Con la postergación del dictamen sobre el proyecto que elimina la flexibilización laboral en las pymes, quedó confirmado ayer en el Congreso que perdió impulso el paquete de leyes laborales que apuntan a una progresiva restitución de derechos a los trabajadores. Aunque la norma había sido consensuada con las entidades Apyme y CAME, no fue votada ayer en la comisión de Legislación del Trabajo a pedido de la kirchnerista mendocina Patricia Fadel, aunque sí emitió dictamen sobre una serie de modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo. Una alta fuente parlamentaria confirmó a este diario que, tras los reclamos del sector empresario, el oficialismo en Diputados puso un freno a la “contrarreforma” en cuotas, aunque el objetivo final no será modificado: revisar toda la legislación laboral. Y así se lo hicieron saber a los hombres de negocios.

Aunque los principales referentes K hablan tan sólo de “un manejo de los tiempos en forma prudente”, la realidad indica que, por ejemplo, el proyecto sobre la eliminación de los topes a las indemnizaciones ya había salido del temario de sesiones la semana pasada. Estos referentes advierten que los empresarios que pidieron al Gobierno ser tenidos en cuenta son los mismos con los que la Rosada pulsea por los precios.

En tal sentido, el presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, Héctor Recalde, aseguró a Página/12 que “es decisión de la comisión escuchar a todos los sectores importantes involucrados”. Y así quedaron invitados a acudir al Congreso. En la reunión del lunes en la Casa Rosada, este diputado kirchnerista fue ratificado como interlocutor del Gobierno. Así lo hizo el jefe de Gabinete Alberto Fernández ante las autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA) y otras asociaciones empresarias, el ministro de Trabajo Carlos Tomada y el jefe de la bancada K en Diputados, Agustín Ro- ssi. En teoría, la convocatoria había sido para presentarles el proyecto de ley sobre Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), el tema que más le preocupa al sector patronal. En tal sentido, Recalde les informó que en la comisión habían decidido dar prioridad a la propuesta que envíe el Poder Ejecutivo, relegando los proyectos existentes. Durante el encuentro, los empresarios manifestaron que el sistema aún es rígido y necesita más flexibilización.

Ayer la comisión aprobó cambios en la Ley de Contrato de Trabajo referidos al cálculo de la indemnización por despido (las licencias por enfermedad o gremiales se computan, así como el sueldo establecido en los contratos originales), a la posibilidad de exigir un certificado de aportes aun sin estar en litigio con la empresa, y al aviso previo al despido. Pero quedó pendiente el proyecto que apunta a eliminar el fraccionamiento del aguinaldo en tres pagos, las vacaciones divididas, la reducción del preaviso y a restablecer los convenios colectivos. Estaba listo para convertirse en dictamen, pero la diputada Fadel solicitó una semana más de tiempo y le fue concedida. De todos modos, aunque en siete días se encuentre en condiciones de ir al recinto, sin una decisión política puede quedar cajoneado como tantos otros.

La supuesta marcha atrás del Gobierno incluyó la versión de que sería vetada la ley que modificó el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, por lo cual ahora un empleado puede ir a la Justicia cuando sus condiciones de trabajo sean modificadas de manera unilateral por parte del empleador. Sin embargo, ya fue promulgada y publicada en el Boletín Oficial.