerza acata hoy esta línea de pensamiento y era algo que faltaba. Las autocríticas han sido un paso importante, que ha generado debates dentro de las fuerzas. Hoy en día me atrevería a decir que el noventa por ciento de las fuerzas no fue contemporáneo del Proceso, lo cual nos está hablando de unas Fuerzas Armadas depuradas de los ejecutores, o de los contemporáneos de los ejecutores, con diversos grados de tolerancia por lo ocurrido. Obviamente el que no tuvo tolerancia tuvo que pedir el retiro.

–¿A qué se refiere cuando habla de profundizar la asunción de valores?

–Me parece que todavía hay que terminar de consolidar todo un proceso de asumir valores esenciales, de asumir con mucha conciencia determinados principios de respeto a la vida, a la dignidad de las personas que en las Fuerzas Armadas no estuvieron presentes, porque si no no se podría haber dado lo que se dio aun en el marco de lo que pudo haber sido una “concientización” sobre la Tercera Guerra Mundial –como decían– que hacía indispensable la aplicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional. ¿Cómo no se respetó a una mujer embarazada que tenía a su hijo? ¿Cómo se violó? ¿Cómo se torturó con saña despiadada? Aun antes de este proceso, acá hubo oficiales argentinos que bombardearon una ciudad abierta a la una de la tarde, la Plaza de Mayo, eso no sucedió ni en países en guerra donde se da aviso a la población civil. Después de eso hubo fusilamientos sin juicios, rompiendo todas las normas, incluso las normas de justicia militar, hubo fusilamientos por izquierda en basurales de militantes comprometidos con la recuperación de la legalidad. Todo esto pasó en nuestras Fuerzas Armadas, sumado a la reiterada ruptura del orden institucional, entonces uno tiene que pensar que acá hubo un debilitamiento en la formación de valores esenciales que es una gran tarea que va a ser lenta, gradual. La autocrítica sobre los hechos del pasado está ayudando mucho a la formación de esos valores, pero hay que robustecerlos y profundizarlos.

–¿Qué se piensa modificar del Código de Justicia Militar?

–La lógica es que un soldado es un ciudadano como todos nosotros: unos trabajan de soldados, otros de abogados y otros de maestros. El oficio es una circunstancia, pero básicamente somos ciudadanos, entonces debemos estar sometidos a los mismos jueces. La unidad de la jurisdicción nos parece un principio fundamental que impone nuestra Constitución y las normas internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le plantea a la Argentina la falta de acuerdos con los principios generales. El Código Penal va a regir para todos. Puede ser que en algunos de los delitos tipificados en el Código Penal pueda haber algún agravante si lo comete un militar, eso es lo que los especialistas que integran la comisión ad hoc –entre ellos el ministro de la Corte, Raúl Zaffaroni– van a analizar. Con las fuerzas de seguridad, por ejemplo, en algunos casos el delito está agravado si lo ha cometido personal de esas fuerzas. Otro tema es la posibilidad de que haya algún delito que se cometa en épocas de guerra o de conmoción, lo cual también puede merecer algún capítulo en el Código Penal donde se contemple un tratamiento específico. Por supuesto, lo que se trataría en una instancia casi administrativa son las infracciones a las que les corresponden sanciones disciplinarias y se resuelven dentro de las fuerzas. Además se garantizará, como para todo ciudadano, el derecho a defensa.

–¿Cómo se va a resolver la situación del desplazado obispo castrense Antonio Baseotto?

–Es un tema que prefiero no tocar, porque es complejo.

–Diferentes organizaciones de derechos humanos e inclusive el fiscal de Política Criminal, Félix Crous, dictaminó que las Fuerzas Armadas no deben ejercer la custodia de los represores. ¿Se va a revisar el encarcelamiento de los acusados de la represión ilegal que están en unidades militares?

–Son los jueces los que tienen que definir los lugares y condiciones de detención de los presos. Nosotros estamos cumpliendo órdenes de los jueces que han determinado que pueden estar detenidos donde están, algunos por razones de edad con arresto domiciliario y otros, quizá por razones de seguridad, los jueces han entendido que pueden estar alojados en cuarteles.

–¿Y usted qué opina?

–Si me preguntan mi opinión personal, entiendo que los militares presos deberían estar en las mismas condiciones en las que está cualquier persona detenida.

–¿El Ministerio de Defensa no puede decirle a la Justicia que las instituciones castrenses no son lugares de detención?

–No somos parte en esas causas, estamos cumpliendo órdenes, sí lo pueden hacer los querellantes. Nosotros somos sujetos pasivos en este tema en tanto cumplimos órdenes del juez.

–Usted decía que las Fuerzas Armadas tienen que redefinir un rol, ¿cuál sería ese rol en un sistema democrático y habiéndose desarticulado los conflictos limítrofes?

–Había una lógica disuasiva teniendo en cuenta las dos hipótesis de conflicto limítrofe con Brasil y Chile. En ese esquema uno se arma para disuadir al potencial atacante de la idea de atacar. Esas hipótesis hoy han desaparecido y no hay ninguna otra que las haya reemplazado y el clima en la región es de paz, de integración, de cooperación en todos los ámbitos. incluido el militar. Con Chile que estuvimos a punto de llegar a la guerra por una de las locuras de la dictadura militar, tenemos hoy fuerzas conjuntas combinadas para operaciones de paz. Con este tipo de avances ya el modelo no es disuasivo sino que –tal como lo han definido las Naciones Unidas– es defensivo, es decir, el país mantiene sus tropas y su entrenamiento ante la eventualidad de que pueda ser agredido y, obviamente, para todo lo que puedan ser misiones de paz. Pensamos que la Argentina tiene una posibilidad grande de ser un “poder de paz” en la región, que colabore a los efectos de que ningún conflicto prospere en la región. Lo que estamos haciendo en Haití es un ejemplo de ello, el batallón argentino tuvo un desempeño muy profesional. El presidente René Préval agradeció la colaboración argentina y nos pidió la permanencia de la fuerza argentina, considerando como una irresponsabilidad el retiro.

Espero que el Congreso prorrogue la permanencia de nuestras fuerzas supongo que por un año más.

–¿Qué pasó con la Dirección de Derechos Humanos?

–Está demorada en el Inap (Instituto Nacional de la Administración Pública) la aprobación de la estructura.

–¿Va ser designado Alejandro Rúa en ese puesto?

–No sabemos todavía, primero vamos a tener la estructura, para no correr el riesgo de poner el carro delante del caballo.

–¿Está prevista alguna recomposición salarial para las Fuerzas Armadas?

–Eso me excede, es el Ministerio de Economía el dueño de la última palabra. Para el personal civil de las fuerzas se están abriendo las paritarias, el año pasado también hubo un aumento. Estamos tratando de dar solución a problemas puntuales para igualar a todos y desde ahí profundizar una política salarial que tienda a la recuperación. En el caso de los militares, como acaban de tener un aumento el año pasado, la situación es un poquito más desahogada, pero de todas maneras es una decisión del Presidente.

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