Con el mayor sigilo, el miércoles de esta semana fue evacuada la casa diocesana San Ignacio de Loyola, que la Iglesia de San Nicolás mantuvo durante diez años en la unidad castrense en la que se planificó el asesinato del obispo Carlos Horacio Ponce de León. El cartel que identificaba el local, colocado debajo de la garita de guardia, fue uno de los símbolos más estridentes de la complicidad de la jerarquía eclesiástica con la última dictadura militar. Ponce de León fue el segundo obispo asesinado por aquél gobierno, el 11 de julio de 1977, un año después que el obispo de La Rioja, Enrique Angelelli. En ambos casos se simularon accidentes de tránsito. En 1996, cuando esa unidad de ingenieros del Ejército fue desactivada, el Obispado de San Nicolás (entonces a cargo de Mario Maulión) recibió en comodato sus instalaciones. Como encargado de esa casa diocesana de retiros quedó el sargento retirado del Ejército Carlos Nilson Suárez, el hombre que firmaba los inventarios de bienes luego de los saqueos en casas de personas detenidas-desaparecidas. Cinco días después del 30º aniversario del golpe de 1976, colchones, muebles y el cartel delator fueron retirados de la ex unidad militar.

Casi al finalizar la dictadura Adolfo Pérez Esquivel y los obispos Jaime de Nevares, Jorge Novak y Miguel Hesayne denunciaron el asesinato de Angelelli ante la justicia riojana, que en 1986 lo consideró probado, aunque no identificó a sus autores. El Episcopado sigue sin asumir lo sucedido. En una declaración emitida en 2001 aun sostiene que Angelelli “encontró la muerte” y que “la muerte lo encontró”. El caso de Ponce de León ha sido aún más olvidado y su obra al frente de esa diócesis industrial es tan poco conocida como las circunstancias de su muerte. Sin embargo, desde el año pasado el juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo la está investigando.

Hostigamiento

Durante la primera asamblea plenaria del Episcopado posterior al golpe, en mayo de 1976, Ponce de León había informado del hostigamiento y las humillaciones a que era sometido y fue uno de los que más insistió en la necesidad de un pronunciamiento público firme, cosa que el Episcopado rechazó pero el gobierno supo. El asesinato de los palotinos de San Patricio lo golpeó más que a nadie, porque estaba relacionado con varias de las víctimas. El sacerdote Alfie Kelly era su confesor y amigo. El seminarista Salvador Barbeito era íntimo amigo de uno de los sacerdotes de San Nicolás, José Aramburu, con quien había cursado el seminario. Otros palotinos daban clases en el seminario nicoleño. Ponce de León decidió dispersar a los seminaristas de su diócesis porque temía que fueran los siguientes.

San Nicolás ocupó un lugar central en los proyectos del nacionalismo militar y del industrialismo peronista y fue el origen de un polo de desarrollo económico y urbano que se extendió hacia Villa Constitución y Campana. La evangelización de los núcleos obreros fue una de lasprioridades del Obispado. Los Encuentros del Pueblo de Dios, los campamentos de jóvenes, las peregrinaciones provocaron reacciones hostiles de los sectores tradicionalistas. La izquierda peronista y el marxismo, que en esa zona alcanzó implantación obrera, confrontaban desde comisiones internas y sindicatos, con la línea peronista ortodoxa de la Unión Obrera Metalúrgica, a la que ganaron la conducción de Villa Constitución en elecciones limpias. En marzo de 1975 la presidenta Isabel Perón despachó una caravana de un centenar de vehículos con hombres armados para desmantelar toda organización independiente. Ponce de León viajó a Buenos Aires para tramitar la libertad de los nicoleños detenidos. Los activistas gremiales que no perdieron la libertad o la vida entonces fueron secuestrados y asesinados después del golpe militar, que designó como ministro de Economía al presidente de Acindar, la siderúrgica de Villa Constitución, José Alfredo Martínez de Hoz.

El dueño de casa

El primer informe posterior al golpe que firmó el jefe del área 132 y del Batallón de Ingenieros de Combate 101, teniente coronel Manuel Fernando Saint Amant, calificó a Ponce de León como “enemigo acérrimo de monseñor Bonamín” y dijo que dirigía al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo que, a su vez, había copado la diócesis. El obispo llegó a Ramallo durante un gran operativo militar frente a la parroquia y se abrió paso entre los soldados. Saint Amant se sorprendió al verlo sentado frente al escritorio de la casa parroquial:

–¿Qué hace usted aquí?

–¿Qué hace usted? Yo soy el dueño de casa.

–¡Qué servicio de informaciones tienen! –se fastidió el militar, que lo trataba como si fuera el jefe de un Ejército enemigo.

El obispo le exigió un inventario de todo lo que requisaron, incluyendo un mimeógrafo. Esos inventarios eran la especialidad del sargento Suárez. Ponce de León había ordenado a sus sacerdotes que no pernoctaran solos en sus parroquias, que trataran de dormir en casas de los fieles, de modo que siempre hubiera alguien que pudiera avisar. Poco antes de la Semana Santa de 1976, Ponce de León visitó a Saint Amant para reclamar la libertad de ocho sacerdotes de distintas parroquias que habían sido detenidos y estaban alojados en los cuarteles de San Nicolás.

–Yo me quedo detenido también hasta que los liberen –dijo el obispo.

–Usted ya está detenido, lo tenemos bien controlado y tiene que venir a informar de cada cosa que haga –respondió el militar.

–Si tengo ocho parroquias sin sacerdote, voy a suspender la celebración de Semana Santa –le comunicó Ponce de León.

Saint Amant liberó a los ocho sacerdotes frente al Obispado y sin ninguna explicación. Ponce de León nunca cumplió con la intimación de presentarse al cuartel.

Inteligencia militar

El informe de Saint Amant sobre Ponce de León afirma que en San Nicolás los grupos más importantes de Montoneros salieron de la “Iglesia” (comillas en el fabuloso original) y con deliberada despreocupación por los matices anuncia que “hablaremos indistintamente de Juventud Peronista, de Montoneros y de Peronismo Auténtico”. No se trataba sólo de hablar.

La indiferenciación se extiende luego también al ERP y “a los hechos guerrilleros de Villa Constitución”, como llamaba a la organización sindical de los trabajadores al margen de la conducción de la UOM. Coincidía con él Ricardo Balbín, presidente de la Unión Cívica Radical (UCR). Poco ducho en el arte de la metáfora y obsesionado con los sacerdotes tercermundistas, Saint Amant informó que “esos pastores son lobos vestidos de ovejas”. Como estaba en juego el “Ser o no ser de laPatria” había que atacar al enemigo en todos los frentes porque “se vale indistintamente de la pornografía, del liberalismo, del capitalismo, de los medios de comunicación, del freudismo, de los partidos políticos, de la pobreza, de la explotación de las injusticias, de la UNESCO, de la declaración de los derechos humanos, etc”. Los tres motivos por los que, según el jefe del área, esos sacerdotes no hacían definiciones subversivas públicas y explícitas, equivalen a un reconocimiento de que no practicaban ninguna actividad armada ni simpatizaban con la guerrilla:

a. miedo (hasta hace poco han creído que por ser sacerdotes no les pasaría nada. Ahora tienen miedo).

b. astucia.

c. en parte por a. y por b., en otros casos porque consideran a los guerrilleros tal vez como desubicados porque entienden que el proceso de marxistización (‘socialización’) debe nacer del pueblo y los guerrilleros lo quieren imponer a la fuerza. PERO NUNCA POR CONVICCIONES ANTIMARXISTAS. Esto debe quedar bien claro”.

“Fuerza enemiga”

Saint Amant vaticina que, en alianza con partidos políticos, el resentimiento peronista, los grupos marxistas no destruidos “y los infaltables idiotas útiles, tontos y democráticos que pidan elecciones”, la Iglesia será “la principal fuerza enemiga”. Por ello propuso operar sobre Ponce de León. Según la doctrina católica, escribió, el obispo es sucesor directo de los Apóstoles, la unión con la Iglesia se hace mediante la unión al obispo y fuera de la Iglesia no hay salvación. Los católicos que se cuestionan la actuación del obispo “piensan que ponen en juego su salvación eterna”. Por eso “hace falta lucidez intelectual y cierto coraje para entender que un obispo es traidor a la Iglesia, y para obrar sin el respeto que la doctrina enseña para con el sacerdote cuando éste está destruyendo su Patria y su fe”. No sería posible tener éxito en la lucha contra la subversión “si no se erradican los males expresados”, decía.

En San Nicolás estaban organizados los Legionarios de Cristo Rey, a quienes el obispo acusaba de vinculaciones con el arzobispo cismático francés Marcel Lefébvre y había un núcleo integrista de Tradición, Familia y Propiedad. Entre esos laicos que llegaron a denunciar a Ponce de León ante la Nunciatura estaba Héctor Hernández, hermano de un sacerdote. Para manifestar su hostilidad hacia el obispo, Hernández llegó a leer un libro en forma ostensible mientras Ponce de León pronunciaba una homilía. Hernández era colaborador habitual de la revista integrista Mikael, que editaba el Arzobispado de Paraná a cargo del vicario general castrense Adolfo Tortolo y dirigía el sacerdote Alberto Ezcurra Uriburu, fundador de la Guardia Restauradora Nacionalista. Junto con el informe de Saint Amant, el archivo de la Cancillería guarda el esquema manuscrito en el que se inspiró, con las líneas internas, los nombres y las alcahueterías sobre los sacerdotes de San Nicolás. Está escrito con una letra elegante, parecida a la del laico Hernández, quien entonces era abogado de Somisa y hoy es defensor oficial en los Tribunales Federales de San Nicolás.

Según Saint Amant, Ponce de León, “vive atemorizado” y en sus sermones dice que recibe permanentes amenazas. Los colaboradores del obispo dicen que las amenazas las formulaba Saint Amant, quien lo llamaba “obispo rojo”. Cuando Ponce de León intercedió por varias personas desaparecidas, el militar le respondió:

–Sí. Yo los detengo. ¿Y qué? Voy a hacer desaparecer a todos los que están con usted, y a usted todavía no puedo porque es obispo.

Las amenazas al obispo llegaban primero por carta y por teléfono, pero luego pasaron a ser personales, con insultos en la calle cuando salía a caminar. Una de esas cartas decía: “Antes fue Angelelli, ahora te toca a vos”. Otra anunciaba: “Preparate porque en julio se te acaba”. En ambas lafirma era el dibujo de un ataúd. Sus colaboradores más próximos sentían que Ponce de León estaba “cercado, tenía los teléfonos controlados”.

El choque

Dos oficiales de policía llegaron al sanatorio de Buenos Aires donde estaba internado el seminarista nicoleño Nicolás Gómez. Querían saber quién era su obispo, si vendría a visitarlo, y cuándo. Gómez y su padre respondieron que Ponce de León les había prometido que vendría la mañana del lunes 11. Tenía también otros motivos para el viaje. Había preparado una carpeta para la Nunciatura Apostólica con datos sobre secuestros y torturas en San Nicolás y Villa Constitución. Uno de sus sacerdotes afirma que era una carpeta azul con el título “Asesinato de los padres y seminaristas palotinos”. Con esa documentación salió a la ruta, acompañado por el laico Víctor Oscar Martínez, de 19 años, quien cumplía con el servicio militar obligatorio en la Prefectura de San Nicolás. El obispo era su tutor judicial desde que el muchacho tenía doce años. A las 6.40 de la mañana, cuando aun no había amanecido, el auto Renault 4 del Obispado fue embestido en la ruta 9 por una pick-up. Atendido en primer momento en Ramallo, Ponce de León fue trasladado a la clínica San Nicolás en “coma profundo, con fractura y hundimiento de cráneo” según la instrucción policial.

Pero la presunta fractura no aparecerá luego en el informe del sanatorio donde fue atendido. Su historia clínica, si la hubo, no quedó archivada. Tampoco se citó a declarar ni se solicitó documentación a la clínica de Ramallo a la que Ponce de León fue llevado en primer momento. Sólo su madre pudo verlo. Ni siquiera a su médico personal se le permitió pasar a la sala de terapia intensiva. La documentación que llevaba desapareció. Nunca se practicó un peritaje accidentológico ni de ingeniería mecánica para establecer cómo se produjo la colisión. En ningún lado consta que se haya realizado la autopsia, aunque ni el médico policial ni un forense hicieron un examen externo del cuerpo para determinar causas evidentes de muerte que la hicieran innecesaria. Tampoco hay un certificado médico que establezca los motivos de la defunción. La clínica donde el obispo agonizaba fue rodeada por fuerzas militares y policiales y lo mismo ocurrió con la Catedral luego de su muerte, tal como había sucedido en La Rioja cuando el asesinato de Angelelli. Los militares temían una reacción popular porque nadie creía que se hubiera tratado de un accidente. El expediente judicial contiene irregularidades y omisiones más graves. Contra lo usual, la policía devolvió los vehículos y su contenido sin que se certificara la propiedad de cada uno y no describió el contenido de los dos portafolios que llevaba Ponce de León.

Tres versiones

El conductor de la pick-up F100, modelo 77, Luis Antonio Martínez, declaró que debió frenar en forma brusca para no embestir a un colectivo. Como la ruta estaba mojada, la camioneta patinó y se cruzó a los trompos sobre la otra mano, por donde avanzaba el Renault. Nada se hizo para determinar por qué no quedaron huellas en el pavimento. Ni la policía ni el juez buscaron testigos del choque. Tampoco identificaron al colectivo ni al chofer y sus pasajeros que podrían haber relatado lo sucedido. La escueta instrucción judicial no verificó si las heridas que causaron la muerte del obispo eran compatibles con los daños del vehículo en que viajaba. Nunca se estableció quienes llevaron al obispo moribundo al hospital ni en qué vehículo.

Luis Antonio Martínez dijo que él y su acompañante en la pick-up, Carlos Sergio Bottini, viajaban hacia Entre Ríos “por razones comerciales” de la empresa Agropolo S.A. dedicada a negocios agropecuarios y propietaria de la pick-up. Bottini se identificó como directivo de Agropolo, con domicilio en Viamonte 1866, de la Capital, esto es, a pocos metros de lasede del batallón de Inteligencia 601 del Ejército. Todos los edificios vecinos a esa unidad operativa eran por entonces propiedad del propio batallón. El juez le devolvió la camioneta, pero en el expediente no quedó constancia de la documentación que acreditaba su propiedad. Ni la existencia real de Agropolo, ni sus negocios fueron objeto de constatación.

Cuando la policía buscó los antecedentes de Luis Antonio Martínez, la empresa en que trabajaba ya no fue mencionada como Agropolo sino como Don Paco. Recién dos meses después el juez Oberdán Andrín, cuñado del ex hombre fuerte del peronismo San Nicolás, José María Díaz Bancalari, escuchó por primera vez a los tripulantes de la pick-up. El 18 de julio de 1978, condenó a Martínez a seis meses de prisión, dejó la pena en suspenso y lo inhabilitó para manejar durante cinco años. La única descripción de lo sucedido en todo el expediente es la del condenado por homicidio culposo. Aun así, en la apelación surgieron dudas sobre su relato. En setiembre de 1978 la Cámara de San Nicolás destacó que el conductor había dado tres versiones distintas de lo sucedido. Los camaristas se limitaron a afirmar que en cualquier caso su responsabilidad era indudable y confirmaron la condena pero no les interesó profundizar en las causas del cambio de versión. Nadie tomó declaraciones sobre las amenazas y persecuciones al obispo, que todos conocían en San Nicolás.

La intervención

Las amenazas a los colaboradores del obispo continuaron después de su muerte. Les exigían que abandonaran el trabajo pastoral en las villas y con los obreros de la zona. Muchos de ellos partieron al exilio. El nuncio Pío Laghi envió como administrador apostólico al obispo Oscar Justo Laguna, cuya llegada fue vivida por el clero como una intervención porque abandonó la línea pastoral de Ponce de León.

Uno de los sacerdotes del presbiterio nicoleño, José Karamán, califica como “nefasta” la gestión de Laguna. “Su misión fue desarmar lo que Ponce había armado”. Afirma que frente a una diócesis dolorida actuó con histeria. “Nos decía que parecíamos las viudas de Ponce y que estaba harto de oír hablar de él. ¿De qué quería que habláramos, de Lola Flores?” También considera que actuó con soberbia, haciendo pesar sus conocimientos teológicos ante sacerdotes de menor formación. Además tuvo miedo de interceder por “unos muchachos que habían sido detenidos”, lo cual provocó un serio incidente en el que un sacerdote amagó con pegarle y otro se interpuso para impedirlo. El retrato se completa con alusiones a la prepotencia que usó en la relación con los presbíteros. “Manejaba información y había averiguado vida y milagros de los curas”. Creía que eran “tipos peligrosos”. Luego de recorrer la diócesis “se sorprendió porque celebrábamos misa normalmente. ¿Qué esperaba, alguna orgía?” Sin embargo, cuando Saint Amant protestó por la continuidad del párroco de la Catedral, Carlos Pérez, quien se había negado a recibir al vicario castrense Tortolo para la confirmación de 200 soldados, porque “su figura es mal vista por el clero diocesano”, Laguna no aceptó removerlo.

La biografía oficial de Laghi, en cuya redacción Laguna se atribuye una parte decisiva, incluye juicios críticos hacia Ponce de León y Angelelli. “Para actuar en favor de los más necesitados no era inevitable caer en los extremismos” de ambos, que habían “alcanzado niveles de fuerte radicalización teológica y pastoral”, dice. Mientras duró su intervención en el Obispado, Laguna designó para representarlo en la causa penal al abogado Luis Alberto Gritti, quien en ese momento era Delegado en San Nicolás de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires. A sus órdenes trabajaba el laico Hernández, pero también el abogado Héctor García Huerta, quien en la misma causa asumió la defensa del conductor procesado, Luis Antonio Martínez. Los tres eran amigos personales. Grittiy Hernández son incluso parientes políticos. Gritti reconoció su firma en el viejo expediente penal pero dijo que nunca supo que su compañero de oficina García Huerta hubiera sido el defensor del hombre que manejaba la camioneta que causó la muerte del Obispo. Lo espera una denuncia por falso testimonio.

Expedientes

Además del expediente provincial por la muerte de Ponce de León hubo una causa federal paralela. En 1984 fue solicitada por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Del juzgado federal de San Nicolás la retiró la Policía Federal, pero al CONSUFA nunca llegó. El expediente provincial también se consideraba perdido. Había sido retirado del archivo en 1997 por el juez provincial nicoleño Alberto Moreno y desde entonces se le perdió el rastro. Un día de 2004, el fiscal interino de San Nicolás Juan Patricio Murray tocó la puerta del despacho del defensor oficial Héctor Hernández, e ingresó sin esperar respuesta.

–Acá estamos matando un obispo –bromeó el prosecretario administrativo de la Defensoría, Luis Ré (un viejo funcionario judicial, hijo de un militar).

Murray se acercó y vio sobre el escritorio de Hernández un viejo expediente abierto en una página con fotos de dos vehículos después de un choque. De pie junto a Hernández, la empleada Franca Padullo observaba las fotos. Muy molesto con la situación, Hernández explicó:

–Franquita tenía la versión transmitida por sus padres de que al obispo Ponce de León lo habían asesinado en la época del Proceso, y yo le estaba mostrando el expediente para que verificara que había sido un accidente, que no era posible que personas honorables como un juez, su secretario, un fiscal, un abogado defensor, tres jueces de Cámara, un secretario y un fiscal de Cámara se hayan puesto de acuerdo para hacer aparecer como accidente un atentado.

Murray se retiró sin hacer comentarios. Pocos días después el expediente reapareció en el archivo. Hombre de otra generación, Murray descubrió en él la abrumadora serie de irregularidades cometidas por la policía y el juez Andrín y requirió el pase de la causa al fuero federal donde ahora por fin, se podrá hacer justicia por el asesinato de Ponce de León.