La senadora Cristina Fernández de Kirchner le puso fecha al debate sobre los decretos de necesidad y urgencia. La primera dama se comprometió a que en la próxima reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que ella preside, habrá dictamen sobre el proyecto que regula el funcionamiento de la comisión bicameral que, de acuerdo con la reforma constitucional de 1995, decide la validez de los decretos que dicta el Ejecutivo. La senadora también criticó a los magistrados por no pagar impuestos.

Aunque esa reunión no tiene fecha prevista, y aunque el lento funcionamiento de la Cámara alta podría demorar esa discusión, finalizada la reunión de comisión, los radicales Ernesto Sanz, titular de la bancada de la UCR, y el radical independiente Rodolfo Terragno no ocultaban en los pasillos del Senado su satisfacción porque el tema haya sido incluido en la agenda legislativa, luego de tanto tiempo de ser ignorado por el oficialismo.

El año pasado, la senadora Kirchner impulsó la creación de una subcomisión que unificara todos los proyectos presentados por diputados y senadores. Luego de muchos meses, la subcomisión, de la que supieron formar parte los senadores radicales Sanz y el catamarqueño Oscar Castillo, junto a los peronistas Miguel Angel Pichetto y María Laura Leguizamón, elaboraron dos propuestas. Una que impulsa Pichetto y otra que suscribe Sanz. El punto central que enfrenta a uno y otro proyecto está puesto en el artículo que da validez o rechazo a los decretos presidenciales. En la iniciativa firmada por Pichetto, “si cualquiera de las Cámaras no se expide en un plazo de sesenta días desde la fecha de emisión del dictamen, se entiende, sin admitirse interpretación en contrario, que existe aprobación del decreto”. En este punto el senador continúa con la modalidad denominada de sanción ficta, es decir sin pronunciamiento expreso de las Cámaras, con la que se revalidaron varias renegociaciones de contratos con privatizadas.

El radical Sanz propone en cambio que “la falta de pronunciamiento por parte de cualquiera de las Cámaras implicará automáticamente el rechazo del decreto”. Más allá de las similitudes, este punto divide aguas y todo indica que al recinto del Senado llegará un proyecto por la mayoría y otro por la minoría. Aunque no está obligada a suscribir uno u otro proyecto, lo cierto es que cuando la iniciativa sea discutida en plenario, la atención estará puesta en las definiciones de Fernández de Kirchner. Cuando era diputada, en 2000, la primera dama presentó una iniciativa que precisamente va en contra de lo que hoy sostiene el oficialismo. A tal punto que Terragno la representó legislativamente sin modificarle ni comas ni fundamentos. La comisión también decidió que insistirá con los proyectos que buscan que los jueces paguen el impuesto a las ganancias, algo que una Corte de conjueces rechazó recientemente. “Los jueces se consideran diferentes del resto de los ciudadanos”, expresó Fernández de Kirchner al insistir con la propuesta.