Un secretario judicial fue indagado ayer y quedó preso. Dos abogados siguen prófugos. Un juez del Chaco será interrogado este viernes y otros magistrados irían en el mismo rumbo. En la investigación del juez Mariano Bergés cada vez aparecen más datos que apuntan a que habría existido un sistema que facilitaba la obtención de medidas cautelares de la Justicia chaqueña para salir del corralito en cualquier parte del país, sobre todo en las causas donde había montos millonarios en juego. Los delitos en juego son asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias.
Orlando Geraldi es secretario de un juzgado penal de la localidad chaqueña de Roque Sáenz Peña. Geraldi declaró ayer ante Bergés y –según supo este diario– dijo que las decisiones las tomaba su jefe, el magistrado Daniel Freytes, e intentó fundamentar que desde el punto de vista jurídico las medidas cautelares estuvieron bien concedidas. Tendrá que seguir preso en el Departamento Central de la Policía Federal porque los argumentos no convencieron para nada a los investigadores, quienes creen que los conocimientos que manejan los funcionarios del fuero penal difícilmente les alcancen para redactar expeditivamente, con citas de jurisprudencia incluidas, fallos de diez páginas en causas civiles.
Ese razonamiento inclinaría la balanza por la hipótesis de que los mismos abogados que intervenían eran los que armaban las sentencias. El juez Freytes, de hecho, está suspendido en sus funciones por decisión del Superior Tribunal del Chaco, que encontró un sinfín de irregularidades en los amparos que tramitó: sentencias con fecha anterior a la demanda, otras redactadas con la misma máquina que usaron los estudios jurídicos al presentar las demandas, pruebas fraguadas o inexistentes, además de permitir que los ahorristas retiraran el dinero en Buenos Aires, Capital, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y Salta. Freytes declara este viernes, aunque no va preso porque aún tiene fueros.
Los ministros de la Corte del Chaco en realidad suspendieron a dos jueces más: Daniel Fernández Asselle y Estela Amelia Ponce. Todos tramitaron amparos de 11 mil a 3 o más millones de dólares. El expediente de Bergés empezó con la denuncia del médico cordobés Carlos Augusto Curet, quien se quejó porque a pesar de que había obtenido una medida cautelar para retirar su dinero en Capital, el banco HSBC no se lo quería devolver. Entre las cinco acciones que había iniciado, Curet reclama 8 millones. Hasta ahora declaró como testigo pero la investigación puede volverse en su contra. Ayer fue indagada también la abogada que lo patrocinó en Capital Federal, Rosana Batista, pero fue liberada. Los abogados que actuaron en el Chaco, Aldo Javier Cabaña y Oscar Olivieri están prófugos.
En el programa televisivo “Zona de Investigación” se vieron testigos hablando del cobro de un diezmo por parte de jueces y abogados. En la causa hay indicios en ese sentido. Hoy el fiscal Marcelo Roma pedirá más pruebas. Podrían quedar implicados más jueces chaqueños y estudios jurídicos porteños.