Las actividades de espionaje interno realizadas por oficiales de la Armada, que incluían hasta una carpeta con información sobre el presidente Néstor Kirchner, provocaron una batería de medidas destinadas a conjurar el escándalo. Tras una reunión de la cúpula de la Marina, el almirante Jorge Godoy anunció anoche la “clausura de las centrales y secciones de Inteligencia hasta que se realice una inspección, administrativa, funcional y operativa” que estará a cargo de oficiales superiores y funcionarios de Defensa. Las sospechas empezaron a envolver a las otras armas: la ministra de Defensa, Nilda Garré, también recibió al jefe de la Fuerza Aérea, Eduardo Schiaffino, a quien indicó “la necesidad de revisar adecuadamente el funcionamiento del servicio de Inteligencia del arma, con el fin de comprobar el puntual respeto a las normas vigentes en relación a las actividades de Inteligencia que deben realizar las Fuerzas Armadas”.

Al mediodía, la ministra le había ordenado a Godoy que “se profundicen las investigaciones relativas al caso de espionaje en la base Almirante Zar de Trelew”. Con la orden a Godoy, en Defensa apuntaron a aplacar las versiones sobre el desplazamiento del almirante y rápidamente designaron al contraalmirante Enrique Olmedo para hacerse cargo del área de Inteligencia que, horas más tarde, fue virtualmente intervenida. Olmedo se desempeñaba como jefe de Personal de la Marina y a partir de ahora ocupará los dos cargos.

En el Boletín Número 34, la Armada informó que como medida preventiva se precintó la oficina de Inteligencia para preservar todo el material que haya en su interior y se formó una comisión integrada por oficiales superiores, jefes de la Armada y el Ministerio de Defensa para auditar esa información. Además de la clausura de las actividades de Inteligencia, se anunció “el traslado en comisión del personal de Inteligencia a destinos que se indican”.

La junta de almirantes también decidió redefinir la “dependencia orgánica y funcional de las centrales y secciones de Inteligencia respecto de la Dirección de Inteligencia de la Armada”. El objetivo es que en lugar de depender de cada guarnición, todas las actividades de Inteligencia se remitan al piso 5 del Edificio Libertad.

A partir de la denuncia recibida en el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) por un joven suboficial de la Marina que se negó a realizar tareas de Inteligencia interna, Garré se comprometió a actuar “con toda severidad” en el esclarecimiento del espionaje militar detectado en Chubut. “Estamos ante incumplimientos de la ley (de Defensa Nacional y de Seguridad Interior) muy graves y se va a actuar con toda la severidad que corresponde”, dijo la ministra.

–Le ordenaron también a la Fuerza Aérea que ponga la lupa sobre sus organismos de Inteligencia, ¿y al Ejército? –le preguntó Página/12 a un funcionario de Defensa.

–Todavía no nos reunimos –comentó, escueto, pero dejando entrever que a partir de los trabajos de Inteligencia que la Marina realizó sobre la propia ministra, el ex viceministro Jaime Garré, abogados y distintos funcionarios de Chubut, resurgieron las sospechas sobre la actividad de los uniformados (ver aparte).

Apenas trascendió la denuncia del Cels, Godoy ordenó el relevamiento del comandante de Operaciones Navales, vicealmirante Eduardo Luis Avilés (número 3 de la fuerza), y del director de Inteligencia Naval, contraalmirante Pablo Carlos Rossi (séptimo en el escalafón), que fueron separados de sus cargos tras la denuncia.

A días del 30º aniversario del último golpe militar en la Argentina, las veintiséis carpetas incautadas en la Base Naval Almirante Zar pusieron en evidencia que siguen sobreviviendo en la Armada quienes tratan de identificar un “enemigo interno” como misión de esa fuerza.

El 3 de marzo del año pasado, el jefe de la Armada había reconocido que la ESMA había sido utilizada para la “ejecución de hechos calificados comoaberrantes y agraviantes a la dignidad humana, la ética y la ley, para acabar convirtiéndose en un símbolo de barbarie e irracionalidad”.

Hace apenas dos semanas, durante la ceremonia conmemorativa del 149º aniversario del fallecimiento del almirante Guillermo Brown, que se realizó en el Apostadero Naval Buenos Aires, encabezado por la ministra Garré, Godoy llamó a “redimir deudas” pendientes por el quebrantamiento institucional y por las secuelas trágicas de la última dictadura.

La auditoría interna sobre la actividad de Inteligencia tendrá que precisar el destino de los partes elaborados por la base de Trelew, comprobar si respondían a órdenes expresas y, especialmente, dilucidar los fines de ese acopio ilegal de información sobre las actividades de personajes políticos y de organizaciones sociales vinculadas a la defensa de los derechos humanos. Otro punto clave es determinar si los marinos retomaron esas tareas de espionaje hace un par de meses a partir de la apertura de la investigación judicial sobre la responsabilidad de la Armada en la orden de ejecutar a 16 presos en la base Almirante Zar de Trelew en 1972 o si, en realidad, es una práctica que nunca se abandonó a pesar de los mea culpa públicos.