El ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides y otros nueve represores, todos ex miembros del Batallón de Inteligencia 601, se acercan a recibir una condena por el secuestro y la desaparición de militantes montoneros que regresaron al país en 1980. Los fiscales Jorge Alvarez Berlanda y Oscar Amirante pidieron penas de 25 años de prisión para todos ellos por los delitos de asociación ilícita, privación ilegal de la libertad, apremios ilegales y reducción a servidumbre.

El dictamen de los fiscales fue elevado al juez federal Ariel Lijo. Como la investigación tramita con las reglas del viejo Código Procesal Penal no habrá –a diferencia de la mayoría de las causas– un tribunal oral que dicte sentencia sino que directamente el propio Lijo, quien instruye el caso, deberá definir la condena. Ahora, con la acusación de la fiscalía en mano, el magistrado abrirá una etapa que se denomina “de prueba”, que sería breve porque casi toda la evidencia está disponible. Las normas le permiten convocar a audiencias orales y públicas antes del fallo.

Además de Nicolaides, el pedido de condena a 25 años de cárcel (como autores mediatos) alcanza a nueve ex agentes y jerarcas del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército. Uno de ellos es Pascual Oscar Guerrieri, enviado a principios de mes a la cárcel de Marcos Paz por violar, como reveló Página/12, el arresto domiciliario. Los demás son los coroneles retirados Luis Jorge Arias Duval, Carlos Gustavo Fontana, Julio César Bellene, Juan Carlos Gualco, Antonio Simón y Waldo Roldán. A ellos se suman el mayor retirado Santiago Manuel Hoya y Julio Héctor Simón, que era personal civil de Inteligencia. Este último está detenido en el mismo penal que Guerrieri. Fontana está en el Regimiento Patricios. Los demás cumplen prisión domiciliaria porque tienen más de setenta años.

La acusación de Alvarez Berlanda y Amirante señala que está demostrada “la responsabilidad de cada uno” de los represores como integrantes “del Batallón de Inteligencia del Ejército 601, que era el encargado de recabar información a nivel nacional y en particular de llevar adelante la Operación Murciélago”, en la que desaparecieron dieciocho militantes de la llamada “contraofensiva montonera” cuando regresaban al país en 1980. Los fiscales advierten que los militares acusados, además, “contaban con la logística propia del Comando de Institutos Militares, con asiento en Campo de Mayo, a cargo de Cristino Nicolaides”. Así dan por cerrada la investigación en relación con las desapariciones de Ricardo Zucker, Julio César Genoud, Angel Carbajal, Lía Guangiroli y Verónica Cabilla, y también con el secuestro, con reducción a servidumbre, de Silvia Tolchinsky. La causa continúa sobre otros hechos.

El Centro de Estudios Legales y Sociales, que es querellante, presentó su acusación la semana pasada y pidió la pena máxima para todos los represores. En su texto advirtió que el Estado argentino está obligado, por los compromisos internacionales que asumió, a sancionar a los autores de crímenes de lesa humanidad, que son delitos imprescriptibles.

Esta causa se inició en los ’80, con los hábeas corpus por las desapariciones. Fue reactivada en 1998 cuando un ex militar, Nelson González, apareció en TV y dijo que Zucker había sido fusilado en Campo de Mayo por orden de Nicolaides. El entonces jefe del Ejército, Martín Balza, hizo la denuncia. El juez que primero instruyó el expediente fue Claudio Bonadío, pero fue apartado por la Cámara Federal, que consideró ilegal que ordenara detener a los ex líderes montoneros Fernando Vaca Narvaja y Roberto Perdía. El juez Lijo, ahora a cargo, es quien dará el veredicto.