A pesar de que fue uno de los primeros sospechosos por la contratación de empleados ñoquis en el ex Concejo Deliberante porteño, el ex presidente Fernando de la Rúa recién ayer fue citado a indagatoria por el juez Alberto Baños para el 17 de julio. Está acusado de haberle pagado el sueldo a su jardinero con fondos obtenidos con una designación trucha en el viejo órgano legislativo y de haber encubierto la existencia de otros 26 nombramientos irregulares.
La causa del jardinero fue la que, hace algo más de cinco años, dio origen a una megainvestigación en la que los fiscales Marcelo Roma, Augusto Troncoso, Mónica Cuñarro y Horacio Amelotti descubrieron cerca de 700 designaciones falsas en el ex Concejo –firmadas entre 1993 y 1996– por sueldos que oscilaban entre los 1500 y 2500 pesos. En la mayoría de los casos se había utilizado la identidad de personas que nunca habían trabajado en el organismo y que por trámites o solicitudes de distinta índole habían dejado sus datos personales allí o en algún comité partidario. Nunca se supo donde fue a parar la plata, pero firmar los recibos fueron acusados decenas de ex concejales porteños.
La historia de la contratación de José Benito Pazo, quien además de arreglar las plantas criaba faisanes, es apenas distinta. El hombre cobraba su sueldo del ex Concejo, pero no trabajaba allí sino para De la Rúa, entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en su casaquinta de Pilar. Al parecer, el ex mandatario había hecho un arreglo con Humberto Bonanata, que era jefe del bloque radical. Eso es lo que señalaron varios testigos en el expediente. Pero no es la única razón por la que deberá declarar: está acusado de ocultar la existencia de 26 casos de ñoquis refrendados, algunos de ellos, por la firma de su ex secretario privado, Damián Sánchez Rival, y de otros punteros de su entorno.
Durante la instrucción de la causa los fiscales pidieron tres veces la indagatoria de De la Rúa y luego denunciaron “retardo de justicia”. Pero el juez Baños recién concretó la citación ayer, y no fue por iniciativa propia sino porque se lo ordenó la Sala I de la Cámara en la Criminal y Correccional. También fueron citados Sánchez Rival, Bonanata, Pazo y un puñado de ex secretarios administrativos y legislativos. Para presentarse, tienen fechas asignadas entre el 3 y el 17 de julio. Se los acusa de “malversación de caudales públicos” reiterada. A pesar de la orden proveniente de un tribunal superior, Baños no necesariamente dictará procesamientos, según explicaron a Página/12 allegados al expediente.
Esta es una de las causas judiciales de mayor envergadura sobre formas de financiamiento ilegal de la política y, si Baños no llamaba a indagatoria, corría riesgo de prescribir. En 1999 el juez ordenó la detención de los ex presidentes del Concejo Deliberante Eduardo Rollano (PJ), José Manuel Pico (PJ) y Juan Trilla (UCR) y otros seis dirigentes de diferentes fuerzas políticas. Pero sólo sigue preso el radical Eliseo Roselló, que estuvo prófugo hasta que en noviembre fue atrapado en Brasil.