La candidatura del abogado Atilio Aníbal Alterini al rectorado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, impugnada a raíz de su desempeño como funcionario de la última dictadura militar, reproduce un debate que hace apenas cuatro meses ya se dio en la Facultad de Derecho. Algunos protagonistas son los mismos, porque Alterini es el decano de esa facultad, donde el operador de su actual candidatura, Carlos Mas Vélez, es consejero. La posición de ambos no es hoy la misma que hace ciento quince días. Se agrega a la discusión otro dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Ciudad de Buenos Aires para la que Alterini fue designado por el interventor militar en ese organismo, brigadier Osvaldo Cacciatore, acerca de la cesantía de una maestra detenida-desaparecida. También se informa sobre la ética, en el manejo de recursos económicos, a raíz de un proyecto por nueve millones de pesos, en el que el propio Alterini fue contratado por la Facultad de la que era consejero, junto con su hermano juez y muchos amigos políticos. Ese contrato dio lugar a un furioso intercambio de cartas-documento y a una negociación que impidió el escándalo público. El Gobierno nacional no aceptó los sobrecostos injustificados que reclamaba Alterini pero se abstuvo de efectuar la denuncia penal que correspondía a su investigación.

Consuelo de tontos

El 30 de noviembre del año pasado, el departamento de posgrado de la Facultad de Derecho elevó al Consejo Directivo la nómina de cursos de especialización y programas de actualización propuestos para el año lectivo 2006. Lo que parecía un trámite de rutina dejó paso a un debate ético cuando el consejero estudiantil por la minoría Norberto C. Berner pidió la palabra en la sesión del martes 6 de diciembre de 2005 e impugnó la designación del profesor José María Dagnino Pastore para dictar un Seminario Privado en la maestría de Derecho y Economía. Berner fue electo por la agrupación independiente NBI, la única de la Facultad “que no depende ni forma parte de ningún partido político nacional”, según su orgullosa declaración de principios. Berner invocó la ética universitaria, “el fundamento democrático y el respeto que genera el Estado de derecho” para proponer que no se designara a Dagnino Pastore, por haber sido ministro de Economía en los gobiernos de facto de los generales Juan Carlos Onganía, en 1969, y Benito Bignone, en 1982, y representante financiero en Europa y embajador extraordinario y plenipotenciario del dictador Jorge Videla, entre 1976 y 1978. Berner explicó que según los estatutos de la facultad los actos “contrarios a la ética universitaria” son causales de destitución de un profesor mediante juicio académico.

Si bien Dagnino Pastore no era profesor de la facultad, el criterio era aplicable para negarle la designación, agregó, sobre todo porque “jamás demostró arrepentimiento ni explicó nada de lo sucedido”, durante su desempeño. El consejero por los graduados Carlos Mas Velez preguntó si Dagnino era profesor regular en la Facultad de Derecho. El decano Alterini le respondió que no. En cambio, “es o ha sido profesor de la Facultad de Ciencias Económicas”, dijo. Mas Vélez y la vicedecana Mónica Pinto sugirieron que el director de la maestría propusiera un reemplazo. La cuestión se encaminaba hacia un rápido cierre, cuando el consejero profesor Rafael Manovil dijo que dada la extrema gravedad de las imputaciones, era .un despropósito. pronunciarse antes de escuchar a Dagnino Pastore. Manovil, quien en 1999 fue candidato a diputado nacional por el partido Demócrata Progresista, agregó que había en la Facultad “montones de profesores que fueron funcionarios públicos en diversos gobiernos militares”, que no importaba si su rango “fue de ministro, embajador o lo que fuera”, y que .nunca nadie dijo una palabra”. Entre esos funcionarios mencionó a los jueces que “juraron sus cargos por el estatuto de la Revolución”, por lo cual le parecía difícil “tirar la primera piedra”. Aclaró que su posición era muy cómoda porque nunca ocupó ninguna función pública. En 1976 la dictadura lo echó de la Facultad de Derecho y no sabía cómo hubiera reaccionado si le hubieran ofrecido algún cargo. De inmediato pidió la palabra el consejero profesor Marcelo Gebhardt, quien se dio por aludido. “Soy uno de esos que mencionaba el doctor Manovil” porque juró como juez por los estatutos que desplazaron a la Constitución. Agregó que no se arrepentía pero que se sentía obligado a mencionar ese antecedente .para que puedan juzgar mis palabras.. En su opinión la tacha era excesiva y los cargos que ocupó no justificaban la exclusión de Dagnino Pastore. Luego de Gebhardt tomó la palabra Alterini, pero sólo para cedérsela al consejero profesor Enrique Zuleta Puceiro, quien también se opuso. Zuleta agregó que ese debate sólo se había dado respecto de Dagnino Pastore y que como argumento referido a una única persona contradecía las normas republicanas y la ética universitaria.

–Mal de muchos, consuelo de tontos –insistió el consejero alumno Berner.

–No es lo mismo un ministro que un empleado público –terció el consejero Mas Vélez.

Desechado el pase a comisión, Alterini llamó a votar. Nueve consejeros se pronunciaron por la exclusión de Dagnino Pastore. Sólo votaron en su favor Manovil, Gebhardt y Zuleta Puceiro. El decano sólo vota en caso de empate. Alterini estuvo menos locuaz en la reunión del Consejo que ante la prensa. Los consejeros más próximos a su gestión excluyeron a Dagnino Pastore y él firmó el cúmplase, pero ante las críticas de la derecha precámbrica sostuvo que .la historia hay que juzgarla en su contexto y circunstancia. Evaluar ahora esos hechos podría ser imprudente. La Argentina precisa que cerremos heridas y salgamos adelante”.

Mal de ausencia

“Policía Federal”, gritaron los hombres de civil que a las 3 de la madrugada del 12 de octubre de 1976 irrumpieron en el departamento 3º B de Moreno 2906. Se llevaron por “averiguación de antecedentes” a la maestra Nélida Beatriz Ardito, de 36 años, y dejaron encerradas en una pieza a dos tías mayores. Cuando se animaron a salir encontraron el departamentorevuelto. Además de su sobrina faltaban documentos, libros y objetos de valor. Sobre el lugar y la forma en que averiguaron sus antecedentes hay versiones concurrentes. Un hombre y una mujer que estuvieron secuestrados en Campo de Mayo en noviembre de 1976 narraron que allí conocieron a un ingeniero electrónico que trabajaba en la Comisión Nacional de Energía Atómica, secuestrado junto con su mujer y su hermana. Cuando en la CONADEP les mostraron fotos los reconocieron: el ingeniero era Roberto Ardito, y las mujeres Nélida Beatriz Ardito y Atántida Coma. Al declarar ante la CONADEP en 1984 el ex suboficial de inteligencia del Ejército Andrés Francisco Valdez dijo que en diciembre de 1976 la maestra Ardito fue llevada a la Delegación Avellaneda de la Policía Federal. Valdez discutió con uno de los policías bonaerenses del equipo personal del general Ramón Camps, el subcomisario Eros Tarela, acerca de quién debía interrogarla. Tarela se cansó de la discusión, sacó su arma y disparó sobre la maestra:

–Para ninguno de los dos –dijo.

En 1981, el interventor militar en la Municipalidad, Osvaldo Cacciatore, declaró cesante a Nélida Beatriz Ardito por abandono de su trabajo como maestra. Cuando el expediente iniciado en 1977 iba por la foja 40 una de las tías de Nélida, Matilde Adonina Calvo, se presentó para explicar la razón de sus ausencias. Cacciatore formuló entonces una consulta a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en la que había designado a Atilio Aníbal Alterini. En mayo de 1982 el dictamen 3711, con los sellos de Alterini y de su adjunto, César Minoprio, dijo que de acuerdo con el Reglamento de Procedimiento Administrativo Municipal la tía .carece de personería para presentarse en estas actuaciones.. Además, la maestra .debió reintegrarse el 30 de abril de 1976 y la desaparición que se invoca como justificatoria de su inasistencia se produjo en el mes de octubre.. Por eso recomendó desestimar la presentación y no ordenó investigar los hechos ni sugirió medidas reparatorias. En esa fecha nadie ignoraba qué había sucedido con las personas secuestradas.

El Digesto indigesto

En 1981, el joven abogado Rafael Bielsa fue contratado por el Sistema Argentino de Informática Jurídica para trabajar en la Comisión de Ordenamiento Legislativo. Debía construir un “diccionario jurídico”, que permitiera saber qué leyes y decretos estaban vigentes y cuáles habían sido derogados por normas posteriores. El trabajo constaba de dos partes. La primera, que fue terminada varios años después, consistía en detectar las derogaciones explícitas. La segunda parte, que hasta el día de hoy sigue pendiente, implicaba un trabajo más creativo, de revisión de las normas en busca de derogaciones implícitas. Por ejemplo, al promulgarse las leyes Blumberg, qué partes de la legislación anterior perdieron vigencia, aunque el nuevo texto no dijera “derógase el artículo tal de la ley tanto”. En 1998 el Congreso sancionó la ley 24.967 que dispuso elaborar un Digesto Jurídico Argentino, que debía contener las leyes nacionales generales vigentes y su reglamentación; un anexo del derecho histórico argentino o derecho positivo no vigente, ordenado por materias y las normas aprobadas por organismos supraestatales o intergubernamentales de integración. La tarea fue encomendada al ministerio de Justicia, entonces a cargo de Raúl Grampillo Ocampo. Luego de un concurso abierto con pocos oferentes, su realización fue contratada con la Facultad de Derecho de la UBA. Los plazos de entrega (que inicialmente eran de dos años y medio) y el presupuesto fueron renegociados en octubre de 2001 y en diciembre de 2002 (presidencia de Fernando De la Rúa e interinato del senador Eduardo Duhalde). La Sindicatura General de la Nación y la auditoría interna ministerial observaron lo que consideraba mecanismos insuficientes de control del Ministerio sobre la tarea de la Facultad. La auditoría de Price Waterhouse Coopers contratada por la Facultad de Derecho se realizó sobre “bases selectivas”, es decir no sobre el total de las facturas, recibos, órdenes de pago y extractos bancarios. Por ello el contador de Harteneck, López y Cia. sostuvo que no podía asegurar “que la totalidad de los egresos efectuados por la Facultad se encuentren debidamente expuestos y con documentación de respaldo suficiente”.

Cartas-documento

Al asumir el actual Gobierno en mayo de 2003, el ministerio de Justicia ya había pagado 5.000.000 de pesos y estaba obligado a pagar otros 2.500.000 hasta completar un total de 7.500.000 de pesos. En la negociación iniciada para convenir cómo y cuándo se terminaría el trabajo, el ministerio aceptó pagar el saldo en cuotas, contra la entrega certificada de la parte proporcional de la obra pendiente. Pero la Facultad reclamó también una compensación de otros 1.500.000 pesos por .mayores costos., lo cual llevaría el total a nueve millones de pesos. El secretario de Justicia Abel Fleitas (quien ahora está a cargo de la Oficina Anticorrupción) encargó una revisión de esos mayores costos al Auditor Interno Titular del Ministerio de Justicia, contador Alfredo Raúl Barnech, quien informó que no era razonable ningún pago que superara los 300.000 pesos. La Facultad amenazó con poner fin al contrato. En una carta-documento Alterini intimó al Gobierno nacional a efectuar los pagos por lo que llamó .contrato de locación de obra.. Fleitas respondió con otra carta-documento, en la que rechazó por infundados los presuntos mayores costos. Según la carta la parte de obra entregada por la Facultad al Ministerio, que ya había pagado por ella cinco millones de pesos, hace difícil explicar “un gasto superior a 600.000 pesos en equipamiento y obras de remodelación, otro superior a 3.500.000 en honorarios a un conjunto muy numeroso de personas, entre ellos, funcionarios a sueldo de la Facultad, y otros gastos por muy variados conceptos (servicios de lunch y refrigerios, ofrendas florales, agencia de turismo, etc. etc.)”.

Los supuestos mayores costos no se justificaban. La Facultad entregó un índice de leyes y decretos, pero no sus textos completos ni la base de datos pertinente, “sobre la cual el Ministerio tiene los derechos de propiedad intelectual”. Lo que faltaba eran “los aspectos substanciales del Digesto Jurídico Argentino”: el análisis de vigencia, epistemológico y de validez normativa de toda la legislación inventariada, “sistematizadas por ramas del Derecho, con la pertinente ordenación, unificación y compatibilización de textos, considerando las modificaciones y derogaciones expresas e implícitas”. Fleitas intimó a Alterini a entregar en quince días “los textos completos y la base de datos” y a realizar lo que faltaba en doce meses, “bajo apercibimiento de adoptar las medidas legales e imputar las responsabilidades personales e institucionales que correspondan”. El ministerio entendía que se habían cometido los delitos de administración fraudulenta, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con un cargo público, falsedad ideológica de documento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta en perjuicio del rectorado de la UBA, que es la persona jurídica responsable. Cuando la denuncia penal ya estaba en preparación, el gobierno nacional recomendó que la batahola no llegara a tal nivel de estrépito” Las partes se sentaron a negociar y, en febrero de 2004, llegaron a una transacción: el ministerio sólo reconoció los 300.000 pesos por “mayores costos” que había establecido su investigación y la Facultad se comprometió a terminar el trabajo en un año. Resultado: el ministerio no hizo la denuncia penal y la Facultad no terminó el trabajo. A la vista de todos, en un tinglado a espaldas del aula magna, los jóvenes pasantes siguen cargando datos en vetustas computadoras.