Mientras la ministra Felisa Miceli despliega los recursos de administración para presionar hacia abajo el precio de la carne, el presidente Néstor Kirchner eligió, para dar la batalla discursiva con el mismo propósito, la batería de argumentos políticos con mayor impacto público. Los guerreros veteranos sostienen que elegir el propio terreno para la pelea es una ventaja indispensable, mucho más cuando el enemigo tiene una capacidad de fuego de alta potencia. Kirchner llamó “golpista” a la Sociedad Rural y, aunque la entidad no haya sido la única que adhirió a los golpes de Estado del siglo XX, en particular al último de 1976, presente estos días como una vívida evocación en la memoria de los argentinos, fue una de las más coherentes con su propia naturaleza. En la historia nacional, pocos núcleos de intereses utilizaron la fuerza pública en su propio beneficio como lo hizo la Sociedad Rural desde sus años fundacionales. Ni entonces ni ahora: “La fuerza no induce derecho”, escribió Juan Jacobo Rousseau, inspirador de Mariano Moreno y otros padres de la patria.

La última propuesta de los ganaderos pretende, para decirlo en criollo, “la chancha y los veinte”. A cambio de congelar el precio de algunos cortes de consumo popular, sin valor para exportar, piden que las retenciones en el comercio exterior vayan disminuyendo hasta desaparecer. O sea, lo que dejan de ganar por un lado quieren recuperarlo por el otro, multiplicado varias veces. Eso sí, aceptan la gradualidad de tal manera que el Gobierno conserve su imagen a salvo, sin derrota aparente, aunque tenga que vender el alma al diablo.

La respuesta oficial no rechazó de plano semejante pretensión, sino que usó otra lógica: ya que de “pruebitas de amor” se trata, antes de consumarla los bovinos tienen que bajar el precio en los mostradores minoristas. La diferencia es visible: los diez mil afiliados de la Sociedad Rural, y los socios en la ocasión, piensan en el propio bolsillo, en tanto el Estado, como es su deber, trata de defender el consumo mayoritario. Esto, en síntesis, es lo que queda después de raspar el hueso: ¿a quién defiende cada bando?

La ministra Miceli tiene el optimismo verbal más ancho que su contagiosa sonrisa y, por eso, ayer aseguraba que el comercio de carnes estaba normalizándose. Más bien parece que la artillería de los rebeldes está recargando los cañones. Las asambleas de productores que se anuncian en provincias lo más probable es que sean el punto de partida para piquetes motorizados, ya que, según opinan al borde de los corrales, a este gobierno populista sólo lo conmueve el cortejo piquetero. ¡Qué se le va a hacer! Si no se pueden mover los tanques verde oliva, habrá que desplazar los tractores. Así dicho, puede sonar a la representación farsesca del pensamiento de esta clase de hacendados, una versión ideológica del “zurdismo”, pero no hay más que remitirse a los textos de historia para que la imagen adquiera verosimilitud.

Ni falta hace tanto esfuerzo libresco. En su edición de ayer, La Nación reproduce un texto firmado por Federico A. Young, al que presenta como “productor agropecuario y ex juez nacional en lo civil”, en el que afirma que la prohibición de exportar “es inconstitucional porque afecta la libertad de comerciar y trabajar: rompe con derechos adquiridos y se inmiscuye [el Estado] en el ámbito privado de negocios que le son ajenos”. Agrega: “... recordando que en un hecho histórico acaba de resolverse la destitución de un funcionario por mal ejercicio de sus funciones, estos mecanismos institucionales de juzgamiento podrían funcionar dados los gravísimos perjuicios en que han sumido al país el Presidente y la ministra de Economía”, pero como el autor piensa que no existe división de poderes, sugiere, en vez de juicio político, “la imputación de responsabilidad civil en sus patrimonios por actuar con impericia y negligencia en su función (aparte del dolo, si se prueba que ello ha sido producto de la decisión ideológica de apropiarse el Estado de la renta agropecuaria)”. Ya que se trata de fantasear con castigos posibles, el ministro Aníbal Fernández, responsable de la seguridad interior y perseguidor de lo que llama “izquierda siniestra”, en prevención de futuras actitudes podría ser estaqueado durante un plazo prudente por “guitarrero y mal entretenido”. (Dicho sea de paso: qué panegirista ligaron los demócratas porteños que depusieron a Ibarra, también Aníbal.)

Ojalá se pudieran tomar para la chacota las sugerencias juveniles del intrépido hacendado jurisconsulto, pero la verdad es que la pelea va en serio. Sus resultados pueden redefinir las relaciones entre el Estado, el mercado y la sociedad, sin contar que, además, está en disputa el caracú del poder. Habría que sumar, también, si los intelectuales tuvieran ganas de pensar, los alcances y límites del nacionalismo popular en América latina, las influencias populistas en las democracias liberales, la producción de riquezas y la proporcionalidad de su distribución, las economías en desarrollo en el comercio mundial, las reformas indispensables en el campo y la industria, los hábitos de consumo y el valor del boicot como instrumento de participación popular, entre otros variados asuntos derivados de la problemática carnal.

Como suele ocurrir en temas de tanto peso, una vez que se marque la cancha y se definan los equipos, hasta los espectadores tendrán que tomar partido, ya que por lo menos aquellos que se definen como progresistas, aun con tantas reservas que pudieran tener sobre el Gobierno, no pueden ser neutrales si una de las partes es la oligarquía ganadera. Sin mucha sutileza, algunos comentarios tratan de revivir la antinomia de los peronistas y sus contrarios, pero es una argumentación tramposa. Aquí lo que se discute es la renta oligárquica, de un lado, y la democracia distributiva, del otro. Estos no son tiempos de formaciones transparentes y así como hay quien critica por criticar, por muy irracional que pueda ser el argumento, lo mismo aparecen los que aplauden por aplaudir, sin el menor sentido crítico de lo que sucede. Nada es tan lineal en la época actual, donde a la novedad y a sus complejas implicancias suele añadirse una sensación de pereza o impotencia de las ideas que puedan otorgarles sentido a la gente y a las cosas.

Para decirlo con un caso de actualidad: el pleito argentino-uruguayo por las “papeleras” que se construyen en la otra orilla del río Uruguay. La ortodoxia ambientalista, igual que casi todas las ortodoxias cerradas, se vuelve religiosa y fundamentalista. De algún modo, evocan el recuerdo de aquellos artesanos furiosos que deseaban destruir las máquinas que venían a reemplazarlos. Por otro lado, esa convicción férrea, que no atiende otras razones que las propias, está justificada por los abusos criminales que a diario agreden en todo el planeta el hábitat de los humanos y su futuro. Los gobiernos de ambas orillas subestimaron la potencia y la credibilidad que hoy tiene la fe anticontaminante. En el medio hubo políticos locales, en las dos riberas, y otros intereses que trataban de llevar agua a su molino, sin importarles demasiado si llegaba turbia o cristalina. Con el correr de los días, resulta que de un lado mil entrerrianos apasionados, y del otro dos empresas internacionales sostenidas por una oposición política que busca hacerle daño al gobierno, al fin y al cabo dos minorías, arrebataron la potestad de los Estados para dirigir sus políticas exteriores.

Nos son dos Estados y nada más, son dos gobiernos asociados en un proyecto de integración, de orientación parecida y dos pueblos que se quieren y se pelean como familia, pero que sin la dirección debida se han dejado infiltrar por la xenofobia. La izquierda política y la intelectualidad académica no aportaron nada importante para ubicar el problema en toda la complejidad de sus implicancias y atender, a la vez, la singularidad de las relaciones en juego. ¿Cómo revertir el impulso para canalizarlo en la diplomacia de la cooperación solidaria? ¿Podrán estos nuevos gobiernos ejercer la sabiduría y la templanza para mirar el litigio con una mirada diferente de las convencionales? Tampoco es un desafío menor ni un expediente para burócratas; es un momento crítico en el que tendrán que empeñarse los líderes de ambas naciones. Han sido elegidos por sus pueblos libres y ese mismo origen es el que los compromete todos los días, frente a todas las decisiones.