La antigua megacausa por corrupción en el ex Concejo Deliberante porteño, mediante la designación de “ñoquis” para financiar la política en la Capital Federal, llegará a juicio oral y público con el ex presidente Fernando de la Rúa entre los imputados –una década después de que se produjeran los hechos–, además de varios ex dirigentes del radicalismo y peronismo.

“El sistema por el que se desguazó al erario mediante múltiples maniobras delictivas por parte de funcionarios públicos se llevó a cabo por referentes políticos que aparentaban electoralmente responder a diversas líneas, pero que para apropiarse de los fondos de los contribuyentes tenían una única identidad ideológica”, sostuvo la fiscal Mónica Cuñarro al pedir la elevación a juicio oral de la causa.

Después de recorrer un intrincadísimo camino judicial, el juez Alberto Baños le dio vista a la fiscal para que formulara la acusación con la que De la Rúa y otros 38 ex funcionarios y legisladores comunales llegarán al juicio oral. Ese proceso se llevará a cabo tentativamente a principios de 2007 por los delitos de “malversación de caudales públicos”, en un total de 600 hechos, que involucran unos cinco millones de dólares. Para la fiscal, ese sistema utilizado por ex concejales y funcionarios “les permitió la utilización indiscriminada de la estructura estatal hasta el cierre del Concejo Deliberante con motivo de esta investigación”. Según el dictamen de Cuñarro, “se probó que Fernando de la Rúa eligió a Humberto Bonanata como presidente del bloque (de la UCR) y le pidió que nombrara a diversas personas que cumplirían tareas de mantenimiento en su quinta de fin de semana en Villa Rosa, o trabajarían como asistentes personales en su domicilio de Barrio Norte”. Además de De la Rúa, entre los imputados figuran Damián Sánchez Ruibal, Eduardo Trilla, Roberto Clienti, Eduardo Rollano, José Manuel Pico y Claudia Cabezón.