El Gobierno reafirmó ayer su decisión de “no negociar” con los trabajadores tercerizados de subtes recordando que la solución del conflicto continúa en manos de la empresa y/o la CGT. Esa misma argumentación ya había sido presentada por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, a Adolfo Pérez Esquivel, quien en la víspera –tal como anticipó Página/12– hizo una gestión por los delegados ante la Casa Rosada.

La irrupción en escena del Premio Nobel de la Paz permitió a los trabajadores suspender provisoriamente las medidas de fuerza y traducirlas como un “gesto” para abrir las negociaciones. Los delegados también pidieron a Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, que ejerza una mediación ante el Ejecutivo.

Pérez Esquivel escuchó tanto de Tomada como del secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, el deseo oficial de que el conflicto se resuelva, aunque ningún compromiso explícito de ofrecer un ámbito de negociación directo con los trabajadores.

Según explican una y otra vez en la Casa Rosada, es la CGT la que debe decidir en un lapso de 60 días si los tercerizados pueden ser regidos –tal es el reclamo que llevó al conflicto– por el convenio de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), desde ya mucho más favorable que el que los rige en la actualidad.

El Ministerio de Trabajo sólo puede intervenir en la decisión una vez cumplido ese plazo y siempre y cuando la CGT se abstuviera de fallar. No es una posibilidad remota: el titular de la UTA, Juan Manuel Palacios, se niega a integrar a su gremio a sectores que lo enfrentan abiertamente.

Otra solución posible es que Metrovías –con quien sí mantiene contactos la cartera de Tomada– absorba a esos trabajadores tercerizados y los integre a la compañía, dejándolos automáticamente en igualdad de condiciones con el personal efectivo. En el Gobierno sugieren que algunas de las nueve empresas contratadas por Metrovías son del propio Benito Roggio, quien estaría apelando a esa modalidad para abaratar costos.

Los tercerizados negaron ayer, con recibos de sueldo en mano, la solicitada de la empresa en la que se asegura que, por un acuerdo del año pasado, tienen los mismos beneficios que aquellos regidos por el convenio de la UTA, con sueldos de 1796 pesos más antigüedad y jornadas laborales de seis horas.

A lo sumo, Tomada podría iniciar inspecciones en esas empresas satélites para corroborar el cumplimiento de los compromisos asumidos. Pero más allá de cualquier explicación técnica, los contactos iniciados por Pérez Esquivel alteraron la estrategia oficial de correrse del centro de la escena. El Premio Nobel de la Paz puso al Gobierno como una suerte de garante, a través de la mediación, de la resolución del intríngulis.

Desde El Calafate, Kirchner se interesó personalmente de la evolución del tema con constantes llamados a sus ministros. Aunque no quieran, ahora que los delegados suspendieron las medidas de fuerza para abrir una instancia negociadora, en la Casa Rosada saben que la pelota está en su terreno y deberán jugarla. Por eso, más allá de su decisión de “no negociar” con los delegados, todo indica que indefectiblemente deberá mover alguna pieza para que el conflicto no se empantane.