El gobierno de Córdoba reclamó al Ministerio de Trabajo nacional por la distribución de los planes Jefes y Jefas de Hogar, tras notificarse de que en la provincia de 48 mil nuevas solicitudes sólo fueron aceptadas “poco más que 14 mil”. El reclamo se expresó en distintos niveles: mientras en las calles de la capital cordobesa los desocupados protestaban frente a los bancos, el gobernador José Manuel de la Sota telefoneó a Graciela Camaño para plantear su disconformidad con el manejo del plan y envió una nota al Presidente denunciando que su provincia está siendo discriminada. El titular del Consejo Consultivo de Córdoba, Sebastián Bertucelli, dijo que en el organismo temen que se produzcan desbordes sociales a raíz de la gran cantidad de desempleados que no recibirán el beneficio.
La asignación de los planes sociales viene generando en Córdoba un escándalo por mes. En mayo, cuando se pagó a los desocupados la primera cuota del subsidio, De la Sota anunció que su provincia se retiraría de la administración del Plan Social. El portazo fue una reacción a las críticas recibidas tras conocerse que el Banco de Córdoba estaba pagando a los beneficiarios con bonos lecor y no con los lecops que había enviado el gobierno nacional, mejor valuados. Ahora la denuncia fogoneada por De la Sota, acusa a la administración nacional de negarle el subsidio a siete de cada diez inscriptos y plantea que tan alto porcentaje responde a una intencionalidad política de perjudicar su gestión.
Voceros del gobernador se quejaron de un supuesto uso clientelístico del programa para favorecer a Carlos Reutemann, candidato preferido del duhaldismo. “Santa Fe supera a Córdoba en 40 mil designaciones, siendo que ambas provincias son similares en su condición poblacional, productiva y necesidades sociales”, señalaron ayer colaboradores del gobernador.
En el Ministerio de Trabajo intentaron bajar el tono del enfrentamiento. Describieron el problema prácticamente como una cuestión burocrática de la cual la provincia estaba al tanto. “Este tipo de declaraciones nos sorprende, porque en Córdoba sabían desde el viernes cuántos beneficiarios van a cobrar”, dijeron colaboradores de Camaño.
“La ministra le aclaró al gobernador que del reclamo de más de 30 mil beneficiarios, hay 17 mil formularios mal confeccionados o impugnados por algún motivo, y que otros 14 mil serán pagados antes de fin de mes a través de una planilla complementaria”, se indicó en un comunicado oficial.