Ahora es un predio abandonado, con algunos escombros, pedazos de baldosas rojas de la sala de torturas, árboles y un intruso que cría animales al que ningún juez se atrevió a sacar. Allí, donde se juntan la autopista Riccheri y el Camino de Cintura, funcionó el centro clandestino de detención El Vesubio, entre abril de 1976 y noviembre de 1978. Por el lugar, entre desaparecidos y sobrevivientes, pasaron algo más de 400 personas. El juez federal Daniel Rafecas ordenó ayer la detención de tres ex jefes militares que manejaron ese campo de concentración y cinco de sus guardias y torturadores, que pertenecían al Servicio Penitenciario Federal. Los responsabiliza por 140 casos de secuestros y tormentos. Es una medida clave dentro de la megacausa sobre los crímenes cometidos durante la última dictadura en la jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército.

Cinco de los represores acusados por Rafecas hasta hace algunas horas caminaban por la calle como si nada. Desde ayer ya están presos en el penal de Marcos Paz. Son el teniente coronel Hugo Pascarelli, responsable del área 114 del Primer Cuerpo, y tres penitenciarios, Ramón Erlán, alias “Pancho”; Roberto Carlos Zeolitti, conocido como “Sapo”; Diego Chemes, a quien llamaban “Polaco”, y Alberto Neuendorf, conocido como “Alemán”. El Vesubio se caracterizó por ser un centro de detención donde los guardias practicaban, ellos mismos, la tortura.

Los otros tres genocidas alcanzados por la medida del juez ya habían sido detenidos en un escalón previo de la investigación en su carácter de jefes de área, pero ahora tienen nuevas imputaciones. Uno de ellos es el general (R) Héctor Gamen, alias “Beta”, segundo comandante y jefe de la Brigada de Infantería X, de la que dependía El Vesubio. Gamen solía acompañar al represor Guillermo Suárez Mason, ex jefe del Primer Cuerpo –que murió el año pasado– en sus visitas al centro clandestino y “decidían la vida y la muerte de los detenidos”, según varios testimonios. Otro, Pedro Durán Sáenz, o “Delta”, era el jefe directo de este centro de detención y, según los relatos de víctimas, solía abusar sexualmente de las detenidas. El tercero, José Néstor Maidana, era jefe de guardia, y los testimonios lo describen como especialmente “sádico” y “sanguinario”.

“Conozco a todos esos guardias, estuvieron allí el tiempo que yo estuve detenida, que fueron tres meses. Ellos saben muchas cosas que nosotros nunca pudimos saber”, dice Susana Reyes, una sobreviviente de El Vesubio, mientras intenta explicar, conmocionada, la importancia de las nuevas detenciones. Y da un ejemplo: “Podrían decir qué pasó con Rosita Taranto, que llevaron a tener familia y le quitaron al bebé sin siquiera decirle si era mujer o varón. Al hijo o hija de Rosa nunca lo encontraron. Podrían decir qué hicieron con la gente. ¿La tiraron, la enterraron?”.

Los represores fueron capturados en operativos realizados el miércoles a la noche en Capital Federal, Buenos Aires y Chaco. Al disponer las detenciones, Rafecas sostuvo que son responsables del secuestro y las torturas de al menos 140 personas. Ese es el total de víctimas que pudieron declarar como testigos en el expediente. Para Rafecas el solo hecho de que hayan estado en El Vesubio representa un tormento. La mayoría de los militares y penitenciarios presos serán indagados hoy a la tarde y el juez los procesaría a lo sumo dentro de diez días.

El magistrado también pidió la captura de otros dos penitenciarios que están prófugos, que son Ricardo Néstor Martínez, alias “Pajarito”, y Néstor Norberto Cendón, apodado “Castro”. La imputación original también abarcaba a José Hirschfeldt y a Víctor Saccone, quienes ya murieron.

Toda la reconstrucción de lo ocurrido en El Vesubio forma parte de la megacausa acerca de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura en el área del Primer Cuerpo del Ejército. Es uno de los expedientes que se pudieron reabrir a partir de la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida, que dictó el Congreso en septiembre de 2003. En total hay 47 detenidos, entre miembros del Ejército, del Servicio Penitenciario, la Gendarmería, la policía de La Pampa y la Federal. Nueve de ellos ya están camino a juicio oral, a disposición del Tribunal Federal Oral 5. Algunos por la Masacre de Fátima y otros por secuestros, torturas y asesinatos en los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo. Dos de los que estarán en el banquillo son Juan Antonio De Cerro, alias “Colores”, y Julio Simón, el “Turco Julián”.

El Vesubio, un lugar al que el juez Rafecas comparó con los campos de concentración del nazismo, estaba dividido en tres casas. “La casa 2 era el lugar de las torturas, tenía cuatro salas y algunas personas estaban alojadas allí, engrilladas o esposadas a la pared. Pero había más detenidos en la casa 3, donde estaban las cuchas, que eran unos habitáculos separados por ladrillos”, describe Jorge Watts, otro de los sobrevivientes. Entre quienes pasaron por allí, estuvieron el guionista de El Eternauta, Héctor Oesterheld, y el escritor Haroldo Conti.

Watts cuenta que el predio del El Vesubio, de cuatro hectáreas, pertenecía, se supone, al Mercado Central. Durante el gobierno de facto de José María Guido fue entregado al Servicio Penitenciario para hacer una escuela penitenciaria, que no se concretó, sino que se usó como lugar de recreación. Tiene una pileta de natación. “En 1975 ya se usó como centro clandestino. Neuendorf era segunda línea de la Triple A. En 1978 demolieron las casas y quedó todo abandonado. Pese al reclamo del Servicio Penitenciario, en el ’84 se lo dieron al Mercado Central”, relata.

Hoy sólo subsisten restos recortados de los pisos. Las baldosas rojas con borde blanco de la sala de torturas son inconfundibles para los ex detenidos. La pileta está llena de escombros. Hay yuyos y quedan menos árboles que los que había en los setenta. En los próximos días, empezará a trabajar en el lugar un grupo de expertos antropólogos y arqueólogos a pedido del juzgado, en busca de restos óseos. En la Cámara de Diputados, una propuesta de Marta Maffei, que alientan los sobrevivientes, pide la expropiación y busca convertirlo en un espacio para recuperar la memoria.