Tres semanas después de que saliera a la luz el espionaje interno que la Armada realizaba en Trelew, la Fuerza Aérea decidió “clausurar” sus unidades regionales de Inteligencia del Litoral, Oeste, Sur, Córdoba y Capital Federal. La orden partió del jefe aeronáutico, brigadier Eduardo Schiaffino, y fue difundida a través de un comunicado del Ministerio de Defensa. Según el texto oficial, la disposición ordena que “la Jefatura II de Inteligencia proponga la estructura orgánica de la nuevas unidades a crearse en su reemplazo”. En la cartera que encabeza Nilda Garré subrayaron que la decisión de la Fuerza Aérea “no implica que se haya descubierto espionaje”. Por el contrario, dijeron que los cambios obedecen a la reconversión que se completará en abril, con la reelaboración de los reglamentos de inteligencia. Según pudo saber Página/12, el proyecto oficial consiste en que la labor de las tres fuerzas se limite a la “inteligencia táctica operacional” y que la “inteligencia estratégica” quede exclusivamente en manos del ministerio.

La orden de Schiaffino responde a una resolución de la ministra Garré, quien el 28 de marzo ordenó que las tres fuerzas “introdujeran las modificaciones pertinentes para compatibilizar, adecuar y actualizar los documentos mencionados (se refiere a los reglamentos internos de inteligencia) de acuerdo con el marco legal vigente, que prohíbe la realización de tareas de inteligencia interna a las Fuerzas Armadas por ser una violación a las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior”.

Desde la propia Fuerza Aérea destacaron que la decisión de cerrar las unidades de inteligencia surgió de sus propias filas como una forma de “adecuarse” a lo que había solicitado la ministra Garré. “No es que exista presunción ni que se hayan detectado episodios de inteligencia interior. Sólo es una propuesta de la fuerza al ministerio, para adecuar el sistema de inteligencia a las políticas emanadas del ministerio”, afirmó el vocero de la Fuerza Aérea, comodoro Guillermo Lozada.

Las unidades de inteligencia que deberán cerrarse son las del Litoral, Oeste, Sur, Córdoba y Capital Federal. Todas están alineados bajo la órbita de la Jefatura II de Inteligencia de la Fuerza Aérea. En 1997, esa estructura quedó bajo la lupa por un resonado caso de espionaje interno que llegó a la Justicia: a través de una investigación de Página/12, se descubrió que la Jefatura III de Contrainteligencia de la Aeronáutica, entonces a cargo del comodoro Jorge López, había pedido información sobre diez periodistas de distintos medios gráficos. También se había investigado a una ONG de mujeres. La Jefatura II de Inteligencia fue la encargada de cumplir con el pedido. Era manifiestamente ilegal.

Aquel antecedente no se repitió hasta hace tres semanas, cuando el Centro de Estudios Legales y Sociales denunció que en la base de Almirante Zar de Trelew la Armada estaba investigando a figuras de la política y el periodismo de la ciudad de Rawson. Esa revelación hizo que Garré decidiera modificar el reglamento de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Con ese objetivo se creó una comisión, que preside el director de Estrategia e Inteligencia Militar, Carlos Aguilar, y que se encarga de “estudiar los reglamentos, manuales y planes de inteligencia” del Ejército, Marina y Aeronáutica.

Según pudo saber este diario de un funcionario que conoce los planes del Gobierno en la materia, la reforma impondrá a los militares un área específica para hacer inteligencia: la “producción de inteligencia táctica operacional”, que consiste en la recolección de información e inteligencia militar sobre un eventual teatro de operaciones ante un conflicto armado. “Es lo que hacen todas las fuerzas armadas del mundo”, explicó a Página/12 la fuente especializada. En el caso de la Aeronáutica, eso consistiría en analizar el “poder aéreo del adversario”. “Las situaciones institucionales o las amenazas de otros países las va a tratar la Dirección Nacional”, agregó la fuente.