La empresa Botnia revisó su postura de paralizar las obras y continuará con la construcción de la planta de celulosa en Fray Bentos. La marcha atrás, que hace peligrar la negociación entre Uruguay y Argentina, fue informada por la compañía a los dirigentes del Sindicato de la Construcción (Sunca). “El jefe de obra nos llamó para darnos la noticia. Nos dijo que las autoridades de la firma en Finlandia habían revisado la suspensión”, dijo a Página/12 Jorge Mesa, secretario general del gremio. La novedad se produjo luego de que los directivos de Botnia llegaran a Montevideo desde Helsinski.

La comunicación fue realizada en dos oportunidades, primero ante el sindicato y luego ante 40 miembros del denominado Comité de Obra. A pesar del cimbronazo que implicó, ningún responsable de Botnia habló oficialmente con los medios ni para ratificar ni para desmentir la novedad. Los encargados de prensa de la empresa anunciaron que difundirían una gacetilla, lo que luego no se concretó.

El gobierno uruguayo se mostró sorprendido. “No me comunicaron nada”, señaló el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, quien opinó que “sería muy negativo para el país”. Por su parte, la vicecanciller Belela Herrera calificó la situación como “delicada”.

En Gualeguaychú, donde los vecinos se mantienen en estado de alerta, la noticia fue considerada como una provocación. “Por ahora no estamos pensando en volver a cortar los puentes, porque entendemos que ése sería el mejor favor que les podemos hacer a las empresas. Vamos a tratar de aguantar hasta que hablen los presidentes y después veremos qué hacer. Si la semana que viene Kirchner y Tabaré no se encuentran, acá va a pasar algo”, sostuvo Pedro Pavón, integrante de la asamblea.

También desde la Casa Rosada se tomó la situación con “reserva”, por considerar que “lo oficial debe ser oficial y no comunicado de manera indirecta”.

El pedido de paralización de las obras por 90 días, una de las condiciones para que los presidentes se reúnan, había tenido por parte de Botnia respuestas contradictorias y erráticas. La empresa dijo inicialmente que haría lo que estuviera a su alcance para facilitar el diálogo con los presidentes, pero llegado el momento adujo que faltaba que el gobierno le hiciera el pedido formal. Luego advirtió a través su vocera en Finlandia que no había “bases legales” para que les pidieran la suspensión. Finalmente, anunció que realizaría el parate recién a partir del 6 de abril, porque la complejidad del trabajo no le permitía hacer una detención de un día para el otro. Comenzó entonces una discusión sobre quién va a pagar los sueldos de sus 2100 obreros. El jueves por la noche, según el dirigente gremial Mesa, le informaron del cambio de planes.

En la Cancillería local evaluaban que la situación es parte de un juego de presiones, en momentos en que el Uruguay debe responder a la propuesta argentina para la cumbre entre los presidentes.

El planteo argentino fue enviado el jueves por la tarde a Uruguay, donde ayer fue analizado por Tabaré Vázquez y su equipo. La Argentina propuso acordar diez o doce puntos de trabajo para la comisión de expertos que realizará el estudio de impacto ambiental. Entre ellos, exige conocer el proceso de producción que utilizarán las dos fábricas de pasta de celulosa, así como que se realice un análisis de los eventuales daños económicos y sociales que pueden sufrir los pobladores de Gualeguaychú.

Vázquez, quien ayer viajó a la localidad de Salto para hacer su reunión de ministros, volvió a mostrarse duro frente a los reclamos argentinos: las plantas “se van a hacer aquí, en el Uruguay, a orillas del río Uruguay”, declaró.

El gobierno uruguayo está muy condicionado por un convenio de protección de inversiones que el anterior presidente, Jorge Batlle, firmó con Finlandia. Ese convenio obliga al país a indemnizar a la empresa en caso de sufrir pérdidas por la modificación de las condiciones iniciales de su inversión (ver aparte). El tratado fue convertido en ley por los legisladores en una época que ahora parece muy lejana: en aquellos días el Frente Amplio se opuso a su sanción tras alertar sobre que les daría a las empresas “todas las salvaguardas” y el poder de ubicarse incluso “por encima del Estado”.