Por Mónica Gutiérrez
Desde Córdoba

Hacía dos años que Cristino Nicolaides no escuchaba insultos y abucheos. Ayer supo que los HIJOS siguen estando y reclamando justicia cuando volvió a pisar los Tribunales Federales de Córdoba para declarar ante el juez Jorge Urso por el robo y la apropiación sistemática de niños durante la última dictadura militar, la causa que lo tiene preso desde enero de 1999. El integrante de la última Junta del Proceso le anticipó al juez que pedirá la nulidad de las actuaciones porque ya fue “sobreseído e indultado” por estos hechos, a los que se sumaron ahora 14 nuevos casos de sustracción de bebés. Fuera de la indagatoria, le dijo a Urso que los diputados deberían ser enjuiciados como cómplices por haber sancionado las leyes de impunidad.
Acompañado por dos médicos y su defensor, y después de soportar el escrache, Nicolaides habló durante dos horas frente a Urso, quien viajó a Córdoba porque el acusado invocó problemas de salud para trasladarse. El ex jefe del Ejército reiteró al juez que la indagatoria era nula: “No entiendo cómo puedo ser partícipe de acusaciones hasta el año 1978, cuando yo asumo mis responsabilidades en junio de 1982”, señaló. Nicolaides está imputado de haber garantizado la impunidad para las violaciones de derechos humanos cometidas entre el ‘76 y el ‘78 al ordenar la destrucción de todos los archivos que documentaban la actuación de las Fuerzas Armadas y al firmar el documento final de autoamnistía en el que declara muertos a los ciudadanos desaparecidos.
Su abogado, Alejandro Zeverín, le adelantó a Página/12 que insistirá en la nulidad de la causa y señaló que “de los 194 casos iniciales, su defendido terminó imputado en 34, acusación que ahora se redujo a 22”. Aun así, 14 nuevos hechos de robo de menores fueron incorporados para la investigación en la última etapa; se trata de bebés dados a luz por madres detenidas desaparecidas en los centros conocidos como El Vesubio (dos casos), una en la ESMA, en Automotores Orletti y de La Cacha, tres en el Pozo de Banfield y seis en El Olimpo, entre ellos el de Claudia Victoria Poblete.
Hace cuatro días, la Cámara Federal de Apelaciones negó la libertad a Nicolaides pero admitió el recurso extraordinario ante la Corte, que se expedirá sobre la excarcelación en los próximos días. Desde hace tres años, Nicolaides no está en la cárcel sino en su casa de Córdoba, beneficiado por ser mayor de 70 años.
“Me están juzgando por causas sobreseídas e indultadas”, le dijo ayer a Urso. En la indagatoria, señaló que por la destrucción de archivos fue sobreseído por la ex jueza Amelia Berraz de Vidal y en cuanto al documento final, la sentencia del juicio a los ex comandantes señaló que se trató de un documento político, sin efecto jurídico. Nicolaides se negó a firmar el acta de declaración como estrategia para pedir luego la nulidad del trámite y le recordó al juez que no se consideraron hasta ahora las “pruebas” que aportó a la causa: una orden de operaciones del Ejército del ‘77 donde consta que “ante cualquier procedimiento que tuviera involucrado a un menor había que entregarlo al juez” (sic) y un listado de 227 menores “entregados a los jueces” en aquellos años. Con esto, Nicolaides ensaya la hipótesis de que “no hubo plan sistemático para apropiarse”, sino que del robo de bebés, que reconoce, participó el Poder Judicial.
Fuera de la declaración, le planteó a Urso que, con la misma lógica que lo tiene imputado en la causa, “deberían ser juzgados los diputados y senadores que aprobaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida como cómplices” del accionar de la dictadura, porque esas normas fueron declaradas anticonstitucionales. En esta causa también están procesados con prisión domiciliaria los ex dictadores Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Reynaldo Bignone.